Infojus: Dirigente de meretrices, acusada de participar de una red de trata
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Dirigente de meretrices, acusada de participar de una red de trata
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-10-16 | Por: Infojus Noticias | Fecha de captura:: 2016-01-18 17:55
La ex titular de Ammar Capital (enfrentada con la organización a nivel nacional), Claudia Brizuela, está acusada de ser “partícipe necesaria” de una banda. En la causa hay otras 18 personas procesadas, entre ellas el jefe de la comisaría de San Miguel.
La Sala II de la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de la ex titular de Ammar-Capital (asociación de Mujeres Meretrices), Claudia Brizuela, como “partícipe necesaria” de una banda criminal dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. En la causa hay otras 18 personas procesadas, entre ellas el jefe de la comisaría de San Miguel, que daba “protección a la banda”.
La organización regenteaba dos burdeles en la Ciudad de Buenos Aires y siete en la localidad bonaerense de San Miguel. Funcionaban como “privados”, y allí fueron rescatadas 31 mujeres el año pasado. Las víctimas eran obligadas a hacer turnos de 12, 24 y 36 horas seguidas, y llegaban a realizar hasta 18 “pases” por día. También se las “preparaba” con simulacros de allanamientos para que supieran qué tenían que decir en caso de que sucediera uno real, y se las amenazaba con quemarlas con ácido si no atendían a todos los hombres que les imponían.
Toda esa información se desprende de las escuchas telefónicas que comprometen seriamente a Brizuela, imputada como “partícipe necesaria, en orden al delito de trata de personas en 31 oportunidades, agravado por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas –una de ellas embarazada y obligada a abortar–, porque fueron más de tres y se consumó la explotación con la participación de más de tres personas imputadas”.
En el fallo de la Cámara de San Martín se citó un informe de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que dan cuenta de los testimonios de las víctimas. En varios de los lugares allanados las mujeres entrevistadas “manifestaron encontrarse sindicalizadas, protegidas, asesoradas por un sindicato; algunas de ellas exhibieron un carnet de Ammar. Las mujeres que refirieron ser socias de tal organización no habrían concurrido por propia voluntad o iniciativa, sino que en algunos casos la afiliación habría sido requisito expreso de sus mismos explotadores al momento de ingresar al prostíbulo”, señala el informe.
Para el juez Lijo, la afiliación al sindicato que lideraba Brizuela “deja en evidencia, por un lado, la intención de sus integrantes de darle un contexto permitido a la actividad delictiva que llevaban a cabo. Y por el otro, demuestra el nivel de sometimiento psicológico que se ejerció sobre las víctimas, a punto tal que ellas creían que Ammar las protegía, cuando en verdad sucedía todo lo contrario, porque con esta pantalla los integrantes de la organización investigada lo único que hicieron fue sumar otro elemento que facilitara su explotación”.
En la resolución se estableció que Brizuela ofrecía una pantalla de legalidad a la red a través de la afiliación de las víctimas a Ammar-Capital, al proporcionarles carnets de la organización, por los que les habrían retenido 100 pesos mensuales cuando la cuota sindical era de 5 pesos. Para la Justicia, la sindicalización en este caso funcionaba como pantalla para disimular la trata. También se colgaron carteles y se repartieron folletos de la agrupación en los diferentes lugares en los que obligaban a trabajar a las mujeres.
En escrito de la Sala II se resaltó que Brizuela hizo un “aporte esencial dentro del concierto criminal”, en el que hay otras 18 personas procesadas, entre ellas el jefe de la comisaría de San Miguel y dos policías, que advertían sobre los allanamientos y cobraban coimas por eso y por encubrir el accionar de la agrupación. En la causa intervino inicialmente el juez Federal, Ariel Lijo, quien como los casos de trata se dieron en la provincia, se declaró luego incompetente y el expediente pasó a la Justicia Federal provincial.
En la Procuraduría de Trata de Personas (ex Ufase) destacaron el fuerte respaldo que recibió la investigación judicial de dos cámaras, la de San Martín y la de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que confirmaron los distintos procesamientos dictados en primera instancia.
Ammar Capital está enfrentada al sindicato Ammar Nacional, pero ambas agrupaciones defienden el trabajo sexual e impulsan una normativa que pretende regular el funcionamiento de “establecimientos de servicios sexuales”.Brizuela fue desplazada de la titularidad de Ammar Capital luego de que el diario Página/12 revelara el año pasado los alcances de la investigación judicial.
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