Infojus: Las denuncias contra un supuesto método para tratar el cáncer

Es el tratamiento que publicita el médico Ernesto Crescenti, que fue sancionado el año pasado por el ANMAT por irregularidades en los análisis clínicos. Ya en 1999 estuvo involucrado en un caso de medicamentos contaminados. El instituto dice que ya atendió 400 mil pacientes y que tiene sucursales en Argentina, España y Canadá.

En internet y otros medios proliferan las publicidades de medicamentos, algunos sin autorización, para tratar enfermedades y disminuir el dolor en pacientes terminales. Ante la desesperación de los familiares o de ellos mismos, se pagan fortunas en tratamientos de dudosa eficiencia. Algunos llegan a la Justicia, como el caso del Vescozul, presuntamente formulado como veneno de serpiente. Otros, se hacen conocidos por mensajes de “pacientes agradecidos”, violando las leyes de ejercicio de la medicina. Uno de los tratamientos cuestionados es el del “Instituto del Dr. Ernesto Crescenti”, sancionado hace menos de un año por irregularidades en los análisis clínicos.

“No voy a hablar mal de un colega, pero te sugiero que no lo hagas”. Fue lo que le dijo una reconocida oncóloga, que prefiere mantener su identidad reservada, a una paciente que preguntó por el tratamiento de Crescenti. La mujer, que padece un cáncer renal, había escuchado hablar del tratamiento alternativo porque su primo y otros dos conocidos lo habían hecho. Crescenti se los había presentado como un “paliativo” para acompañar la quimioterapia, y por los medicamentos les cobraba unas sumas altísimas. Ambos fallecieron, seguros de que el método les había disminuido el dolor.

Agostina Di Stefano, de 31 años, también tuvo contacto con el tratamiento Crescenti. “Lo conocí en 2006, por una amiga de mi tía que tenía un cáncer terminal”, contó a Infojus Noticias . Desde el primer momento, el “método” le generó desconfianza. “Fui a buscar la medicación ahí en Córdoba y Gallo, porque la paciente vivía en Montevideo y venía a buscarlo a Buenos Aires. Lo que me dieron era una cajita de zapatos con frasquitos con unas etiquetas como de escuela. Adentro tenían como una agüita. Habían salido una fortuna”, recuerda.

Di Stefano supo después que su propia abuela estaba enferma de cáncer y que se había empezado a atender en el Instituto de Crescenti. “Primero le dijeron que tenía anemia y que se la iban a curar. Después, cuando supieron que era leucemia, le dijeron que la harían sufrir menos”, contó. Era 2010 y a su abuela le cobraban 450 pesos la consulta. Sólo podía ser privada, ya que no atendían por obra social. Para 2012, año en que finalmente su abuela falleció, el Instituto le cobraba 650 pesos por mes sólo por el medicamento. La consulta era aparte. Los frasquitos, que venían sin prospecto, los habían mandado a hacer a una farmacia homeopática. “Yo creo que fueron y quisieron creer. Nunca te explicaban bien qué tenía, era medio chamánico. Unas gotitas tres veces por día”, contó la mujer.

En 1999, Crescenti estuvo involucrado en un caso de medicamentos contaminados. Se vendían en la misma farmacia donde los vende hoy, Hygieia, y estaban impregnados de una bacteria que conlleva riesgo de muerte superior el 50 por ciento de los casos. Se trataba de ampollas inyectables, muchas de las cuales no tenían siquiera un rótulo identificatorio.

En febrero del año pasado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) multó a Crescenti con la suma de 50.000 pesos por irregularidades en el ensayo clínico del medicamento, además de imponerle una sanción de 150.000 pesos a la firma Walni SA que debía realizar el estudio. El análisis apuntaba sólo a corroborar potenciales efectos adversos del medicamento inyectable en personas sanas. Es decir, que ni siquiera buscaba comprobar la eficiencia de la presunta medicina.

La AMNAT realizó investigaciones en el Instituto, de la que resultaron “observaciones con respecto a incumplimientos al protocolo”, como falta de un servicio de internación ante la posibilidad de efectos adversos, o la utilización de una versión del “Consentimiento Informado” no homologada. Aún más grave, se encontraron muestras numerados de manera no correlativa, o directamente la falta de rotulación que permitiría identificar las muestras utilizadas en cada paciente.

**En la página web de Crescenti **se habla de unos “400.000 pacientes” que recibieron el tratamiento y de más de 25 años de experiencia. Según se indica allí, tienen unas quince sucursales en todo el país, además de una en España y otra en Canadá. “El tratamiento inmunomodulador del Dr. Ernesto Jose Vicente Crescenti® es lo más cercano al tratamiento ideal”, afirman, y se refieren a la “actividad científica” del instituto, a laboratorios de biología molecular y hasta a un “albergue de ratones nude”. En el anteúltimo párrafo de la presentación, al final de la página, aclara que el tratamiento es el resultado de la “combinación de elementos homeopáticos”.

Infojus Noticias se comunicó con el Instituto, donde informaron que el medicamento se hace con “oligoelementos y fosfolipasas”, derivados de venenos de animales, y que se trata de un producto farmacéutico “no homeopático”. Se consigue, según explicaron, en la farmacia Hygieia, de Cabrera 3299.

En la web oficial hay un link que dice “Sumáte: testimonios de personas que superaron enfermedades gracias al tratamiento”. El botón conduce al Facebook de “Agradecidos al Dr. Ernesto Crescenti”, donde distintas personas dejan sus dudas y comentarios respecto al tratamiento. “Hemos dejado atrás la pesadilla del cáncer, esclerodemia, artritis, leucemia y tantas otras enfermedades crueles y queremos contárselo al mundo con testimonios reales”, indica la portada de esa página de Facebook.

Si se tratase de un producto estándar, el vínculo a ese link podría inducir a creer que se trata de una publicidad engañosa. Pero se trata de la salud, y la Ley de Ejercicio de la Medicina, la 17.132, es un tanto más estricta: en su artículo 20, inciso 14, prohíbe a los médicos “publicar cartas de agradecimiento de pacientes”. En el Facebook, algunos de los comentarios llaman la atención. Una mujer pregunta si “se puede hacer el tratamiento sin que el paciente sepa el diagnóstico”. El administrador de la página le responde: “Quizás podría ir un familiar y llevar los estudios del paciente para que no se entere y darle el tratamiento sin que sepa… eso lo deberias hablar con el medico del instituto.”

La desesperación y la razón

La desesperación de miles de pacientes es terreno fértil para estafadores. En internet y distintos medios se prometen resultados exitosos para medicamentos que no cuentan siquiera con habilitaciones. En septiembre del año pasado, un caso parecido llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver una cuestión de competencias. Se trataba de un presunto medicamento contra el cáncer que se vendía por internet y que, al igual que el de Crescenti, estaría elaborado con veneno de serpientes y escorpiones.

La investigación la promovió el Instituto Nacional de Medicamento (INAME), pero la Justicia nunca pudo contar con una muestra del medicamento investigado porque los locales comerciales siempre estaban cerrados. En su fallo, la Corte ordenó que la causa pase a la justicia Federal y pidió que se insista con la búsqueda, ya que “no puede descartarse que los hechos que se denuncian hubiesen comprometido la salud pública vulnerando tanto la ley de medicamentos como la de marcas”.

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. El tratamiento se conoce bajo el nombre de “Ibion-Vesam-Vescozul”. Fuentes con acceso al expediente explicaron que la causa está en trámite y que se están llevando a cabo “tareas de inteligencia”. Está caratulado como “N.N. sobre suministro infiel de sustancias medicinales”, que es como llegó desde la Cámara, pero por el momento no pudieron probar ningún extremo. “Estamos en la etapa de determinar si ocurrió ese delito, pero las últimas tareas que hicimos nos dieron negativas”, señalaron.

El Código Penal sanciona este tipo de comportamientos a partir de su artículo 200, sobre delitos contra la salud pública. Generalmente, la venta de medicamentos adulterados o sin autorización trae aparejado el ejercicio ilegal de la medicina, penado por el artículo 184 con quince días a un año de prisión. A veces, las personas involucradas son más de una, dependiendo si lo produce el mismo médico o una farmacia. Normalmente, ambos delitos culminan en concurso real o ideal con una estafa al paciente.

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