Infojus: Automotrices: más de mil millones en multas por cartelizar el mercado
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Automotrices: más de mil millones en multas por cartelizar el mercado
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-12-15 | Por: Infojus Noticias | Fecha de captura:: 2015-12-26 22:25
Ocho terminales automotrices mantenían en Tierra del Fuego los mismos precios que en el resto del país, a pesar de que en la provincia más austral cuentan con un beneficio impositivo. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluyó que había un acuerdo entre las empresas para realizar la maniobra.
El secretario de Comercio, Augusto Costa, informó que el Gobierno multó a ocho empresas automotrices por la cartelización de sus precios en Tierra del Fuego y les ordenó “que se abstengan de concertar el precio de venta de los vehículos” de esa provincia. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) detectó que las compañías cobraban en la isla los mismos precios que en el resto del país, aunque allí están exceptuados del pago de impuestos y debían vender los autos más barato.
La multa llega a 1060 millones entre todas las firmas. Volkswagen, General Motors, Renault, Ford, FIAT y Peugeot-Citroën tendrán que pagar 150 millones de pesos cada una, mientras que Toyota debe pagar 104,2 millones y Honda otros 56. “Hubo prácticas anticompetitivas por parte de ocho terminales que lo único que hicieron fue generarles un perjuicio a los consumidores”, afirmó Costa en declaraciones radiales.
Las prácticas anticompetitivas derivaron en denuncias de consumidores de Ushuaia en 2008. La investigación de la CNDC comprobó que desde la salida de la Convertibilidad, las terminales automotrices fijaron el precio de sus autos en valores similares y superiores a los del resto del país, a pesar de que allí cuentan con una desgravación impositiva concedida por la Ley de Promoción Industrial 19.640, indicó Página/12.
Comercio les ordenó a las automotrices que “se abstengan de impedir o dificultar de cualquier manera que terceras personas importen o adquieran vehículos en cualquier lugar del mundo, para su reventa o utilización en el Área Aduanera Especial”. Tierra del Fuego cuenta con ese estatus legal, que le confiere beneficios a las empresas que se radican en la provincia.
La CNDC investigó el funcionamiento del mercado automotor en Tierra del Fuego, requirió informes a las concesionarias y a las terminales, y realizó pericias sobre la documentación. Llegó a la conclusión de que las concesionarias no eran responsables de la maniobra y comprobó que las terminales funcionaban bajo una suerte de acuerdo desde 2002, con el objetivo de mantener los precios de la provincia al mismo nivel que en el resto del país.
La investigación terminó hace seis meses, y la CNDC imputó a las terminales por la realización de “conductas anticompetitivas” para mantener un nivel de precios artificialmente alto, mediante un conjunto de prácticas concertadas entre 2002 y 2010 inclusive. Esta conducta está contemplada en la ley de Defensa de la Competencia Nº 25.156. La oficina que investiga las prácticas anticompetitivas ahora investigará si esta maniobra continuó entre 2011 y 2014.
Según la resolución, las empresas tienen que hacer el pago en diez días hábiles. Como la investigación lleva seis años, las multas se regirán bajo la vieja ley de Defensa del Consumidor, y si las terminales recurren a la Justicia, no tendrán que pagar hasta que no se los ordene un tribunal. “Todavía rige el principio anterior, que era que ante una interposición de un recurso ante la Justicia, el pago de la multa tiene un carácter suspensivo”, explicó Costa. Y agregó que las empresas tendrán que “dejar garantías en caso de que la Justicia considere que la multa corresponde, pero no tienen que hacer el pago en ese momento”.
Costa explicó que “la única forma” de que los precios no bajen, habiendo una exención impositiva, “es que haya algún tipo de acuerdo o práctica que distorsiona la competencia por parte de los actores del sector”. Y afirmó que la CNDC comprobó “una conducta anticompetitiva, una colusión, un acuerdo de precios”.
Costa firmó la resolución la semana pasada, y rechazó expresamente “toda otra práctica que tenga por objeto o efecto mantener los precios de los vehículos a niveles similares a los vigentes en el territorio continental nacional o superiores a los que prevalecerían en un mercado abierto y competitivo”.
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