Ante una presentación de ATE planteando el riesgo que representa el nuevo protocolo de seguridad, la jueza Graciela Beatriz Dalmas dictó hoy una medida cautelar ordenando al Poder Ejecutivo Nacional, que durante la movilización convocada por los trabajadores y trabajadoras estatales para mañana jueves, “las fuerzas de seguridad no porten armas de fuego ni utilicen balas de goma contra la manifestación”.
Indicó también que las detenciones sólo pueden hacerse si previamente se dicta una orden de un fiscal, con intervención de un juez y de la defensoría oficial.
Por último, dispuso que Patricia Bullrich deberá “identificar a una persona civil, responsable políticamente del operativo, que garantice la seguridad de los manifestantes”.
Luego de despedir a varios trabajadores del portal de la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas, las nuevas autoridades comenzaron con una tarea de limpieza de notas “incomodas” publicadas durante la anterior gestión.
La nota declaraba que el incendio del depósito de Iron Mountain habia sido intencional, y mostraba los vínculos de la documentación perdida con el lavado de dinero, el HSBC y el Grupo Clarín entre otros.
Mostraba también la relación con las investigaciones que se estaban llevando a cabo luego del denominado “Swizz Leaks”, que dejo al descubierto unas 4000 cuentas de argentinos en Suiza, que habían sido usadas para fugar 3505 millones de dólares.
Según la nota eliminada por las nuevas autoridades de Infojus Noticias, el Grupo Clarin lideraba esta lista de evasores, con cerca de 100 millones de dolares, seguido por el Grupo Fortabat, y Telecom entre otros.
Luego de despedir a varios trabajadores del portal de la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas, las nuevas autoridades comenzaron con una tarea de limpieza de notas “incomodas” publicadas durante la anterior gestión.
En este caso, se eliminó una nota sobre el incendio de un taller clandestino denunciado ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que a pesar de eso, nunca habia sido inspeccionado.
En el incendio murieron dos nenes, y la nota relaciona a estos talleres clandestinos con grandes marcas de indumentaria, entre ellas, Awada, la empresa de la primera dama.
También desmiente los dichos de María Eugenia Vidal (ex Vicejefa de GCBA y actual Gobernadora de Buenos Aires), que en un programa televisivo, habia declarado que el taller no estaba denunciado.
Esta limpieza de notas, emulando a la novela 1984 de Geroge Orwel, deja claro que al actual Gobierno, no le alcanza con tener la protección de los grandes medios hegemónicos, si no que también, cree necesario eliminar cualquier aspecto negativo que haya sido publicado en los medios oficiales.
En el sitio del PRO, todavía se puede leer lo que opinaba Laura Alonso, la ex diputada del PRO y actual titular de la Oficina Anticorrupción, sobre los decretos de necesidad y urgencia allá en el año 2010, cuando el PRO era oposición.
Seria bueno que se expresara hoy sobre este tema, en relación con los DNU que está firmando su referente partidario Mauricio Macri.
En el texto publicado por ella en 2010 decia cosas como: “Utilizar los DNU para gobernar implican eludir al Congreso, evitar la deliberación y dar la espalda al pueblo de la Nación y a las provincias que son representadas en ambas Cámaras legislativas.”, lo cual es bastante razonable, pero parecería que no preocuparle demasiado al actual Presidente, ya que utilizó esta herramienta para anular leyes votadas por el Congreso con amplia mayoría y consenso, como la Ley de Medios, o incluso para nombrar a dos Jueces de la Suprema Corte.
También pedía que “el Congreso quede automáticamente convocado cuando se dicte un DNU, que el Jefe de Gabinete concurra para dar explicaciones acerca de la necesidad y la urgencia, que las dos Cámaras del Congreso expresamente lo ratifiquen, rechacen o declaren nulo en el lapso de 30 días, que el silencio de alguna de las Cámaras implica nulidad.” Pero ahora, el actual Presidente de la Nación, se niega a convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso, y no da ninguna explicación sobre el carácter urgente de los decretos firmados.
Y tambien nos explicaba, como establece nuestra Constitución Nacional, que “El Ejecutivo gobierna pero no gobierna solo. Tanto el Congreso como el Poder Judicial, de distintas formas y en diferentes circunstancias, son parte del proceso de formulación de políticas públicas.Así que mejor que vayan a otra parte con la cantinela de que el Congreso y los jueces quieren gobernar.”
Por todo esto, reitero, seria interesante saber cual es la postura actual de Laura Alonso y del PRO en general sobre estos temas. Todo haría pensar que estaría muy preocupada por el avasallamiento del poder ejecutivo a los otros dos poderes de la república.
Recordemos también, que para que Laura Alonso pudiera asumir en su actual cargo como titular de la Oficina Anticorrupción, el ministro de Justicia, Germán Garavano, tuvo que firmar un decreto para hacer mas laxos los requisitos para el cargo, ya que antes se exigía ser abogada para poder ocuparlo, y Alonso es licenciada en Ciencias Políticas.
Citándola a ella: “Parece increíble pero es real.”
Macri designó como vicepresidenta de UIF, a María Eugenia Talerico, que es la abogada de HSBC y Masventas S.A. como la nueva vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Esta abogada en su rol de defensora de este banco, objetó la constitucionalidad de las normas en las que se basa la UIF para controlar y sancionar a las entidades involucradas en casos de lavado de dinero. Uno de los artículos objetados por ella, es el 24, justamente uno que fue específicamente defendido por el actual ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, y pertenece a la la ley votada favorablemente por varios de los referentes de Cambiemos, como Federico Pinedo, Oscar Aguad, Ricardo Gil Lavedra y Gabriela Michetti.
Si bien ya es llamativo y preocupante que se ponga en un cargo tan alto a una detractora de las normas que rigen a la UIF, el nuevo presidente de unidad, tambien designado por Macri: Mariano Federici, se lo vincula a un estudio jurídico que utiliza los mismos argumentos de Talerico para defender a otras entidades contra la UIF, lo cual hace dudar sobre que postura tomarán estas nuevas autoridades a la hora de investigar y sancionar a las entidades acusadas de lavado de dinero, entre las que se encuentran sus antiguos clientes.
“Pepín” Simon, el íntimo amigo de Macri, conocido como el ideólogo e impulsor de la cautelar que nos dejo durante doce horas con Pinedo como Presidente, nos cuenta entre otras cosas, que la idea designar a los dos Jueces de la Suprema Corte por decreto, le surgió hace dos años, cuando tenia “mucho temor” de que Cristina Fernandez de Kirchner, utilizara esta misma justificación, para declarar por decreto a jueces de la Suprema Corte.
Es el mismo que en anteriores declaraciones nos hablaba de la medida en términos futbolísticos: “Rosatti y Rosenkrantz son dos «(Carlos) Fayt», son inatacables. Es el costo de tener una Corte con cinco miembros e independientes. Había que completarla y marcar la cancha de entrada.”
Apenas pasaron 10 dias de la asunción de Macri, y ya se nota una cierta incomodidad en el seno de Cambiemos.
La principal artífice de la creación de esta alianza, Elisa Carrió, ya avisó que va a presentar un proyecto de ley, para evitar que el ejecutivo pueda tomar este tipo de medidas por decreto, amparándose en una supuesta doble interpretación de la Constitución Nacional.
Se ve que su postura inicial, allá por el 2007, cuando dijo que “Macri es un límite moral infranqueable”, no estaba tan errada, y ahora, quizás por vergüenza, culpa, o por algún vestigio de su pasado como constitucionalista, se vio forzada a por lo menos hacer este anuncio.
El flamante ministro de justicia, Germán Garavano, le cuenta alegremente al diario La Nación, los planes del gobierno de seguir gobernando mediante decretos del ejecutivo, en vez de convocar a sesiones extraordinarias en el congreso.
Debería ser sorprendente, por lo menos para los ciudadanos que lo eligieron hace tan solo unos días en las urnas, que el presidente electo Mauricio Macri, haya buscado esta medida cautelar, luego de haber hecho de la cuestión del respeto a las instituciones republicanas y la independencia de la justicia, uno de sus ejes principales de campaña.
Desconcierta aún más, cuando se tiene en cuenta, que esta grave medida, que debilita la independencia de los poderes, haya sido impulsada para poder ganar una discusión tan trivial, como lo es el lugar en el que se realizará el acto de traspaso de mando.
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