Infojus: lncendio de Flores: entre la explotación y la búsqueda del trabajo digno

La justicia nacional se declaró incompetente para investigar el incendio de Flores donde murieron dos niños. La causa quedó en manos del juez Canicoba Corral, que ya investiga si en el taller había trata de personas. Para hoy a la tarde, vecinos y organizaciones sociales convocaron a una marcha bajo la consigna “Ni cadenas explotadoras, ni clausuras policiales, abramos los talleres al trabajo digno”.

“Ni cadenas explotadoras, ni clausuras policiales, abramos los talleres al trabajo digno”, es la consigna con la que se convoca a marchar hoy a las 17 desde el taller de Páez y Terrada, donde murieron a fines del mes pasado los hermanos Rodrigo Menchaca, de 10 años, y Adair Rolando Mur Menchaca, de 5. El punto de llegada será Luis Viale y Espinosa: ahí, en 2006 en otro incendio en un taller textil, murieron seis personas, cuatro de ellos niños. “Para sacar del gueto a la economía popular migrante, no olvidamos”, dice una de las consignas de las organizaciones sociales y políticas que acompañan a la familia Menchaca.

En la justicia, mientras tanto, se abrieron dos causas que ahora podrían unificarse. El juez de Instrucción porteño, Manuel Goriostiaga se declaró incompetente en la causa en la que se investigaba el incendio y la muerte de los dos hermanos. Tanto él como el fiscal consideraron que la tragedia era “consecuencia directa del delito de trata de personas”. Por eso enviaron la causa  al juzgado a cargo del Juez federal Marcelo Rodolfo Canicoba Corral que ya investiga una si en esa casona operaba una red de trata.

 La historia de los hermanitos fallecidos en el taller de la calle Páez puede ser la de tantos hijos de los 300 mil trabajadores que viven de la economía informal de los talleres textiles no registrados de la Ciudad de Buenos Aires.  La mayoría de ellos funcionan en los barrios de Flores y Floresta. En su caso, como en el de muchos otros, se suma el componente migrante. Para quienes estudian y siguen de cerca el tema, encasillar el problema como si fuera “solo un tema de bolivianos”, es estigmatizar y simplificar una trama compleja.

Esteban Mur y Corina Menchaca llegaron a Buenos Aires en 2009, tres años después de sus cuñados y otros familiares, y se instalaron en la villa 1-11-14. Corina ya era madre de Rodrigo, el mayor de los hermanitos fallecidos. Fueron sus parientes los que les hablaron de un hombre de nacionalidad coreana. Todos trabajaban para él en un taller de la avenida Gaona. Después lograron alquilar una casa en Flores. El barrio recibía cada vez a más trabajadores y los precios de los alquileres subieron. Entonces Esteban y Corina decidieron buscar otro lugar para vivir y que la plata les rindiera un poco más. “Los chicos querían ir al parque o comprarse sus cositas, entonces tuvimos que ir para Celina”, contó Esteban a Infojus Noticias. **

Salir de Flores fue difícil. Los nenes –el matrimonio había tenido a su segundo hijo, Adair Rolando– iban a la escuela y al jardín en el barrio y, a pedido del “coreano”, habían instalado el taller en la casa de la calle Páez 2796, donde vivían. Él mismo les vendió las máquinas y pagaba el alquiler, que ellos devolvían en cuotas con el trabajo que después se vendía en la calle Avellaneda. El viaje diario entre Celina y Flores era imposible. De lunes a viernes la familia entera dormía en el taller. Ahí vivían Victoriano y Amparo Menchaca, hermanos de Corina. También Julián, el marido de Amparo. Los cinco producían la ropa para el famoso “coreano” en jornadas de 14 horas.

El jueves 23 de abril a la tarde, se cortó la luz en la casa de Páez 2796.  Esteban Mur, el padre de los chicos, no sabe por qué. Dice que pagó las cuentas a tiempo y que no entiende cuál fue el problema. Los trabajadores de la cuadrilla de Edesur le dijeron que el corte duraría dos horas como mucho, por un trabajo de rutina.  No fue así. El viernes 24 el corte seguía. “Fuimos personalmente a Edesur, nos hicieron esperar como dos horas y nos dijeron que para la tarde iba a volver”, contó Esteban. Pero no volvió. Toda la familia se fue el fin de semana a Villa Celina. El lunes, Esteban y Corina se quedaron en Celina, no les gustaba dejar la casilla sola. Los chicos regresaron al taller de Flores con sus tíos. Como no había clases, se tiraron en los colchones a jugar con una netbook. El lugar estaba iluminado con velas. Los tíos Amparo y Julián estaban con ellos. Mientras, Victoriano volvía a Edesur para insistir con el reclamo.

El lunes a la mañana, Rodrigo y su hermano Adair Rolandodormían en el sótano a la luz de la vela. Su tía Amparo también estaba ahí. Hoy los familiares creen que las velas se cayeron, y el fuego alcanzó colchones y telas. Que así empezó el incendio que terminó con la vida de los chicos y con Amparo internada por quemaduras internas y externas.

Otro incendio, muchas preguntas

La Justicia aún no determinó cómo fueron los hechos y quizás no pueda hacerlo con la precisión necesaria: el jueves pasado, el lugar de los hechos, preservado para las pericias, volvió a incendiarse. La familia dice que adentro había documentación, pruebas que podían vincular el primer incendio con una trama de ilegalidad y explotación que involucra el trabajo que se hace en los talleres no registrados y llega a las vidrieras de las marcas más famosas del mundo. 

Las versiones son encontradas, incluso sobre la presencia de custodia policial. Los vecinos dicen que durante la madrugada del jueves pasado, antes de que se produjera el incendio, no vieron la custodia que permanecía en la puerta para preservar el lugar en investigación. La versión de la dueña de la casa es que no se acordaba si la llave térmica estaba encendida. La idea sugiere que después del incendio fatal, la instalación eléctrica podría haber quedado en mal estado y al volver la luz –cosa que no se explicaría en un lugar incendiado– un cortocircuito pudo haber generado las llamas.

En este segundo incendio trabajaron tres dotaciones de bomberos. “Adentro de ese taller había papeles que comprobaban la relación con las grandes marcas que todos conocemos, llama mucho la atención que se incendie habiendo un policía en la puerta. Se están perdiendo papeles necesarios para la causa”, afirmó Eduardo López, secretario general de la CTA Ciudad en el acto de la semana pasada, donde se pidió la renuncia al director general de Protección del Trabajo del gobierno porteño, Fernando Macchi.

El abogado de la familia, Nahuel Berguier, confirmó a Infojus Noticias que en la casa había documentación que comprobaba la relación de los trabajadores del taller con el ciudadano coreano, entre ellas el contrato de locación en el que este hombre funcionaba como locatario. “Preferimos mantener reserva sobre este tema para proteger la investigación”, dijo el letrado.

Además, aclaró que en el expediente está el informe de bomberos sobre el primero de los incendios y fotos del lugar. “Sabemos que había al menos diez máquinas y otros elementos que podrían sugerir el delito de trata por explotación laboral”, explicó Berguier y confirmó que esos elementos son los que hicieron que la causa pasara, por conexidad, a la Justicia Federal.

El inspector  de Trabajo del gobierno porteño Edgardo Castro declaró  a la agencia Télam que “en el segundo incendio los autores ingresaron por el costado, que es una propiedad de los mismos dueños del taller textil, lo que confirma la intencionalidad del hecho”. Además, aseguró que en los días posteriores al primer incendio “estas mafias” intentaron ingresar al taller y sacar objetos, con el propósito de eliminar pruebas.

La trama judicial

La muerte de los chicos abrió dos causas judiciales. Una, caratulada “incendio seguido de muerte”, que tramitaba en la justicia ordinaria de la Ciudad con la intervención de la Fiscalía 22 a cargo de Eduardo Cubría y del Juzgado Nº 2 de Manuel Gorostiaga. La otra, tramita en la Justicia Federal e investiga si existe delito de trata detrás de la historia de los Mur Menchaca.

El abogado de la familia explicó a **Infojus Noticias que la Fiscalía 22 pidió que la causa por el incendio y las muertes se sume a la que investiga el posible delito de trata. El juez Gorostiaga decidió hacer lugar a este pedido. Según dice el dictamen, los chicos que “perdieron la vida se encontraban dentro de un sótano, sin conexión con el exterior, sin otra abertura que una escalera” por lo que “al producirse el foco ígneo el ambiente mismo operó como una suerte de jaula, dentro de la cual se intoxicaron por la combustión que provocó la propia quemadura de las prendas de vestir que fabricaban”.

La declinación de la competencia a favor de la justicia federal tiene que ver con que, según explicó el magistrado de instrucción, “las vistas fotográficas del sitio en donde tuvo lugar la trágica muerte de los niños, la cantidad de prendas que allí se fabricaban, el hacinamiento en que vivían las personas que eran explotadas y las múltiples máquinas de coser halladas, dejan en claro que nos encontramos en presencia de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral”.

Así, será el juez Rodolfo Canicoba Corral quien investigue el conjunto de elementos para tratar de determinar si en la vieja casona de Páez 2796 operaba una red dedicada a atraer con promesas laborales engañosas a hombres y mujeres migrantes con la finalidad de explotarlos laboralmente en talleres textiles. Fuentes judiciales confirmaron a Infojus Noticias que se prevé llamar a declarar como testigos a los padres de los chicos antes de definir cómo sigue el rumbo del expediente.

Paralelamente, desde la organización La Alameda se presentaron denuncias por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento contra la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gabinete y actual candidato a conducir la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. A estas se les suma la denuncia del inspector de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Edgardo Castro, contra Fernando Macchi, por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Hoy, en la sesión ordinaria de la Legislatura Porteña se discutirán los pedidos de informes al Ejecutivo de la Ciudad en torno al incendio del 27 de abril. Según acordaron los jefes de bloques parlamentarios, a partir de las 11 entrarán en sesión para tratar un centenar de expedientes, entre ellos, unos siete presentados por diputados de la oposición que están vinculados al incendio del taller de la calle Páez al 2796. Los expedientes son de autoría de los diputados José Cruz Campagnoli junto a Gabriela Cerruti, Claudia Neira, Jorge “Quito” Aragón, Gustavo Vera, Maximiliano Ferraro, Lorena Pokoik y Jorge Taiana.

Talleres y explotación

“Los medios dijeron cosas horribles, hablaron barbaridades, como que estábamos esclavizados”. La frase la dijo Esteban, el padre de los chicos muertos. Julio, familiar de las hermanas Menchaca, piensa lo mismo. El jueves 30 de abril, en el cementerio de Flores a la espera de la caravana que trasladaba a los nenes desde Villa Celina, dijo: “Los dolientes son familiares cercanos nuestros, los están tildando de explotadores y eso no es así”.

Julio reconoce que trabajan en talleres clandestinos. También que existen “paisanos” que son explotados por talleristas: “Pero este no es el caso”, aclaró. Y enseguida señaló que la explotación y la clandestinidad son posibles por la complicidad de los inspectores y la policía. “El Gobierno de la Ciudad tiene inspectores, esos inspectores son corruptos: si detectan una irregularidad intiman, pero no con un acta, sino con la amenaza de que van a reventar todo, “o qué querés”, te dicen… la famosa coima”, cuenta Julio y agrega: “Les das tanta plata y listo. Al mes siguiente viene otro inspector y hace lo mismo. Lo que están haciendo es que se genere ese círculo vicioso. Está incluida la policía, saben dónde están los talleres y hacen lo mismo”.

Relaciones de explotación y trabajo sumergido

El problema excede lo semántico. Trabajo esclavo, talleres clandestinos, son términos que empiezan a jugar mediáticamente cuando alguna noticia trágica catapulta a las primeras planas el tema de los talleres de indumentaria. La socióloga Verónica Gago, especialista en este tema, contó a Infojus Noticias que se estima que hay unos 300 mil trabajadores costureros en la ciudad de Buenos Aires.

Ella es una de las que se opone al uso de estos términos: “La categoría trabajo esclavo está instalada mediáticamente y popularizada por algunas organizaciones que se especializan en la cuestión de la denuncia. Hay que discutir esa categoría, porque encasilla y quita la voz de los trabajadores”, dijo. Explicó que una posibilidad es pasar de hablar de “esclavitud” a “relaciones de explotación”. En ese marco, propone analizar con mayor detenimiento esas relaciones de explotación para discutir las condiciones de trabajo y qué es lo que permite a los trabajadores migrantes aceptarlas.

Juan Vázquez, del colectivo Simbiosis Cultural, concuerda en dejar de lado la idea de trabajo esclavo. “Queremos salir de esa mirada moralista y victimista que se les da a los talleres. Queremos que los costureros se acerquen y para eso hay que dejar de hablar de que son esclavos”, dijo a Infojus Noticias y propone la idea de “trabajo sumergido” como algo que no se ve y no se relaciona con la ciudad.

Desde su análisis, también hay que prestar atención a la idea del “taller familiar” que muchos talleristas –dueños de las máquinas– proponen como “salida” a la irregularidad. “Los talleres textiles familiares no existen”, sostuvo Vázquez y explicó: “Sea tu hermana tu prima, la explotación  es la misma”. 

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