Infojus: Quinto juicio a María Julia por la transferencia irregular de 214 hectáreas
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Quinto juicio a María Julia por la transferencia irregular de 214 hectáreas
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-06-03 | Por: Natalia Biazzini | Fecha de captura:: 2016-01-14 00:54
La causa es por peculado y tiene una pena de hasta diez años de prisión. La ex funcionaria menemista por la transferencia irregular de 214 hectáreas que pertenecían a Radio Nacional y quedaron en manos de Telecom, después de la privatización de Entel. Ahora esas tierras forman parte del country Santa Bárbara de Tigre.
María Julia Alsogaray llegó esta mañana a Comodoro Py para afrontar un juicio por el delito de peculado ante el Tribunal Oral Federal Nº6. De saco, chalina y cartera roja, entró a la sala de audiencias acompañada por Pamela Bisserier, su defensora en éste y los juicios anteriores. Hoy se empezó a juzgar a la ex funcionaria menemista por la transferencia irregular de 214 hectáreas que pertenecían a Radio Nacional y quedaron en manos de la empresa Telecom, después de la privatización de la telefónica estatal. Ahora esas tierras forman parte del country Santa Bárbara de Tigre.
El delito de peculado consiste en “sustraer caudales o efectos” que estuvieran bajo custodia del funcionario público. Según el Código, tiene una pena de hasta diez años de prisión. Los otros dos imputados en el proceso son Ricardo Jaime Fox, ex gerente de contralor y auditoría de la ex Entel, y Gustavo Albano Abreu, que como representante del Estado nacional firmó la escritura. Al iniciarse el juicio, cuando los jueces permitieron a los medios de comunicación que tomen fotos, se cubrió la cara con unos documentos.
El juicio está presidido por José Martínez Sobrino y lo acompañan Patricia Mallo y Eduardo Fernández. La fiscal del juicio es Sabrina Namer y la querella, la Oficina Anticorrupción, que denunció el hecho en 2000. Pasadas las 10.50, se leyó la elevación a juicio oral contra María Julia. El requerimiento había sido redactado por el actual ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quién actuó como fiscal entre 1993 y 2004 y después como juez federal hasta 2007. Se espera que declaren alrededor de 60 testigos.
En el requerimiento de elevación a juicio se mencionó que María Julia reconoció en su indagatoria oral no haberle otorgado a Fox ningún poder especial. “No es creíble que se hubiera desentendido de semejante transferencia durante su gestión”, señaló el texto de Montenegro.
Dos horas después de comenzado el juicio, María Julia se sirvió un vaso de Coca Light. Solo quedaban en la sala las partes interesadas, el resto del público se había ido.
La defensa de Fox desistió de la convocatoria de siete testigos, pero solicitó la incorporación de un testigo, de profesión ingeniero, especialista en peritajes. También pidió una inspección ocular en los terrenos. La defensas de María Julia y de Abreu estuvieron de acuerdo en realizar la inspección ocular. La defensora Bisserier le transmitió al tribunal el pedido de María Julia: “Lo que más le interesa es la búsqueda de la verdad”.
La próxima audiencia será el martes 10. Ese día el Tribunal hará una inspección ocular en los terrenos de Pacheco.
Cuatro juicios, tres condenas
De los cuatro juicios terminados, María Julia suma tres condenas pero permanece en libertad porque las sentencias se encuentran en proceso de apelación y no están firmes. En el 2004 fue condenada a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito. Ya estuvo detenida y la justicia remató su petit hotel de cuatro pisos en el barrio de Recoleta para restituir al Estado la suma de 3,2 millones de pesos. En abril del 2013 fue condenada por segunda vez, esta vez a cuatro años de prisión por actos de corrupción en contratos que firmó como secretaria de Recursos Naturales con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
El año pasado fue absuelta en un juicio por defraudación en el plan de manejo del fuego cuando fue secretaria de Medio Ambiente, por prescripción de la acción penal. El 21 de abril pasado, el TOF 6 - conformado por otros jueces- condenó a Alsogaray a cuatro años de prisión por el mismo delito de “administración fradulenta”, pero en ese caso por la firma de contratos de fin de obra durante la misma privatización de la ex Entel.
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