Infojus: Alak encabezó la cuarta reunión del Consejo Federal de Justicia

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación recibió a los ministros de Justicia provinciales. La participación de las justicias provinciales en la lucha contra el narcotráfico fue propuesta mayoritariamente por los funcionarios. Hoy, la investigación, el juzgamiento y la sanción de esos delitos es responsabilidad de la justicia federal.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, recibió esta tarde a los ministros de Justicia de todas las provincias, en el marco de la Cuarta Reunión de la Asamblea del Consejo Federal de Justicia (COFEJU). En la reunión, llevada a cabo en el Hotel Hilton de esta capital, Alak estuvo acompañado por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y miembros de su gabinete, que expusieron ante los funcionarios provinciales los principales lineamientos de la gestión ministerial.

La participación de las justicias provinciales en la lucha contra el narcotráfico fue propuesta mayoritariamente por los ministros de Justicia. Hasta el presente, la investigación, el juzgamiento y la sanción de los delitos vinculados al narcotráfico es responsabilidad de la justicia federal, pero la ley 26.052 de 2005 permite que, por vía de adhesión de las legislaturas, se sumen a esta lucha las justicias provinciales.

Por el momento, sólo ha adherido a esta normativa federal la provincia de Buenos Aires, que, a partir de esa decisión, ha sumado más de 60 fiscales especializados y 100 jueces de garantías al combate del tráfico de drogas ilícitas. En la actualidad, la población de las unidades penales bonaerenses está compuesta en un 10 por ciento por condenados por tráfico y comercialización de estupefacientes que fueron juzgados por el Poder Judicial de la Provincia.

Esta experiencia ha llevado a que otras provincias estén trabajando en pos de la adhesión a la ley nacional, entre ellas Salta -que adhirió recientemente-, Chaco y La Pampa. La opinión mayoritaria de los ministros de Justicia, expresada en el encuentro de hoy, fue a favor de promover que las provincias se comprometan con este desafío para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Y para que, de esa manera, gran parte de los 2.100 fiscales de los poderes judiciales provinciales puedan unir esfuerzos con los 183 fiscales federales.

La Ley federal Nº 26.052 fue sancionada por el Congreso de la Nación el 27 de julio de 2005. En su artículo segundo, establece que “los delitos previstos y penados por esta Ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires que, mediante ley de adhesión opten por asumir su competencia” en esta  materia.

_Fotos: Mariano Armagno.

Proteger la paz social

 

Al respecto, Alak sostuvo que “la actuación de las justicias provinciales en delitos vinculados al narcotráfico, si bien se limita a casos menores de comercialización y tráfico, permite llegar, desde ese eslabón inferior de la cadena delictiva, a importantes organizaciones criminales, colaborando así con la Justicia federal”.

El funcionario destacó que, “además, la lucha contra el narcotráfico genera un impacto muy positivo en el combate del lavado de activos, porque permite el decomiso de los bienes provenientes de actividades ilícitas que están en propiedad de los narcotraficantes”.

En otro orden, los ministros de Justicia de todo el país y las autoridades nacionales avanzaron en la coordinación de acciones destinadas a prevenir y sancionar eventuales casos de saqueos que pudieran producirse en los próximos días.

“Están activados los mecanismos necesarios para proteger la paz social, los bienes y la integridad de los ciudadanos”, dijo Alak, y fue enfático al subrayar que “los responsables de saqueos y delitos de alteración del orden público como los que se registraron este mes en distintos puntos del país deben ser imputados, procesados y sancionados por la Justicia, con el agravante correspondiente cuando estuvieren involucrados funcionarios de las fuerzas de seguridad”.

Las reformas pendientes

Durante la apertura, Alak agradeció especialmente la participación de los ministros provinciales y destacó la necesidad de realizar estas asambleas, sobre todo en momentos en los cuales las carteras de justicia deberán llevar adelante actualizaciones normativas ante la probable aprobación de la reforma del Código Civil durante el año próximo. Además de esa reforma, Alak señaló que “la Nación tiene dos desafíos importantes en los que las provincias han sido pioneras. Por un lado, la necesidad de que la Nación tenga un Código Procesal Penal Acusatorio”.

Al respecto, resaltó que “son varias las provincias que pueden aportar en este sentido, ya que Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y ahora Salta, ya cuentan con experiencia en materia procesal. Por eso creemos que esa riqueza hay que aprovecharla”. El otro de los proyectos en el que el Ministerio de Justicia tiene especial interés en avanzar, es la creación de un Código Contencioso Administrativo, para “proteger al Estado de la avaricia privada”, explicó el ministro.

Seguidamente, Julián Álvarez expuso ante los presentes cuáles fueron los principales cambios introducidos en el proyecto de reforma del Código Civil, que será tratado en el congreso el próximo año.

Una vez concluida la exposición, se continuó con la agenda prevista, en la que distintos funcionarios del Ministerio de Justicia de Nación, del Servicio Penitenciario Federal y de otros organismos, explicaron los procedimientos desarrollados en materia de democratización y descentralización de la justicia, en desarme civil, y en políticas registrales, entre otros ejes.

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