Infojus: Tres años sin Mariano Ferreyra

Hoy se cumplen tres años del crimen político de la década. Todavía no se sabe quién de la patota de la Unión Ferroviaria gatilló y terminó con la vida del joven militante del Partido Obrero. Pero su muerte no está impune. Después de dos años y medio, 14 personas recibieron su condena. Complicidad policial, coimas y adulteraciones de pruebas fueron algunos de los ingredientes de la causa judicial. Infojus Noticias reconstruye la historia.

 

El 20 de octubre de 2010 Mariano salió de su casa de Sarandí, al sur del conurbano, como tantas otras veces. Por un rato dejó la PlayStation, el charango y el acordeón para ir a un corte de vías en Barracas. Una de sus actividades principales era la militancia. Mariano lo hacía en el Partido Obrero. Ese mediodía el propósito era reclamar el pase a planta permanente de empleados tercerizados de la línea Roca. Mariano salió y no volvió más a la casa que compartía con su familia. Una patota armada bajo las órdenes de la Unión Ferroviaria había ido a parar el corte de vías. Tenían la complicidad de policías de la comisaría 30 de la Federal. Cuando los manifestantes se replegaron, la patota se abalanzó sobre ellos. Un tiro en el pecho detuvo la vida de Mariano a los 23 años.

Hoy se cumplen tres años del crimen político de la década. No se sabe quién gatilló y terminó con la vida del joven, pero su muerte no está impune. En dos años y medio, el caso llegó a juicio oral y obtuvo una sentencia histórica. El veredicto incluyó a la patota y a los policías implicados: un total de 14 condenas y tres absoluciones. “Fue Pedraza” decían las remeras negras y rojas del caluroso 19 de abril y el Tribunal Oral Criminal n°21 lo confirmó: el histórico líder de la Unión Ferroviaria recibió 15 años de prisión.

Desde el inicio de la instrucción, el sindicato intentó frenar el avance de la investigación. Apenas una semana después del crimen, cuatro personas bajaron de un auto con patente trucha frente a la Fiscalía Nº4, en Paraguay al 1500. “Ese día estaban velando a Néstor (Kirchner). Eran las diez de la noche y los cuatro tipos quisieron entrar en la fiscalía. Yo estaba sola y lo llamé a Julio Alak”, contó a Infojus Noticias la fiscal Cristina Caamaño. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (aún no se habían desdoblado  los ministerios), atendió el celular en las escalinatas de la Casa Rosada. Estaba entrando al velorio del expresidente. “’Ya mismo te mando a la policía’ me dijo el ministro. Desde ese día estuve con custodia”, recordó Caamaño.

Más adelante, Pedraza llevaría adelante otras estrategias para desvincularse del crimen. “Durante el juicio amenazaron testigos, quisieron coimear jueces y adulterar una prueba pero la Justicia accionó de  manera positiva”, explicó el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que fue querellante en el juicio, Maximiliano Medina.

Así la causa Ferreyra abrió una mamushka de procesos judiciales que lo tienen al sindicalista en el centro de las sospechas. Durante la investigación también se puso de relieve el manejo espurio de los fondos de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) que fueron desviados a la Cooperativa Mercosur, una empresa tercerizada que -después se descubrió- pertenecía a Pedraza.

Las principales causas judiciales del “plan de salvataje de Pedraza” son dos: la primera relacionada al tráfico de influencias y la segunda vinculada a la intervención del perito Jorge Locles que intentó deformar la bala que mató a Mariano.

Foto: Leo Vaca 

La causa por las coimas

A los pocos días del crimen, Caamaño recibió un llamado del entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández. “Me preguntó qué necesitaba y me ofreció la ayuda del gobierno nacional”, contó la fiscal. Ella habló con la jueza de Instrucción Wilma López. Después le devolvió el llamado al jefe de Gabinete: “Le pedí que nos habilitaran, a través de la Secretaría de Inteligencia (SI), la tecnología para realizar escuchas telefónicas en tiempo real”, explicó.

La jueza firmó el pedido de intervención de los teléfonos de Pedraza y de otros sospechosos. A partir de ese momento, cada vez que el líder de la UF marcaba un número o atendía un llamado, en las oficinas de la SI los investigadores escuchaban su voz.

La fiscal y la jueza fueron la sombra de Pedraza. Con las intervenciones detectaron llamados y mensajes de texto que, con mayor o menor encriptación, revelaron el plan de Pedraza, que aún no había sido imputado: lograr mediante sobornos que la Cámara de Casación revocara el procesamiento de siete matones de la UF detenidos. Buscaba debilitar la causa y así blindarse ante un avance en su contra.

Pedraza recibió en su contestador un mensaje del ex agente de inteligencia Juan José Riquelme que llamó la atención de los investigadores: “Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes”. El ex agente se refería a los 50 mil dólares que le iban a  la pagar al ex juez Aráoz de Lamadrid a cambio de su influencia en el sorteo de la sala de la Cámara Penal que revisaría los procesamientos. El ex juez hacía de intermediario entre la gente del sindicato y el “hombre de las teclas”: Horacio Ameghino Escobar, el encargado de digitar los sorteos en los tribunales.

El “hombre de las teclas” prometió y cumplió: en el sorteo salió la Sala III, integrada por los jueces de Cámara Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo. En un llamado, el ex agente de inteligencia informó al ex contador de Pedraza, Ángel Stafforini: “Escuche, sorteamos la Sala que nosotros dijimos que queríamos que fuera  y además lo hicimos en plena feria judicial fue a la Sala de los amigos que hemos elegido, bueh, donde está el amigo Eduardo como Presidente”. El “amigo Eduardo” era Riggi.

Aráoz de Lamadrid había sido secretario de Riggi en la Cámara de Casación. Era el juez al que apuntaban coimear. Riggi era un viejo conocido de Pedraza. En uno de los allanamientos a las oficinas del líder de la UF encontraron una agenda de 400 contactos tipeados a máquina. El único teléfono de un juez que había en esa lista era el de Riggi.

El soborno al juez nunca llegó a concretarse. Con el seguimiento de las escuchas, al estilo de la serie The Wire, los investigadores atraparon al ex contador de la UF en el momento en que llegaba al estudio del ex juez Aráoz de Lamadrid con 50 mil dólares recién sacados de una caja de seguridad de la sucursal Montserrat del Banco Galicia. Los “verdes” estaban ordenados en cinco fajos de cien billetes de cien dólares, en un sobre marrón rotulado “Octavio”.

La causa por las coimas espera una elevación a juicio para este año. En el banquillo de los acusados estarán Pedraza; su ex contador, Angel Stafforini, el ex juez federal Aráoz de Lamadrid; el ex agente de inteligencia Riquelme y Ameghino Escobar, “el hombre de las teclas”. También está procesada la apoderada del Belgrano Cargas y de la Cooperativa Unión del Mercosur, Susana Planas, quien habría acompañado a Stafforini a realizar los pagos. La mujer es una íntima amiga de la cuñada de Pedraza, Silvia Coria. Los negocios de los ferroviarios eran todos en familia.

“Riggi está afuera de la causa penal porque no hubo una investigación sobre él. Aunque todos los involucrados en la maniobra lo mencionaban en las escuchas”, explicó a Infojus Noticias Maximiliano Medina, abogado del CELS, representante de la querella de la familia Ferreyra.

Los jueces de la Sala III -Riggi, Mitchell y González Palazzo- no están procesados. El 11 de septiembre de 2012, el CELS denunció a Riggi ante el Consejo de la Magistratura por el intento de soborno y solicitó que se le inicie el proceso de remoción para que se determine su responsabilidad en los hechos.

Foto: Leo Vaca 

Locles y la bala que mató a Mariano

En septiembre de este año el Tribunal Oral 16 condenó al perito Roberto Locles por adulterar la bala que se extrajo del cuerpo del joven. Locles fue sentenciado a un año de prisión en suspenso y tres de inhabilitación. La defensa del perito apeló el fallo, que deberá ser revisado por la Cámara de Apelaciones.

Tanto la querella como el fiscal Fernando Fiszer vincularon la intervención de Locles en la junta de peritos del 22 de febrero de 2011, en la que el Licenciado en Criminalística golpeó sobre una mesa la bala, como un hecho relacionado a beneficiar a los principales imputados por el crimen. “El objetivo era alterar el curso de la investigación, seguir confundiendo. Se introdujo una nueva duda, una variable que no tenía que ver con el proceso”, dijo el fiscal durante el juicio.

La causa contra Locles fue otro de los intentos de salvarse de Pedraza que derivó en proceso judicial. Locles había sido convocado como perito de parte balístico por la defensa del ferroviario -ahora absuelto- Guillermo Uño, picaboletos de la Línea Roca. En este punto la causa del perito tiene un punto de contacto con el proceso por tráfico de influencias. El primer abogado defensor de Uño había sido Aráoz de Lamadrid.

El móvil económico

El crimen de Mariano desnudó un negocio basado en la tercerización laboral. Pedraza, en connivencia la Ugofe, obtenía una parte de los subsidios estatales destinados a pagar salarios y cargas sociales de los empleados tercerizados, quienes percibían una remuneración mucho menor que los empleados contratados en planta permanente.

Desde 2007 la Ugofe  tercerizaba servicios con diversas empresas por plazos de 90 días.La UF de Pedraza creó su propia empresa para tercerizar tareas: la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur. La empresa tenía 200 trabajadores que estaban fuera del convenio colectivo y facturaba hasta 10 millones de pesos por semestre. Sus empleados tenían salarios hasta tres veces menores que los empleados de planta que realizaban las mismas tareas. Sus administradores eran directivos de la UF y familiares de Pedraza.

El rédito que sacaba Pedraza tenía que ver con la contratación de trabajadores de la Cooperativa Unión del Mercosur. Además, así, mantenía la hegemonía política del gremio. Solo los trabajadores que eran planta podían participar del sindicato y la Lista Verde, que encabezaba el histórico gremialista.

Por eso, las querellas plantearon que el ataque del 20 de octubre de 2010 fue determinado por Pedraza y Juan Carlos Fernández, para impedir reclamos posteriores de los empleados tercerizados que amenazaran el negocio basado en la tercerización y para mantener el poder político. “Terminar con los tercerizados implicaba poner fin a un negocio de Pedraza”, explicó Caamaño.

Durante la investigación del crimen, la jueza Wilma López ordenó la extracción de testimonios para que se investigara el desvío de fondos en la Ugofe, lo que dio origen a otra causa penal que hoy tramita en el fuero federal.

El caso Ferreyra  es un ejemplo de cómo la justicia puede actuar con celeridad y de manera articulada. “Todo fue ejemplar en el proceso judicial.  Hubo voluntad política para garantizar la respuesta judicial. Se dieron procesos inéditos y todo fue rápido y eficiente. A pesar que en la sentencia uno puede no estar de acuerdo sobre algunos encuadres jurídicos. Al mes de la muerte de Mariano la investigación ya tenía definido el esquema de ataque. Cuatro meses después se tenía a Pedraza, Fernández y (Claudio) Arcolcel como responsables de la autoría intelectual”, opinó Medina.

El crimen fue una bisagra en la escena judicial nacional y en la vida política argentina. Mariano hoy es un poster, una pintada, una bandera, un recuerdo infinito para sus familiares y amigos pero también es una causa robusta y compleja que sacó a la superficie una histórica trama de negocios corruptos que excedían los 23 años en los que detuvieron la vida del joven militante

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