Infojus: La estrategia del G6 contra la nueva justicia del consumidor
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La estrategia del G6 contra la nueva justicia del consumidor
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-09-26 | Por: Pablo Waisberg | Fecha de captura:: 2016-01-08 07:29
El grupo que reúne a las principales cámaras empresarias puso a trabajar a tres de los estudios más importantes de abogados para plantear una supuesta “delegación discrecional de facultades”.
El Grupo de los Seis (G-6), que reúne a las principales centrales empresarias, decidió pulir la estrategia legal para atacar la nueva Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo (26.991). El planteo de fondo –que preparan tres estudios jurídicos- estará centrado en la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, que ya constaba en la vieja Ley de Abastecimiento (20.680). Esa norma se aplicó en junio pasado para controlar el aumento en los precios de los medicamentos que aplicaron los laboratorios que, sin generar ningún planteo de inconstitucionalidad, retrotrajeron los precios de sus productos a los valores previos a la suba.
La decisión la tomaron cuarenta y ocho horas después de se publicó la Resolución 90, de la Secretaría de Comercio. Allí, el secretario Augusto Costa señaló que debían volver a los precios a los valores del 7 de mayo de 2014, que habían sido modificados en forma conjunta por las tres cámaras de producción de medicamentos. Les indicó, además, que debían mantener los valores por 60 días y puntualizó que estaban “obligados a continuar con la producción, industrialización, comercialización y/o distribución de medicamentos” para abastecer al mercado local.
Sin embargo, la nueva ley –aprobada la semana pasada que reemplaza a la de 1974 y que aún no se reglamentó- generó críticas del G-6, que puso a trabajar al menos tres de los más grandes estudios de abogados: Cassagne, Bulló-Tassi-Estebenet-Lipera-Torassa y Marval, O Farrell & Mairal. Todos ellos plantearán la supuesta inconstitucionalidad de la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo: la posibilidad de intervenir en el proceso económico ante los abusos de posición dominante. Eso fue lo que terminaron de analizar en la reunión del martes, que se hizo en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde Héctor Méndez ofició de anfitrión.
Hasta el edificio de la UIA, en Avenida de Mayo al 1100, llegaron los representantes de los otros cinco grupos empresarios: Luis Etchevehere, de la Sociedad Rural; Gustavo Weiss, de parte de la Cámara Argentina de la Construcción; Carlos De la Vega, por la Cámara Argentina de Comercio, Jorge Brito, de la Asociación de Bancos de Capital Argentino y Adelmo Gabbi , en representación de la Bolsa de Comercio. Ni la UIA ni las otras centrales empresarias aceptaron participar de la reglamentación de la norma. Rechazaron la invitación entre lunes y martes.
Sin embargo, la Secretaría de Comercio sigue la ronda de consultas con las entidades que nuclean a los consumidores y las pequeñas y medianas industrias.
Los argumentos
La línea argumental de los cuestionamientos jurídicos había sido expresada durante los debates en las comisiones del Senado y Diputados. Los encargados fueron el industrial Daniel Funes de Rioja, el ruralista Etchevehere y el comerciante De la Vega. También atacaron la reforma los abogados Máximo Fonrouge y Guillermo Lipera, quienes integran dos de los estudios que preparan el planteo jurídico. Los que no aparecieron, al menos públicamente, fueron los abogados del estudio Marval, O Farrell & Mairal.
También circuló –según una de las fuentes consultada por Infojus Noticias - entre los empresarios el nombre de Jorge Vanossi, quien fue Ministro Justicia durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Si bien el estudio Marval, O Farrell & Mairal no apareció en los debates, desde allí se encargaron de difundir un análisis sobre el proyecto de reforma a la Ley de Abastecimiento. El texto reconoce que se eliminan varias sanciones pero tiene una conclusión a tono con lo que genera “mayor molestia” en el empresariado: “la capacidad de intervención del Estado”, según definió a esta agencia un hombre de negocios. “Sin dudas brindará más herramientas a la Administración para intervenir fuertemente en la economía y en el comercio, e imponer restricciones al derecho de propiedad y a la autonomía contractual de los particulares. Si bien elimina algunas de las disposiciones más controvertidas de la Ley de Abastecimiento (en especial, las penas privativas de la libertad), al mismo tiempo promueve cambios que pueden ser impugnados con fundamento constitucional”, escribieron los abogados María Lorena Schiariti y Enrique Veramendi, del área Derecho Público y Administrativo; y Santiago Soria, de Litigios y Arbitrajes del estudio Marval, O Farrell & Mairal.
El análisis está fechado el 29 de agosto, un día después de la votación en el Senado. En el párrafo siguiente, anticiparon el camino a seguir: “En la actualidad, además de los planteos referidos a su falta de vigencia, la Ley de Abastecimiento se encuentra seriamente cuestionada en cuanto a la constitucionalidad de varias de sus disposiciones. Por ende, las previsiones del Proyecto que reiteran y, en algún caso, amplían las facultades que esa norma atribuye a órganos administrativos —sin plazos ni bases para su ejercicio— serán susceptibles de similares objeciones”.
Los honorarios
A diferencia de los abogados de Marval, Fonrouge y Lipera se encargaron de dar el debate en el Congreso. Ellos fueron los que acompañaron a Etchevehere. Le proveyeron los elementos legales para sostener sus planteos en del debate en comisiones y, también, se encargaron de plantear las críticas. Fonrouge habló en nombre del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires –también integra el Foro de Convergencia Económica- y Lipera lo hizo en representación de la agrupación Será Justicia, que encabezó la defensa del fiscal José María Campagnolli.
“El secretario de Comercio puede ordenar la continuidad de la producción, industrialización, comercialización, prestación de servicio y fabricación a una empresa. ¿Quiere decir esto que, aun a pérdida, tienen que trabajar también?”, preguntó Lipera durante su exposición en el Senado. Su planteo antecedió al de Funes de Rioja, quien definió a la ley como “inconstitucional, inoportuna e irrazonable”. Así estaba escrito en el texto que leyó ante los legisladores y funcionarios. Era un documento que había sido testeado en la UIA, donde la norma “genera un alto rechazo aunque no tanto como en la Sociedad Rural y los que menos quieren aparecer son los de la construcción para no perjudicar su negocio”, describió a Infojus Noticias uno de los hombres que estuvo en la reunión del G-6.
Por estos días, los abogados están evaluando la “delegación discrecional de facultades”. Hasta dónde avanzará la amenaza es una duda que está por resolverse porque lo que aún no acordaron los hombres de negocios es de dónde saldrá el dinero para costear la tarea de los estudios más costos del país. En la reunión del martes, en la UIA, reocorrió un run run -un poco en broma y un poco enserio-: “Tienen que ser honorarios simbólicos porque esto les da mucha publicidad”.
Aspecto de la publicación original en Infojus Noticias:
