Infojus: El propio gobierno porteño admitió que el Metrobus Norte no fue autorizado
Esta nota, publicada originalmente por el portal Infojus Noticias, fue recuperada y puesta a disposición del público, luego dejar de estar disponible en su fuente original.
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El propio gobierno porteño admitió que el Metrobus Norte no fue autorizado
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-11-10 | Por: Franco Lucatini | Fecha de captura:: 2016-01-15 05:00
La Agencia de Protección Ambiental reconoció que el proyecto, que unirá Belgrano con Olivos, no fue autorizado. Contradijo así al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que ordenó las obras en base a dos convenios entre la ciudad y Vicente López que tampoco tienen validez.
La Agencia de Protección Ambiental (APrA) de la ciudad de Buenos Aires admitió que las obras para el Metrobus Norte aún no fueron autorizadas, aunque comenzaron hace más de un mes. Lo hizo mediante una nota presentada ante los tribunales porteños del fuero administrativo, donde tramita un amparo iniciado por los vecinos de Saavedra y de Vicente López. “El proyecto se encuentra en evaluación y no fue categorizado al día de la fecha”, indica la nota de la APrA en el expediente judicial, al que accedió Infojus Noticias .
El proceso se inició cuando vecinos de Vicente López, de la Asamblea de Inundados de Saavedra, y de Barrio Mitre iniciaron una acción de amparo junto al Observatorio de Derecho a la Ciudad (ODC), para solicitar la suspensión de las obras hasta que se cumplan los procedimientos legales. Desde el Observatorio indicaron que la obra se está llevando a cabo contra todas las normas que lo rigen.
La traza proyectada del Metrobus Norte recorre la avenida Cabildo desde Belgrano hasta Olivos –donde se llama Avenida Maipú–. Comienza en Monroe y termina al llegar a la calle Villate. La mitad del recorrido es en territorio del partido de Vicente López, pero casi toda la obra será afrontada por el GCBA. El ODC denunció que se trata de un arreglo ilegítimo entre Mauricio Macri y su primo Jorge –el jefe de Gobierno porteño y el intendente de Vicente López–, en miras de la campaña electoral del año próximo.
Jonatan Baldiviezo, abogado del ODC, dijo a Infojus Noticias que las dos grandes ilegalidades en el proyecto tienen que ver con el convenio que le dio origen, y en la irregularidad del informe de impacto ambiental. El Metrobus Norte nace de un convenio específico que Jorge Macri firmó con el jefe de Gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Los convenios específicos se pueden realizar en base a convenios marco, pero en este caso, el convenio marco con Vicente López aún no está vigente.
Los dos Macri firmaron el “Convenio marco de colaboración y cooperación con el Municipio de Vicente López” a mitad de año. La Constitución de la ciudad indica que los convenios deben ser “en todos los casos con aprobación de la Legislatura” porteña. Ese acuerdo ingresó el 19 de junio a la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales de la Legislatura, y recién fue tratado el martes pasado. Obtuvo despacho de mayoría y de minoría, pero todavía deben publicarlo, recibir las observaciones de los legisladores e incluirlo en labor parlamentaria para que lo traten en el recinto.
Rodríguez Larreta solo esperó ni una semana desde que se firmó ese convenio marco para firmar el Convenio Específico Nº 15.811 por el Metrobus Norte, el 21 de agosto. Allí se decidió que el municipio de Vicente López pagará sólo 30 de los 220 millones de pesos que cuesta la obra, aunque la mitad del costo sea para la construcción del carril exclusivo en la avenida Maipú. También se comprometió a construir tres cuencas reservorios para prevenir inundaciones, pero no se acordaron los detalles.
Un informe que no existe
El jefe de Gabinete porteño llamó a licitación pública el 29 de septiembre, aunque ninguno de los convenios había sido tratado en la Legislatura. “La licitación se sustenta en dos normas inexistentes”, denunció el ODC mediante un comunicado. En la resolución en la que se llamó a licitación, Rodríguez Larreta indicó que la APrA había considerado la obra como “sin relevante efecto”, pero ese mismo organismo acaba de reconocer ante la justicia que el informe de impacto ambiental todavía no fue realizado.“Lo cierto es que ningún funcionario puso la firma”, dijo Baldiviezo.
El juez Osvaldo Otheguy ordenó al GCBA que presentara la documentación que respalda el proyecto, en una resolución del 21 de octubre. Exigió que en un plazo de cinco días se presentara la evaluación de impacto ambiental, el estado de la ratificación legislativa de los convenios, y un informe sobre el estado de la obra. El GCBA no cumplió con los plazos, y remitió información contradictoria.
La respuesta del director general de Evaluación Técnica de la APrA fue que el proyecto “podría resultar categorizado como de impacto ambiental sin relevante efecto”, pero admitió que en realidad “no fue categorizado” todavía, y que “se encuentra en evaluación”. Carlos Scally, de la Asamblea de Inundados de Saavedra, dijo que los vecinos del barrio temen que la obra empeore la infraestructura hidráulica de la zona. Consultado por Infojus Noticias , dijo que “la avenida Cabildo actúa como dique porque está elevada”, y que los vecinos de las calles aledañas se inundan porque el agua no escurre hacia el río.
El juez comprobó también que “no sólo no existe aún una decisión definitiva por parte de la demandada –el GCBA–, sino que además tampoco se encontraría firmado aún el contrato que dará inicio a la obra, que según los propios dichos de la demandada, no se realizará sin antes contar con el certificado de aptitud ambiental correspondiente”, indica la resolución del lunes pasado. A pesar de todo, los trabajos en la avenida Cabildo comenzaron hace un mes, y Otheguy rechazó la cautelar para detenerlos.
Los vecinos de Vicente López y Saavedra, junto al ODC, denunciaron penalmente a Rodríguez Larreta, al subsecretario de Transporte porteño, Guillermo Dietrch, y a Juan Carlos Villalonga, presidente de la APrA. Revelaron la cadena de irregularidades, y acusaron a los tres por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y ejercicio de funciones competentes a otro cargo. Baldiviezo opinó que “la APrA debería clausurar la obra por haberse iniciado sin certificado de aptitud ambiental”. Infojus Noticias intentó consultarlo a las autoridades de APrA, pero no obtuvo respuesta.
Aspecto de la publicación original en Infojus Noticias:
