Infojus: Coimas en el caso Ferreyra: piden la indagatoria del camarista Eduardo Riggi

Su nombre apareció en las escuchas telefónicas durante la investigación por el crimen del militante, en medio de una maniobra de José Pedraza -condenado como autor intelectual del asesinato- para quedar despegado de la causa, mediante el pago de una coima.

Cuando José Pedraza aún no estaba imputado por la muerte del joven militante Mariano Ferreyra, la fiscal y la jueza que lo investigaban habían pedido intervenir sus teléfonos y los de sus colaboradores. Las escuchas revelaron cómo el ex titular de la Unión Ferroviaria (UF) intentó desplegar una maniobra para que el expediente cayera en la Sala III de la Cámara de Casación Penal, evitar el procesamiento de su patota e impedir que llegaran a él. El soborno nunca se concretó porque los investigadores allanaron el estudio del ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid con 50 mil dólares para la supuesta coima. En las grabaciones todo apuntaba a la complicidad de un juez: Eduardo Rafael Riggi. Después de años de reveses judiciales, la fiscal federal Paloma Ochoa pidió la indagatoria para Riggi, actual integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. Si se confirma será la primera vez que el magistrado se siente a dar explicaciones por ese hecho.

“Es el impulso más grande que se tuvo para investigar a estos jueces. La decisión de la fiscal fue muy fundada. Es importante como ella caracteriza el caso y señala que es inverosímil que esta maniobra se haya llevado adelante sin la complicidad de un juez”, dijo a Infojus Noticias Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El organismo es querellante en representación de Beatriz Rial, la madre de Ferreyra.

El CELS empuja el avance de esta causa desde un comienzo. Al menos una veintena de fiscales y jueces se inhibieron de investigar con el argumento de que tienen relaciones profesionales, de amistad o de parentesco con alguno de los tres camaristas involucrados. Nadie en el Poder Judicial quiso investigar a sus pares.

Los procesados y las escuchas

“Es un caso paradigmático de intento de sobornos en el marco del crimen de un militante. Las escuchas demuestran la promiscuidad que había entre jueces, lobistas y funcionarios judiciales. Nosotros como querella hicimos mucho esfuerzo para que la propia corporación se investigara a sí misma”, opinó Litvachky.

En el expediente están procesados- desde septiembre de 2012- Pedraza, el vicepresidente del Belgrano Cargas SA Ángel Stafforini; la directora suplente de la misma empresa, Susana Rita Planas; el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid;  el encargado de digitar los sorteos en los tribunales,Luis Ameguino Escobar y el ex agente de la SIDE Juan José Riquelme. Cada uno tuvo distintos roles en el manejo que beneficiaría a la patota de Pedraza comprando las voluntades de los jueces. Aráoz de Lamadrid fue el intermediario entre los sindicalistas y el aparato judicial. Él había sido secretario de Riggi y como abogado transitaba los pasillos de Comodoro Py. Las escuchas registraron comunicaciones entre Pedraza, Aráoz de Lamadrid, Riquelme y Stafforini en las que se coordinaba el intento de soborno. También estuvo involucrado el recientemente juez fallecido, Gustavo Mitchell.

A Riggi se lo investiga por “haber tomado intervención en las conductas ilícitas que se desplegaron de común acuerdo para obtener ilícitamente de la Cámara Federal de Casación Penal un fallo favorable que revocara los procesamientos y denegatorias de las excarcelaciones de los entonces imputados”. En las escuchas aparece nombrado como “Don Eduardo” o “el amigo Eduardo”.

“Extrañamente, el día 15 de diciembre de 2010 se registraron dos comunicaciones con el Juez Riggi por parte de los imputados Riquelme y Aráoz, uno comunicándose con la casa particular del Juez y el otro directamente a su celular”, señala el pedido de indagatoria de Ochoa. Y agrega: “esto último, guarda estrecha relación con los hechos, los que deben analizarse a la luz de lo que surge de las conversaciones registradas en autos, en las que se hace referencia a maniobras anteriores similares a la que resulta objeto de este sumario, y precisamente se menciona “lo ocurrido en el mes de diciembre”.

“Los imputados de común acuerdo congeniaron y forjaron la selección irregular de la Sala de la Cámara Federal de Casación Penal (la Sala III) que habría de resolver los planteos recursivos que se interpusieron contra esas resoluciones, sobre cuyos miembros ejercerían sus influencias en base a vínculos reales y preexistentes de modo que la decisión jurisdiccional a adoptarse respondiera a las pretensiones particulares de aquellos”, dijo la fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

La teoría de las dos etapas

“La fiscal narra un relato en el que las fichas están todas acomodadas. Ordena todo lo que presumíamos como indicios”, explicó Litvachky

Para Ochoa el “plan criminal” se dividió en dos etapas. Primero, la manipulación del sorteo irregular del 26 de enero  de 2011-mientras transcurría la feria judicial- paraque los recursos de Casación interpuestos en el marco de la investigación del crimen de Ferreyra quedaran radicados en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. El objetivo era que revocara los procesamientos de primera instancia.

El abogado Aráoz regresó al país el 30 y la entrega del dinero se concretó al día siguiente. La segunda fase consistía en ejercer una indebida influencia sobre el juez Riggi, integrante de la Sala III y el resto de los miembros del Tribunal. De acuerdo con la evidencia recolectada, esta parte del plan iba a ponerse en marcha a partir del 2 de febrero de 2011. En las escuchas se hace constante referencia al “día dos”. Iba a ser cuando Aráoz se reuniría con el “amigo de la Sala que habían elegido”, refiriéndose con ello a Riggi para “hablar del tema”.

Esa fecha coincidía con la vuelta del juez Riggi a sus funciones laborales.La segunda etapa nunca se activó porque los investigadores atraparon a un ex contador de la UF en el momento en que llegaba al estudio del ex juez Aráoz de Lamadrid con 50 mil dólares recién sacados de una caja de seguridad de la sucursal Montserrat del Banco Galicia. Los billetes estaban ordenados en cinco fajos de cien en un sobre marrón rotulado “Octavio”.

“El juez Riggi no sólo estaba al tanto de las maniobras ejecutadas por el resto de los imputados (ya procesados) sino que además formaba parte de un pacto previo que culminaría con la entrega del dinero prometido a contraprestación de la resolución judicial buscada por el grupo de los siete imputados”, dijo Ochoa en el pedido de indagatoria. Esto es el sobreseimiento y consecuente libertad por el crimen de Ferreyra.

“Es importante tener presente que con ese sorteo los imputados se aseguraron una mayoría entre los integrantes de esa Sala que quedó conformada por Riggi, Mitchell (f) y Catucci, pues los dos primeros tenían pleno conocimiento de la maniobra delictiva y acuerdo previo con el resto de los imputados sobre la resolución que se daría a los recursos interpuestos”, indicó Ochoa.

Riggi nació en 1948. Se recibió de abogado en la Universidad Católica Argentina (UCA) y el 8 de julio de 1971 hizo su ingreso al Poder Judicial. Sus primeros pasos fueron en la Cámara Federal en lo Penal. Tras ser cesanteado por el gobierno de Héctor Cámpora, volvió al poco tiempo a trabajar en la Justicia y en 1978 fue nombrado juez por el dictador Jorge Rafael Videla.

Tuvo un paso posterior por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y en la década del ‘90 dio el salto. Con la sanción del nuevo Código Procesal Penal (conocido como Código Levene, por el ex juez de la Corte Suprema) el gobierno de Menem creó la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país. Actualmente integra la Sala III de Casación, junto con Liliana Catucci y Mariano Borinsky.

Por su participación en el entramado de coimas, en septiembre de 2012 el CELS denunció a Riggi en el Consejo de la Magistratura. Ese legajo está estancado.

MFA/LC

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