Infojus: Caso Bulacio: la defensa del ex comisario Espósito pidió su absolución
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Caso Bulacio: la defensa del ex comisario Espósito pidió su absolución
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2013-10-24 | Por: Natalia Biazzini | Fecha de captura:: 2016-01-01 13:01
Pablo Argibay Molina pidió la absolución de Miguel Ángel Espósito. El ex comisario es el único imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad de Walter Bulacio. Para el abogado, la culpa la tiene el Poder Judicial. “Estoy enojado con los jueces”, señaló en su alegato.
Pasaron veintidós años desde el crimen de Walter David Bulacio, un caso que marcó una época y desnudó la brutalidad policial y la impunidad judicial. El homicidio quedó impune. El juicio oral por la privación ilegítima de la libertad está llegando a su fin. Hoy la defensa del ex comisario Miguel Ángel Espósito pidió su absolución y la nulidad del proceso. El único imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad de Walter Bulacio no estuvo presente en la audiencia de alegatos.
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29 de Capital Federal juzga la detención ilegal de Bulacio, cuando fue detenido en las inmediaciones del estadio Obras Sanitarias, antes de un recital de Los Redonditos de Ricota, por efectivos de la comisaría 35 y murió una semana después producto de un aneurisma.
En nombre de su asistido, Pablo Argibay Molina dijo que pediría el juicio político a la Corte Suprema por haber permitido la intromisión del Poder Ejecutivo en la causa. También adelantó que Espósito demandará al senador Aníbal Fernández por su rol en el expediente. En 2008, Espósito fue exonerado de la Policía Federal por iniciativa de Fernández.
La primera hora de su alegato, Argibay Molina lo dedicó a repasar algunos hitos judiciales del siglo XX y recordar aspectos de su trayectoria académica.
“Estoy enojado con los jueces”, empezó el abogado. Contó que cuando estudiaba Derecho trabajó de pinche en un juzgado, a principios de los ’60, y que sufrió varios episodios por los que sintió resquemor de la estructura judicial. Dijo que a sus superiores no les gustó una vez que él reclamó porque había una notificación mal escrita y eso le haría cumplir a la persona presa dos años más de condena. También relató que sus jefes lo retaron porque mientras tomaba declaración indagatoria a un detenido, el agente cebaba mate. Por estas cuestiones, Argibay Molina dijo que se fue del Poder Judicial y empezó su profesión como abogado.
La causa por la muerte de Bulacio prescribió en 2002 por demoras en la Justicia. La jueza que más tiempo tuvo el expediente fue Alicia Iermini, la responsable de que la causa prescribiera después de 17 pedidos de traslado. La querella en representación de la familia recurrió a los organismos internacionales en 1997 y en septiembre de 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado investigar la actuación de los funcionarios judiciales que participaron en la causa. También el organismo internacional ordenó indemnizar a la familia de Bulacio y declaró que la causa es imprescriptible por tratarse de un crimen de Estado con iguales características que los de lesa humanidad.
En 2004 la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la causa e indicó al Consejo de la Magistratura que analizara la situación de los jueces que declararon prescripta la causa.
Después del cuarto intermedio, el abogado miró directamente a los ojos a los tres jueces Rodolfo Goerner, María Deluca Giacobini y Alejandro Litvack. Mencionó que había incoherencias a lo largo del expediente: “Dicen que Espósito no estaba en la comisaría, pero sí estaba para pegarle a Bulacio”, sostuvo. “La primera vez que hubo algo de derecho en esta causa es con este tribunal”, elogió. Fue la única ponderación que hizo al Poder Judicial, porque siempre manifestó inoperancia y negligencia de parte del sistema.
Quienes detuvieron al joven en su momento invocaron el “memorando 40”, una disposición pergeñada por dos jueces correccionales en 1967, que autorizaba a las comisarías a no dar intervención a la Justicia por la detención de un menor de edad, siempre que no fuera por un delito, cuando el propósito era entregárselo a los padres.
“La culpa es de los jueces y del sistema. Los jueces permitieron la existencia del memorando 40 a durante tantos años”, sostuvo Argibay Molina a lo largo del alegato.
La semana pasada, el fiscal de juicio Horacio Fornaciari solicitó al Tribunal que el imputado sea condenado a dos años de prisión por el delito de “privación ilegal de la libertad”. Desde la querella, María del Carmen Verdú, había pedido una condena a seis años de prisión, el máximo de la pena para el mismo delito.
El abogado defensor cerró su alegato diciendo que el ex comisario ya sufrió demasiado con su salud producto de esta causa y que no es más que un “cabeza de turco”.
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