Si hay algo que hay que reconocerle a este gobierno, es que paga los favores rápido. Una de las primeras medidas que tomó Mauricio Macri a dias de asumir, fué la anulación por decreto, de todas las trabas que le ponía la Ley de Medios Audiovisuales al grupo Clarín. No solo evitó la desinversión del grupo hegemónico, si no que también le permitió concretar en el día de hoy, uno de sus mas grandes objetivos: copar el rubro de las telecomunicaciones, y expandir su monopolio.
Pero no se conformaron con este enorme favor, el grupo recibió otra gran ayuda de Macri al impedirle a las telefónicas que entren en el negocio de la televisión por cable (donde Clarín tiene prácticamente un monopolio), por un plazo de 3 años, que es lo que le tomaría a Clarín, convertir a 4g la red de antenas de Nextel. Este sería el primer gran paso, antes de que el grupo avance a su objetivo final, que es sumar al grupo otro gran monopolio, el de Telecom.
Mientras tanto, los gobiernos cambian, alternan entre democráticos y de facto, progresistas y liberales, pero el poder real en la Argentina, siempre se mantiene intacto en las manos del Grupo Clarín.
En el sitio del PRO, todavía se puede leer lo que opinaba Laura Alonso, la ex diputada del PRO y actual titular de la Oficina Anticorrupción, sobre los decretos de necesidad y urgencia allá en el año 2010, cuando el PRO era oposición.
Seria bueno que se expresara hoy sobre este tema, en relación con los DNU que está firmando su referente partidario Mauricio Macri.
En el texto publicado por ella en 2010 decia cosas como: “Utilizar los DNU para gobernar implican eludir al Congreso, evitar la deliberación y dar la espalda al pueblo de la Nación y a las provincias que son representadas en ambas Cámaras legislativas.”, lo cual es bastante razonable, pero parecería que no preocuparle demasiado al actual Presidente, ya que utilizó esta herramienta para anular leyes votadas por el Congreso con amplia mayoría y consenso, como la Ley de Medios, o incluso para nombrar a dos Jueces de la Suprema Corte.
También pedía que “el Congreso quede automáticamente convocado cuando se dicte un DNU, que el Jefe de Gabinete concurra para dar explicaciones acerca de la necesidad y la urgencia, que las dos Cámaras del Congreso expresamente lo ratifiquen, rechacen o declaren nulo en el lapso de 30 días, que el silencio de alguna de las Cámaras implica nulidad.” Pero ahora, el actual Presidente de la Nación, se niega a convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso, y no da ninguna explicación sobre el carácter urgente de los decretos firmados.
Y tambien nos explicaba, como establece nuestra Constitución Nacional, que “El Ejecutivo gobierna pero no gobierna solo. Tanto el Congreso como el Poder Judicial, de distintas formas y en diferentes circunstancias, son parte del proceso de formulación de políticas públicas.Así que mejor que vayan a otra parte con la cantinela de que el Congreso y los jueces quieren gobernar.”
Por todo esto, reitero, seria interesante saber cual es la postura actual de Laura Alonso y del PRO en general sobre estos temas. Todo haría pensar que estaría muy preocupada por el avasallamiento del poder ejecutivo a los otros dos poderes de la república.
Recordemos también, que para que Laura Alonso pudiera asumir en su actual cargo como titular de la Oficina Anticorrupción, el ministro de Justicia, Germán Garavano, tuvo que firmar un decreto para hacer mas laxos los requisitos para el cargo, ya que antes se exigía ser abogada para poder ocuparlo, y Alonso es licenciada en Ciencias Políticas.
Citándola a ella: “Parece increíble pero es real.”
En esta excelente nota, Luis Bruschtein nos explica con mucha claridad, el porqué de esta “ofensiva relámpago” estilo Blitzkrieg alemán, contra la ley de medios, dejando en evidencia, que tiene que ver con la necesidad impostergable del gobierno de instalar una sola versión de la realidad.
Muchos creen que los fundamentos de la ley de medios surgen a partir de las diferencias entre el gobierno de Cristina Fernandez y el Grupo Clarín, pero la realidad es que fué un proceso que tomó mas de un un cuarto de siglo, y se remonta al inicio de la presidencia de Raul Alfonsín.
Demandó la creación de 70 proyectos de ley que no llegaron a tratarse en las cámaras, la creación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática (CRD), que logro agrupar a mas de 300 organizaciones, en donde se acordaron y fomentaron los 21 puntos básicos sobre los que luego se basaría la ley.
Ley que fué sometida a intensas discusiones en 24 foros en todo el país, varias audiencias públicas y sesiones de comisiones parlamentarias, generando debates que aportaron más de 1200 modificaciones que luego serían incorporadas al proyecto final.
Decir que esta ley fue el capricho de una Presidenta, es negar un proceso de mas 26 años que es un ejemplo de ejercicio democrático, y quedarse con la visión que quieren forzar los medios reacios a cumplirla.
Medios que justifican tirar por la borda todo este proceso con un simple decreto presidencial, sin buscar ningún tipo del consenso que prometió Cambiemos durante su campaña, ni mucho menos, el respeto a las instituciones del que tanto hablaron.
¿Hay algo mas autoritario y antidemocrático que anular una ley surgida de esta manera con un decreto presidencial?
Esta nota, publicada originalmente por el portal Infojus Noticias, fue recuperada y puesta a disposición del público, luego dejar de estar disponible en su fuente original.
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