Infojus: Piden que los represores no se atiendan en hospitales militares

Fiscales federales platenses que intervienen en causas de lesa humanidad pidieron a un juez que rechace el amparo y la solicitud presentada por cuatro represores ante la resolución del Ministerio de Defensa de prohibir el alojamiento de condenados o procesados en centros de salud militares.

Los fiscales federales de La Plata Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández le pidieron al juez Humberto Blanco –que subroga en el juzgado federal N° 3 de esa ciudad- que rechace el amparo y la solicitud de inconstitucionalidad presentada por la defensa de cuatro represores contra la resolución del Ministerio de Defensa que prohíbe el alojamiento de condenados o procesados en hospitales militares. La medida se decidió después de la fuga de Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi del Hospital Militar Central el 25 de julio.

Desde la secretaría especial del juzgado que subroga Blanco, informaron a Infojus Noticias que aún “no se ha adoptado ninguna resolución” respecto al pedido de los fiscales que intervienen en causas por crímenes de lesa humanidad. La semana pasada la defensora oficial María Inés Spinetta, que defiende al ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek; al ex comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIN3), José Casimiro Fernández Carró; al ex jefe de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller; y al ex oficial de la Prefectura Osvaldo Tomás Méndez, había pedido mediante una medida cautelar que se suspendiera la resolución 85/13 del Ministerio de Defensa para que sus defendidos siguieran siendo asistidos en hospitales militares. Además se había expedido sobre la cuestión de fondo: la medida era inconstitucional.

La defensora fundó el pedido en que sus defendidos son personas mayores, con problemas de salud, cuyas patologías exceden la infraestructura de las unidades médicas de la cárcel de Marcos Paz –donde cumplen su condena- y la de los hospitales de la zona. Además, sus clientes eran afiliados al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), y se veían afectados “por la prohibición de atención profesional, internación y cobertura médica en los sitios que revisten el carácter de prestadores por ley”.

Los fiscales rechazaron esas argumentaciones. Resaltaron que todo el país “cuenta con una nutrida red de hospitales públicos y privados donde día a día se atienden miles de ciudadanos y sobres los cuales no pesa ninguna restricción sobre los procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, siempre y cuando el juez así lo ordene y el Servicio Penitenciario se encargue de su cuidado”. Sobre la obra social, explicaron que la normativa no exige que los afiliados deban atenderse en dependencias castrenses.

Luego de una disputa de competencia entre el fuero civil y el federal, el pedido de la defensora cayó en la secretaría especial (para delitos de Lesa Humanidad) del juzgado federal 3. Desde que su titular, Arnaldo Corazza, se jubiló, lo subroga Manuel Humberto Blanco, el otro juez federal de La Plata. En varias ocasiones los organismos de derechos humanos locales se quejaron de la lentitud con que avanzan las causas por violaciones a los derechos humanos en ambos juzgados, y presentaron pedidos de pronto despacho. Ahora debe resolver sobre el contrapunto entre la defensora de los represores y el pedido fiscal.

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