Infojus: "Las balas que mataron a Mariano buscaban también afectar a la democracia"

Lo dijo la fiscal Gabriela Baigún ante los jueces de la Cámara de Casación Penal, durante la audiencia pública para revisar las condenas por el crimen del militante en 2010. Tanto la querella como la fiscalía pidieron que se eleven las condenas porque hubo intención de matar.

La sala III de la Cámara de Casación Penal escuchó hoy los argumentos de las partes en la audiencia pública para revisar la sentencia por el crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, ocurrido en octubre de 2010, que terminó con la cúpula de la Unión Ferroviaria (UF) en la cárcel. Las querellas y la fiscalía coincidieron en pedir que se eleven las condenas por considerar que hubo “dolo directo” y los acusados dispararon con intención de matar. Las defensas sostuvieron que el homicidio se produjo en un contexto de “riña”, pidieron la revocación de las condenas y que se absuelva a los acusados. Entre ellos está José Pedraza, ex máximo responsable de la UF, que fue condenado a 15 años de prisión como partícipe necesario por su  rol de  “instigador” del crimen de Ferreyra, que murió tras ser baleado durante una marcha en el barrio de Barracas en una manifestación de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca.

La revisión de la sentencia se realiza a dos años del juicio en el que el Tribunal Oral en lo Criminal  (TOC) N° 21 condenó a Pedraza y a quien lo secundaba en el gremio, Juan Carlos Fernández, a 15 años de prisión por considerarlos partícipes necesarios del homicidio. Gabriel Sánchez, Cristian Favale y Pablo Díaz, fueron condenados a 18 años de encierro como coautores del hecho, y a dos ferroviarios y un grupo de policías por cumplir diferentes roles el mediodía del  20 de octubre de 2010, cerca de la estación Yrigoyen del Roca.

La fiscal ante Casación, Gabriela Baigún, fue la primera en hablar. Precisa y descriptiva volvió una y otra vez sobre los hechos previos y posteriores al momento en el que murió el joven militante. Frente a los camaristas, Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucci –que presidió la audiencia- y Mariano Borinsky, explicó que las balas que mataron a Mariano Ferreyra no solo buscaron terminar con la vida de Mariano “sino con el derecho de todos los ciudadanos de manifestarnos en contra de lo que consideramos injustos. Afectan a la sociedad democrática” y se refirió a la “gravedad institucional” del hecho.

Como ya había dictaminado, pidió cambiar la calificación del delito y que se agraven las condenas. Aseguró que hubo “dolo directo”, es decir intención de matar. Después se tomó unos minutos para dar cuenta de la descalificación “hacia la víctima y su familia” y a los intentos de sobornar a la justicia que hizo Pedraza y de cómo hasta un perito adulteró pruebas claves. Lo que resumió en que la actitud de Pedraza fue la de “procurar impunidad”. La representante del Ministerio Público Fiscal también se refirió al intento de soborno a camaristas de Casación Penal, un hecho que se investiga en una causa aparte.

Los argumentos de la querella

Después expuso el abogado de la familia de Ferreyra, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Maximiliano Medina, quien también sostuvo la tesis de que en el crimen hubo “dolo directo”.  “Debe re encuadrarse la calificación y elevarse la condena a los imputados porque hubo dolo directo, no eventual”, afirmó. Y para avalarlo recordó a los testigos que en el juicio afirmaron que Favale y Sánchez, condenados como coautores del disparo, “apuntaban en línea recta y no al piso como sostuvo el Tribunal. Hubo dolo directo”, reafirmó.

En el mismo sentido fue la querella que representó a los dos heridos, Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre,  que adhirió a lo planteado por Medina y la fiscalía. La abogada Claudia Ferrero, sostuvo “quienes planificaron este plan criminal sabían que tenían garantizada la impunidad”.

El turno de las defensas

Durante los alegatos del juicio, que llegaron tras ocho meses de debate, todos los acusados habían pedido al tribunal 21 que los absolviera. Hoy insistieron en esa misma postura. Carlos Froment,  defensor, de Pedraza aseguró que el ex gremialista “lleva cuatro años detenido por algo que es absurdo” y pidió la absolución. “No hay absolutamente nada (en su contra)”, agregó.

Aseguró que Pedraza “no conoce al señor Favale” y que esto, “fue hábilmente introducido por los alegatos de la querella”. También aseguró que “se introdujo prueba que no fue debatida ni durante la instrucción, ni durante el debate oral”.

La defensa de Sánchez,  insistió con la figura del “homicidio en riña” como la “adecuación típica”. Agregó que “los hechos no dan margen para que se hable de “homicidio calificado” y subrayó que debían “revocarse las condenas de Sánchez y rechazarse el pedido de fiscalía y querella”. “No hay prueba univoca ni directa en relación a su responsabilidad”, aseguró. 

El defensor de Díaz empezó leyendo una carta que escribió su defendido en prisión, donde decía que “se siente un preso político” y que entiende que esa es “la única razón por la que está ahí”.

A su turno, el abogado de Fernández se dirigió al abogado querellante Medina, que había hecho referencia a las inconsistencias de las defensas e hizo comparaciones entre el largo de la sentencia -1700 páginas- con la obra de William Shakespeare y la cantidad de palabras que había ahí, ante las miradas desconcertadas de todos. “La sentencia es monstruosa”, dijo y habló de “dos facciones en disputas”. Y concluyó “todavía no se sabe quién mató a Ferreyra. Si sabemos cómo, pero no quien”.

La defensa de Favale insistió con que fue “el rebote de una bala”, lo que mató al joven militante y no un disparo directo.

Luego siguieron exponiendo los defensores de los restantes condenados entre ellos Jorge Daniel González y Salvador Pipitó, (que enfrentan una pena de 11 años); el delegado Claudio Alcorcel a 8 años; el comisario Luis Osvaldo Mansilla a 10 años; su par Jorge Raúl Ferreyra, a 9 años; Lompizano y los efectivos Luis Echavarría y Gastón Conti, a 2 años de prisión de ejecución condicional por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios público.

El tribunal 21 también condenó al agente David Villalba a pagar una multa de 12.500 pesos por omisión de los deberes del oficio dado que era su función tomar imágenes de los hechos y evitó hacerlo justo cuando se perpetraba el ataque.

Los únicos absueltos por el  Tribunal fueron los miembros de la UF Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez y el subcomisario Rolando César Garay.

El debate concluyó tras más de cinco horas ininterrumpidas de audiencia y Catucci anunció que las partes serán notificadas sobre la fecha en la que se conocerá la decisión. Afuera, bajo un clima cambiante que osciló entre la lluvia, el sol y el frío intenso, todavía quedaba un grupo de militantes del Partido Obrero (PO) y la FUBA, entre otros, que habían ido a apoyar a la familia Ferreyra y pedir justicia.

CD/LC

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