Infojus: Las causas judiciales a tres años del desalojo del Indoamericano
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Las causas judiciales a tres años del desalojo del Indoamericano
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2013-12-09 | Por: Milva Benitez | Fecha de captura:: 2016-01-21 19:06
La causa donde se investiga el violento operativo policial que dejó tres muertos y seis heridos está estancada. No obstante, la justicia porteña avanza en la investigación por “usurpación” contra los referentes sociales Diosnel Pérez y Luciano Nardulli, y se está por llegar a juicio oral.
En diciembre de 2010, Bernardo Salgueiro, un joven paraguayo de 22 años que vivía en la Villa 20, y sus vecinos, Rossemary Chura Puña y Emiliano Canaviri Álvarez, oriundos de Bolivia, murieron cuando unos 200 efectivos de la Policía Federal y 250 de la Metropolitana participaron de un operativo para desalojar a cientos de familias que habían improvisado precarias construcciones en reclamos de viviendas en el Parque Indoamericano, en el sur de la capital porteña.
Esta semana, al cumplirse tres años de la violenta represión, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que asiste a la familia de Rossemary, lamentó que la causa en la que se investiga el operativo policial avance “con lentitud”. Sin embargo, en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la instrucción por usurpación contra Diosnel Pérez y Luciano Nardulli (CCC), los referentes sociales que en medio de la crisis “resultaron clave para lograr canales de diálogo con las autoridades políticas”, está pronta para llegar a juicio oral.
Diosnel llegó a la Villa 20 hace poco más de treinta años, desde Itauguá a unos 40 kilómetros de Asunción. “Cuando llegué de Paraguay me bajé en la Villa de la Richierri, donde Viviana vivía con su mamá, ahí la conocí y ya llevamos 28 años juntos”, recordó sobre la mujer con la que tuvo 5 hijos. “Unos dos años después, ya no había más lugar y cuando se empezó a armar la Villa 20, en el sur, nos vinimos a buscar un rinconcito”, explicó Diosnel.
Esta mañana, mientras llevaba a uno de sus 9 nietos a la escuela, Diosnel habló con Infojus Noticias. Está enojado y dolido. No es la primera vez que pretenden involucrarlo en una denuncia penal, para poner freno a su actividad como delegado del Frente Darío Santillán en el barrio. En 2005 la justicia porteña le abrió una causa “por contaminación por la quema de gomas, en la vía pública, enfrente de Jumbo”. Los vecinos reclamaban que sacaran de allí un “cementerio de autos” que enferma a los chicos de la villa. Uno de los nietos de Diosnel que vive a dos metros de allí está internado hace 15 días con pulmonía. “No nos vamos de ahí, porque no tenemos dónde ir”, se adelantó a decir.
Ahora, cinco años después, la crisis habitacional en la zona del Indoamericano, donde se concentra la mayor cantidad de población por debajo del índice de pobreza y el más alto porcentaje de hogares hacinados en la ciudad de Buenos Aires, lo puso frente a un nueva causa penal. “Ese día llegábamos del Parque Pereyra Iraola, en La Plata, cuando nos enteramos de la toma. Primero, quisimos alcanzar agua y comida pero como no había nadie que se hiciera cargo, terminamos ayudando para las negociaciones”, dijo a Infojus Noticias. Su intervención fue funda metal para encausar el conflicto, y como contracara cosechó un procesamiento por usurpación junto a Luciano Nardulli, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa. La causa contra los dos dirigentes está ahora en el Tribunal Superior de Justicia porteño, que debe decidir una cuestión de competencia entre jueces y quedan a un paso de ser llevado a juicio oral.
La causa por las muertes en el Indoamericano
En diciembre de 2012, después de analizar las pericias, videos y testimonios, el fiscal Sandro Abraldes, concluyó que la Policía Metropolitana había sido responsable de los disparos mortales y de las heridas -con el mismo tipo de proyectiles- que sufrieron otras seis personas. “A los oficiales de la Federal los imputé porque estuvieron a cargo del operativo e infringieron el deber de vigilancia que les correspondía”, explicó Abraldes a Infojus Noticias, y concluyó que ambas fuerzas “coordinaron acciones y repartieron funciones” en la comisaría 52.
En abril pasado la jueza Mónica Berdión de Crudo –a instancias del fiscal– llamó a indagatoria a 33 efectivos de la Metropolitana por el delito de “homicidio en agresión” y a 12 policías Federales por “homicidio y lesiones imprudentes”. Es probable que antes de fin se concreten la totalidad de las declaraciones, a las que se sumaron, por lo menos, las de “otros 10 agentes de la Metropolitana”, explicó Abraldes. El fiscal amplió los pedidos de indagatorias, a partir de cruzar nuevas pruebas y las declaraciones de los convocados inicialmente.
La imputación es por homicidio en agresión en el caso do los policías de la Metropolitana porque no es posible determinar el autor individual, explicaron fuentes cercanas a la investigación. “Para poder saber qué escopeta disparó, es necesario por tener 5 o 7 de los 9 balines que lleva cada cartucho de escopeta. En este caso fue imposible encontrarlos”, dijo Abraldes.
Lo que está probado para el fiscal es que durante el violento desalojo del Parque Indoamericano, el 7 de diciembre de 2010, Rossemary y Bernardo fueron alcanzados por balas de plomo calibre 12 milímetros, compatibles con las escopetas de munición múltiple que usan las fuerzas policiales. Ese día, caía la noche sobre el parque cuando una bala alcanzó a Bernardo Salgueiro, cerca de una cancha de fútbol. Le dispararon desde el puente de la Avenida Escalada. A la mujer, oriunda de Bolivia, Rossemary Chura Puña, la mataron una hora más tarde, en la otra punta del predio. Según el plan orquestado para la represión, en esos lugares, con esa distancia temporal, el operativo estaba a cargo de División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), que comanda el policía Ricardo Ferrón.
La causa tuvo problemas para empezar. En diciembre de 2011, Abraldes ya había pedido la indagatoria de los efectivos y de la jueza penal porteña, María Cristina Nazar, que ordenó el desalojo. Pero el juez Eliseo Otero sobreseyó a todos los sospechosos; la situación se pudo revertir recién en mayo de 2012 cuando la Sala I de la Cámara del Crimen decidió apartar a Otero y dio el aval a la investigación de la fiscalía. La jueza Nazar quedó fuera del expediente, el fiscal había pedido que se la indagara por los delitos de “homicidios y lesiones imprudentes” y por “prevaricato” (esto es: por haber dado órdenes contrarias a la ley), porque fue “sumamente desaprensiva frente a las consecuencias” de su orden de desalojo.
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