Infojus: Pasó la primera audiencia del jury a Campagnoli por "abuso de autoridad"

El fiscal suspendido está acusado, además, de “haber cambiado el objeto procesal de una causa” y de tener una “actitud desafiante frente a las instituciones”. Mañana declaran los periodistas Jorge Lanata, Nicolás Wiñaski y Daniel Santoro. También los jueces Ricardo Recondo y Luis Cabral y los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido.

Desde las 12:10, el secretario del tribunal, Juan Casanovas, lee las acusaciones contra el fiscal suspendido Jose María Campagnoli. En el primer día del juicio político, el Salón Nelly Ortiz de la Procuración General de la Nación -ubicado en la planta baja del edificio sobre Avenida de Mayo al 700- está repleto. En el recinto están presentes los fiscales que ocupan el rol acusador en el jury: Adolfo Villate y García Berro. Le endilgan a Campagnoli, entre otras cosas, “haber cambiado el objeto procesal de una causa”, “abuso de autoridad” y una “actitud desafiante frente a las instituciones”. A diferencia de la audiencia preliminar, esta vez no asistieron los hijos del fiscal, pero sí sus familiares. Para la primera jornada se prevé la lectura de la acusación y la declaración de los testigos ofrecidos por la defensa.

Mañana continuaran las declaraciones testimoniales. Según marca el cronograma de testigos, será el turno de los periodistas del grupo Clarín Jorge Lanata, Nicolás Wiñaski y Daniel Santoro. También los jueces Ricardo Recondo y Luis Cabral y los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido.

Luego de la lectura de la acusación el fiscal acusador García Berro solicitó incorporar nueva prueba en el juicio, sobre todo lo que tiene que ver con las recientes irregularidades detectadas en fiscalías a cargo del fiscal suspendido donde se encontraron más de 1500 fotos de vecinos del barrio de Saavedra, muchos de ellos menores.La acusación pidió tomar testimoniales a tres personas, una de ellas, la fiscal Cristina Caamaño, ya que estas irregularidades dan cuenta de una “práctica frecuente y generalizada”.

La defensa insistió con la nulidad de la resolución que envió a jury a Campagnoli argumentando que “parte de hechos falsos”. También calificó el pedido de nueva prueba como un acto de “mala fe”. El tribunal pasó a un cuarto intermedio para resolver estas cuestiones y seguir en la tarde con el jury.

Luego del cuarto intermedio el tribunal rechazo los pedidos tanto de la acusación como de la defensa para incorporar prueba, por un lado, y para declarar la nulidad de la resolución que envió juicio político a Campagnoli.

El primero en declarar ante el tribunal fue Martín Arias Duval, director general de Migraciones. Relato que un sábado, al leer en una noticia publicada en el diario La Nación sobre que su área no había colaborado con la investigación de Campagnoli, averiguó y confirmo que eso era falso. “Nunca retacee información”, dijo. Aquella nota del diario además sostenía que Campagnoli iba a pedir un allanamiento a la entidad pública. “El oficio había sido debidamente respondido”, declaró Arias Duval y considero que un fiscal “no puede salir por los diarios a pedir una medida de prueba”. Lo que sostuvo La Nación le pareció “falso e injusto”.

Después fue el turno de Jorge Chueco, abogado que denunció a Campagnoli  por un “abuso de autoridad vinculado con la falsificación de una causa”. También contó sobre cómo se enteró: a través del programa de Jorge Lanata en Canal 13. “Blandía un informe delante de las cámaras donde se me imputaba el delito de extorsión”, señaló Chueco.

Foto: Sol Vazquez.

El tercero en sentarse ante el tribunal fue el abogado de Chueco, Juan Martin Cagnifacio, que explicó su actuación al presentar las denuncias contra el fiscal suspendido. “Nos dijeron que no había actuaciones, aunque si las había”, comentó al tribunal. Además considero que la denuncia de extorsión contra su cliente, sostuvo, “tenías más que ver con lavado de activos que con extorsión”, intentando explicar lo raro de la causa. “De hecho no se le tomó declaración a quién era la presunta víctima”, en referencia a Federico Elaskar.

“Mi cliente manifestó el enorme daño que le causo la trascendencia pública de la denuncia”, dijo el abogado. Chueco fue sobreseído por el juez federal Sebastián Casanello en esta causa, que había iniciado Campagnoli.

La ultima de las testimoniales fue brindada por la abogada Lorena Totino, que representa a Edgardo Levita en una causa civil en la que demandó al Grupo Clarín porque lo relacionaron con el caso “Baez”. La abogada, de manera muy expeditiva, sostuvo que al pedir derecho a réplica le fue negado.

Al contestar la demanda, los abogados del multimedio “acompañaron como prueba documental” un dictamen del fiscal Campagnoli. Clarín contestó: “A mí me legitima el dictamen hecho por un fiscal”, contó Totino que le dijeron. Y detalló que incluso el dictamen “vinculaba a Levita con el caso Shoklender”. Además contó que el fiscal Guillermo Marijuan, que declara por escrito en el jury porque se fue al Mundial de Fútbol, informó en la causa civil que Levita es ajeno al caso federal.

Otras dos testimoniales se dejaron para el próximo jueves: las de Vanesa Varela y Juan José Taboada, empleados de las fiscalías de Saavedra y de la fiscalía N10, respectivamente.

Con hinchada propia

Minutos después de las 11, Campagnoli llegó a la Procuración y entró sin hacer comentarios. Frente al vallado, unas 25 personas se reunieron desde temprano para acompañarlo. Cerca de la entrada, parado sobre un banco de cemento, un hombre de unos 50 años cantaba en soledad: “Campa, querido, el pueblo está contigo”. En su mano derecha sostenía el megáfono y con la otra hacia flamear una bandera argentina. “Alentemos a Campagnoli”, decían las pancartas que un grupo de mujeres sostenía frente a las cámaras de televisión. En la sala donde transcurre el jury está permitido el ingreso de periodistas, pero no el de cámaras. Tampoco se permite el uso de grabadores ni de teléfonos celulares en el recinto. 

El proceso contra Campagnoli tiene el aval de la justicia, que la semana pasada rechazó el amparo que su abogado, el ex diputado Ricardo Gil Lavedra, presentó intentando anular la resolución que lo llevó al juicio. “Son varias las cuestiones que son objeto de la imputación”, explicó el fiscal Adolfo Villate a Infojus Noticias y detalló a la “modificación del objeto procesal bajo la excusa de la existencia de un delito de extorsión” como una de las principales acusaciones. A su vez, adelantó que tampoco quedarán fuera los “exabruptos dirigidos a la procuradora” o la “sobreactuación mediática”. Esto es, “cómo llegan noticias a los medios y coinciden con los actos procesales que dictan en el expediente”, explicó el fiscal que ocupará el rol acusador en el jury junto con Berro.

El accionar

Campagnoli es uno de los 49 fiscales de instrucción que tiene la justicia. Los fiscales de instrucción no tienen competencia para investigar delitos federales, tal como es el lavado de dinero. La causa Baez, iniciada después de que se emitiera un programa de televisión de Jorge Lanata, presuponía la investigación de este delito federal que corresponde ser investigado por jueces federales y no de instrucción.

Cuarenta y ocho horas después de la emisión del programa, Campagnoli presentó una denuncia ante la Cámara del Crimen. La denuncia sólo estaba basada en los testimonios reproducidos en el programa donde el fiscal enjuiciado presentaba a Elaskar y a Fariña como “testigos” y no como imputados. Pero después el juez sobre el que había recaído la investigación se declaró incompetente y la causa paso a la Justicia Federal.

El fiscal suspendido entonces tomó otra causa antigua que estaba en la fiscalía 10 contra Elaskar por administración fraudulenta de la empresa SGI. Allí Campagnoli convirtió de denunciado a víctima a Elaskar. Esta causa estaba a cargo de la jueza María Lanz.

Campagnoli instaba acciones que eran difundidas por los diario Clarín y La Nación incluso antes de ser producidas. Finalmente la Cámara del Crimen declaró la incompetencia del fiscal  Campagnoli  en esa causa y también la pasó a la Justicia Federal argumentando que el fiscal “sobreactuó” en el expediente.

Foto: Martín Dimaggio.

Los testigos

Con este accionar se “limitó el ejercicio del derecho a defensa en los expediente”, explicó Villate a este medio y luego puso el foco en los testigos que presentará la defensa de Campagnoli durante el jury. En principio había ofrecido treinta, pero debieron desistir de muchos de ellos.

Finalmente, en total  serán 18 testigos. Entre ellos se encuentran el fiscal federal Guillermo Marijuan -en un principio iba a testificar el 9 de junio pero lo hará por escrito-, el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, el periodista Jorge Lanata, el diputado Manuel Garrido y los consejeros de la magistratura Ricardo Recondo y Alejandro Fargosi. “Los testigos  representan algún tipo de corporación” y también “intereses”, dijoel fiscal Villate.

Martín Arias Duval, Jorge Oscar Chueco, Juan Martín Cagni Fazzio, Mercedes Salcedo, Vanesa Varela, Juan José Toboada Areu y Lorena Vanesa Totini, son los testigos aportados por la acusación. “Todos tienen un grado de importancia similar”, dijo el fiscal y explicó que se trata de personas ajenas a la Procuración.

Un fiscal “austero” con un auto “raro”

“Lejos de los lujos y las excentricidades del poder, el ex fiscal de Saavedra continúa moviéndose en su viejo y oxidado Peugeot 405 rural, modelo 93. Sumado a esta muestra de humildad, su causa lo ha convertido en un emblema de la lucha contra la corrupción”, ** afirmó una nota de Infobae publicada la semana pasada**.

Allí se vio al fiscal posando al volante del auto descuidado con una patente de color blanco. La chapa lleva el número 6046 y la inscripción “Ministerio Público Ciudad de Buenos Aires”. Un detalle no menor es que se trata de la “patente protocolar” que desde hace diez años están vedadas para su utilización.

Una resolución de la Corte Suprema del 2004 -la 508/04- consigna que todos los magistrados y funcionarios que posean chapas protocolares “deberán abstenerse de utilizarlas a partir de la fecha de la presente, procediendo a su devolución a la Dirección de Rentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes del 30 de abril de 2004”.

Foto: Martín Dimaggio.

Un álbum persecutorio

Una prueba que no llegó a ser incorporada al jury  es un archivo encontrado en el juzgado que tenía a su cargo Campagnoli. Allí  había más de 1500 fotos de vecinos del barrio de Saavedra -muchos de ellos menores- tomadas sin que ellos supieran.

El fiscal Abel Córdoba, a cargo de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (Procuvin), se enteró de la existencia del archivo a partir del testimonio de funcionarios judiciales de la ciudad y presentó un escrito pidiendo el material. En el servidor de la fiscalía de Saavedra, bajo el nombre de Registro Completo, estaba alojado el archivo: pesa casi 5GB y contiene 6469 imágenes de 1500 personas. Según retrató Página 12 “el suspendido fiscal está acusado de mandar a tomar fotos a vecinos del Barrio Mitre, que se usaban para inducir a víctimas de delitos a ´identificar´ a sus supuestos agresores”.

Los reveses judiciales antes del jury

Campagnoli tuvo diez rechazos de la Justicia en seis meses entre dictámenes fiscales y resoluciones judiciales. El último fue la semana pasada, cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó un planteo presentado por su defensa.

Sus abogados defensores no lograron avanzar con las diversas nulidades planteadas y sólo pudieron sostener su sueldo de 41 mil pesos mensuales, que Campagnoli cobra a pesar de no estar en funciones desde diciembre del 2013. 

Los magistrados a cargo de su procesamiento indicaron que la suspensión no tiene un carácter sancionatorio sino que es una medida “dispuesta con carácter previo” por el Tribunal de enjuiciamiento.

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