Infojus: Una felicitación envió a juicio a seis expolicías de la Federal

Documentos hallados en el Ministerio de Seguridad de la Nación, entre los legajos policiales, sirvieron de base a una investigación de la Unidad Fiscal Federal platense. La nota donde un jefe pidió el ascenso de sus subordinados, reveló una saga de crímenes cometidos en La Plata en octubre de 1977.

Un informe que estaba entre legajos policiales en el Ministerio de Seguridad de la Nación se convirtió en la base de una investigación para juzgar a seis expolicías. El documento era un pedido de “ascensos y felicitación para el personal de la delegación la Plata de la Policía Federal Argentina”, y detallaba con tono elogioso la participación de sus subordinados en una serie de crímenes en La Plata en octubre de 1977. Los funcionarios que hallaron esos papeles los enviaron a la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que iniciaron una investigación preliminar. Los hechos se corroboraron: se pudo identificar a cinco de las seis víctimas del raid del terrorismo de Estado. En marzo de 2013, el Ministerio Público Fiscal pidió la detención y el llamado a declaración indagatoria de los seis expolicías y del único prófugo en la causa, el subcomisario Emilio Alberto Rimoldi Fraga.

El requerimiento de elevación a juicio se presentó el viernes ante el juez federal Humberto Manuel Blanco. Los acusados son el ex comisario y ex jefe de la Delegación La Plata de la PFA, Martín Eduardo Zuñiga (82 años); el ex inspector Rafael Oscar Romero (64); el ex sargento Horacio Alfredo Ortiz (69); el ex cabo Roberto Arturo Gigli (67), también ex integrante del Personal Civil de Inteligencia del Ejército, y dos ex cabos 1° José Carlos Sánchez (64) y Jorge Alberto Blanco (67). Completan la lista los fallecidos Carlos Omar Gómez y Adalberto Abel Maciel.

El informe que sirvió de base a la investigación está firmado por Zúñiga y apareció en los legajos de los agentes. El ascenso se pedía en función de la entonces vigente ley orgánica en esa fuerza, que econocía a los que llevaran a cabo “actos de arrojo o de habilidad profesional, cuyas consecuencias sean de gran importancia moral o material”.

La cacería

Al “Negro Carlos” lo capturó la Policía Federal, en septiembre de 1977 en la Capital Federal. Después de tomarle las huellas digitales, los agentes pidieron asistencia y más información sobre el detenido a sus hombres de la Delegación de La Plata. Desde ahí les informaron que era Juan Carlos Rodríguez, de 26 años, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y que tenían “sumo interés en esta persona porque por él se podía llegar a la cabeza de la columna 27 de la B.D.S. MONTONEROS”, en la jerga represiva, “Banca de Delincuentes Subversivos”. Rodríguez era integrante de la secretaría militar de la columna 27 de Montoneros.

La cacería se desató en la medianoche del 11 de octubre de 1977, cuando un grupo de federales porteños del área de Inteligencia, llegó a La Plata. Desde la Delegación de la Policía Federal platense pidieron refuerzos y zona liberada. Radiaron el mensaje al Área Operacional de la Subzona 113 y al Destacamento de Inteligencia Militar 101: esas dos dependencias controlaban la represión en la ciudad de las diagonales y los estudiantes. Fue el principio de una gira represiva que terminó con tres muertos, tres desaparecidos y el robo de bienes de militantes. Los pormenores se detallaron en un informe policial, donde se pidió el ascenso para los que participaron de ella.

El paso siguiente lo dio otro grupo formado por federales porteños y platenses: el jefe Martín Eduardo Zúñiga, el inspector Rafael Oscar Romero, el sargento Horacio Alfredo Ortiz, el cabo Roberto Arturo Gigli, los cabo 1° José Carlos Sánchez y Jorge Alberto Blanco, los Carlos Omar Gómez y Adalberto Abel Maciel. A las 5:30 llegaron al domicilio del “Negro Carlos”, en la esquina céntrica de las calles 7 y 43. Según la información que manejaban, el militante detenido debía reunirse con “Tito”.

Entraron a la fuerza a lo del “Negro Carlos”, balearon a “Tito” y evitaron que se tomara la pastilla de cianuro, guardada en una cajita de fósforos. La organización Montoneros había distribuido esas pastillas entre sus militantes para evitar que fueran detenidos con vida y se produjeran delaciones bajo tortura. “Tito” era Juan José Libralato y fue “hábilmente interrogado”, según el informe policial que 37 años después analizaron los fiscales de La Plata, Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández, quienes pidieron la elevación a juicio oral.

En la mesa de tortura, los policías lograron la dirección de la casa de Libralato, quien tenía 23 años y había integrado el centro de estudiantes de la Facultad de Medicina de La Plata. Lo llevaron al centro clandestino de detención Club Atlético. Allí lo mataron pero su cuerpo nunca apareció.

En el mismo raid llegaron hasta la casa de “Tito”, en la calle 80 entre 31 y 32. Su esposa, Adela Esther Fonrouge, estaba embarazada y logró tragarse la pastilla al mismo tiempo que los agentes le dispararon en la cabeza. Después de dar vuelta la casa y según el informe policial, encontraron varios “elementos” escondidos en una “biblioteca con doble fondo”.

“En ese momento, quedó sin amparo en el lugar de los hechos la hija del matrimonio -de 6 meses-, hasta que fue auxiliada por los vecinos, quienes posteriormente se contactaron con los denunciantes -abuelos de la niña-, que a partir de entonces la tuvieron bajo su guarda”, relataron los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en su presentación. Ellos lograron identificar a “Tito” Libralato y Fonrouge al cruzar los datos del informe policial con las causas que tramitan en el Juicio por la Verdad, ante la Cámara Federal de La Plata, iniciado tras su desaparición con los habeas corpus interpuestos por las familias de ambos.

El cuerpo de Fonrouge fue exhumado en 2004 de una tumba NN del cementerio de La Plata y luego identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Pero hasta el año pasado, no se sabía quiénes habían sido los homicidas ni cómo intervinieron. Eso se pudo determinar gracias al informe policial que pedía el ascenso de los integrantes del operativo.

Poco después del mediodía del 11 de octubre del 77, cuando ya llevaban más de doce horas de cacería sistemática, fueron a la calle 64 entre 120 y 122, donde Rodríguez debía encontrarse con “Ceferino”. Se trataba de Juan Oscar Cugura, de 31 años, “responsable” de Rodríguez en la organización. Su cuerpo también fue identificado por la Cámara Federal platense treinta años después a través de la exhumación y el peritaje de ADN realizados por el EAAF.

El grupo de policías fue después hacia un domicilio en la calle 160 entre 48 y 49. Buscaban al “boliviano”, un carpintero de Montoneros que -según habían averiguado- se dedicaba a la confección de “embutes” o “berretines” . No lo encontraron pero se llevaron a su pareja, Irma Guzmán de Arteaga. En el informe dejaron constancia de que la llevaron de regreso a Capital Federal. Guzmán de Arteaga está desaparecida.

Dos días más tarde, el 13 de octubre de 1977, montaron una ratonera a las ocho de la mañana en el edificio de la administración pública provincial, en calles 32 y 23. Sabían que allí Libralato debía reunirse con otro militante apodado “Jorge” o “La Chancha”. Lo identificaron y lo balearon. “Al acercarse el personal policial, se establece que se encuentra aún con vida, perdiendo abundante sangre de la cabeza con pérdida de masa encefálica. Inmediatamente se procede al traslado al Hospital Naval de ésta ciudad a fin de poder salvar su vida pero el D.S. (delincuente subversivo) deja de existir en el trayecto”, escribieron en el informe.

El último crimen incluyó a una víctima que sobrevivió esa misma noche. A las 20:45, los policías asaltaron una casa en 4 bis y 515, en Ringuelet. Entraron cuando Mauricio Emeraldo Mansilla se sentaba a la mesa para cenar junto a su familia: irrumpieron a los gritos, revisaron la casa, robaron varios objetos, se comieron la cena y se llevaron a Mansilla. Poco después, lo dejaron en el Área Operacional 113, cuya jefatura estaba en el Regimiento 7 de Infantería.

Unos días más tarde, Zúñiga se encargó de responder desde la Policía Federal el habeas corpus presentado por la familia de Mansilla ante el juez federal y militar, Héctor de la Serna. “No se encuentra detenido en Dependencias de esta Policía Federal Argentina”, escribió Zúñiga. Algo era cierto: Mansilla estaba siendo torturado en el centro clandestino conocido como “La Cacha”, que funcionaba a metros de la cárcel de Olmos, en las viejas instalaciones de la antena de Radio Provincia.

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