Infojus: Crónica de un desalojo fallido

Unos 2000 miembros de la Metropolitana llegaron a la toma ayer a las 17.30. Un jefe policial les leyó a los ocupantes la orden de desalojo. Y les advirtió que tenían media hora para irse del lugar. Finalmente, el juez aceptó un cuarto intermedio y el desalojo se suspendió.

La Policía Metropolitana debía ayer, antes de las 19, liberar el predio de Villa Lugano ocupado por personas sin viviendas desde el lunes, según lo dispuso el juez Gabriel Vega. Unos 2000 miembros de esa fuerza llegaron al lugar a las 17.30. Un comisionado de la Metropolitana les leyó la orden de desalojo. Al finalizar, les advirtió: ”Estamos ante la presencia de un delito y la policia Metropolitana tiene la obligacion de cumplir la orden del juez. Les damos media hora para desocupar pacificamente el predio”. Los ocupantes del predio, colgados en el alambrado, entonaban el Himno argentino. Finalizado el tiempo de espera, el desalojo se suspendió. El juez Vega aceptó un cuarto intermedio.

Ahora se espera una nueva instancia de diálogo que permita resolver la situación habitacional de las cientos de personas que ocupan el lugar desde el pasado lunes. Los legisladores de la oposición presentes en el lugar instaron a discutir el miércoles la problemática de la falta de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires.

A cien metros del predio ocupado, más temprano se veía a unos 200 efectivos. También un camión hidrante, seis camionetas patrullas y una retroexcavadora. Poco antes de las 19, la gran mayoría de los vehículos se fueron. La mayoría de los policías no están identificados. La tensión en el lugar atraviesa a todos: ocupantes, funcionarios, fiscales. Un grupo legisladores que está en la zona se acercó a los uniformados recién llegados y les dijeron a los jefes policiales: “A un acto de desesperación no se les puede responder con el Código Penal”.

Eran gente con cara descubierta, de todo tipo de edades. Se veían muchos niños, bebés en brazos, también adolescentes. Estaban agrupados en los bordes del predio. “¡Queremos respuestas!”, gritaban en el alambrado. También contra el jefe de gobierno: “¡Macri, querido, vos sos un asesino!”

“Nosotros queremos un nuevo diálogo. Les pedimos ayuda a todos.Yo no quiero volverme a mi casa con un familiar o un amigo muerto por un pedazo de tierra”, dijo uno de los ocupantes, Marcelo.

El CELS había exhortado a las autoridades políticas de la ciudad y de la Nación, y a la justicia porteña, a encarar las negociaciones necesarias para suspender el desalojo ya que no se han cumplido las condiciones especificadas en la orden del juez Vega”. “Es necesario generar los canales para encontrar una salida pacífica a la toma iniciada el lunes 24 de febrero en terrenos aledaños a la Villa 20. Es obligación de las autoridades garantizar la vida y la integridad de las personas que allí se encuentran”, señalaron a través de un comunicado.

Y agregaron: “La toma de dichos terrenos es un emergente más del déficit habitacional histórico en la zona sur de la ciudad, que no ha tenido una respuesta efectiva en años de conflicto, perpetuándose las situaciones de hacinamiento y el cobro de altísimos alquileres que comprometen seriamente la calidad de vida de los vecinos de la zona. El terreno en cuestión estaría afectado a un plan de urbanización de la Villa 20 que fue aprobado hace casi 9 años en la Legislatura porteña, y que aún no ha sido implementado (Ley 1770 del 11 de agosto del 2005).”

En su fallo de ayer el magistrado decidió que los fiscales Carlos Fel Rolero Santurian, Luis Cevasco, Gabriel Unrein y Javier López Zavaleta, procedan al “allanamiento y liberación” del predio de Avenida Fernández de la Cruz entre las calles Pola y Escalada. También determinó “el desalojo de sus ocupantes y la restitución al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

El juez especificó cómo debe llevarse adelante el desalojo:

-La medida debe concretarse “en el horario diurno y en condiciones meteorológicas normales”.

-La cantidad de personal de las fuerzas de seguridad que lleven a cabo el desalojo “debe ser proporcional a la cantidad de ocupantes del predio”.

-El personal policial que participe “debe identificarse en forma previa” y el desalojo “deberá quedar registrado en soporte fílmico”, dijo el juez.

-El procedimiento deberá ser llevado a cabo por los efectivos de la Policía Metropolitana que los fiscales “determinen necesarios, tanto para garantizar el mismo como para evitar otras ocupaciones del predio en cuestión”.

Para concretar el operativo, el juez determinó que se debían tener en cuenta las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que estipula que se brinde a las personas desalojadas alternativas para tener un lugar para vivir. En ese sentido, Vega decidió que deben involucrarse una serie de organismos del Gobierno porteño para dar respuestas concretas, quienes si no se presentan pueden incurrir “en el delito de desobediencia”.

Estaban citados por el juez la Dirección General de Atención Inmediata del GCBA, a través del Programa Buenos Aires Presente (BAP) “a efectos del ofrecimiento de las instancias de atención social y derivación de los distintos programas con los que cuenta”. También la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias para “realizar las tareas pertinentes para el caso de que existan peligros de derrumbe que pongan en riesgo a los ocupantes a desalojar y personal interviniente en el procedimiento y para proceder al traslado de animales y efectos en general”.

Según el fallo, el SAME también debía “asistir a las personas que requieran atención médica”, como el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “a efectos de asistir a niños solos o sin adulto responsable”.

Además, el magistrado decidió que estuviera la Dirección de Minorías y sus Garantías “a fin de garantizar que se cumplan los estándares básicos de derechos y garantías de las minorías”.

En su dictamen, Vega señaló que “al margen de que se discuta el grado de contaminación de los suelos donde actualmente se encuentran asentados los ocupantes, no está controvertido que se trata de tierras que requieren un saneamiento ambiental”.

Recordó que “existe una sentencia firme del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 4 de la Ciudad que condenó al GCBA, entre otras cosas a realizar esas tareas de reparación, incluso a pedido de la Defensoría Oficial y del Asesor Tutelar de ese fuero, que a la fecha batallan tenazmente para el cumplimiento de esa manda judicial”.

Previo al desalojo, la mayoría de los participantes de la toma expresaron su voluntad de resistir pacíficamente. Uno de los voceros, Marcelo, propuso “aferrarse a un tronco, una chapa” y a tomarse de las manos. “Que la violencia la generen ellos, nosotros no”, dijo. “El plomo por el que van a morir no es el del suelo, es el de las balas que van a tirar”, advirtió Marcelo. A los participantes les preocupaba la cantidad de efectivos de la Metropolitana que podían llegar a intervenir en el operativo. Como estrategia alternativa, una parte de ellos acordó convocar públicamente a un abogado que estuvo en otra toma para que los representara.

Informe: Franco Lucatini, Gustavo Ahumada, Laureano Barrera y Matías Máximo.

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