Infojus: “Hay una verdadera anarquía de decisiones en el ámbito judicial”

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, fue unos de los participantes del encuentro organizado por Justicia Legítima “Nuevos desafíos para la justicia democrática” donde se debatió sobre la necesidad de hacer del Poder Judicial un espacio más abierto a las demandas y derechos de la población.

El encuentro “Nuevos desafíos para la justicia democrática”, organizado por la Asociación Civil Justicia Legítima,se llevó a cabo en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. La sala estaba llena para comenzar el debate: cómo delinear una hoja de ruta que apunte a hacer del Poder Judicial un espacio más participativo y abierto a las demandas y derechos de la población

Maria Laura Garrigós de Rébori – presidenta del colectivo y titular de la Cámara de Casación Penal- fue la encargada de presentar primer panel con una advertencia respecto a la situación de las elecciones en Tucumán: “pensar que hoy, por vía de un amparo nos están diciendo que lo que es no es, por lo menos nos tiene que llevar a pensar si hemos llegado realmente a judicializar todo el sistema político y si no estamos politizando todo el sistema judicial”.

Sin más preámbulo, tomó la palabra el politólogo y periodista Edgardo Mocca. Su análisis se centró en un hecho que quizás pase inadvertido para muchos: la Constitución Nacional no explicita que la forma de gobierno en Argentina sea la democracia. “Todos hablamos, no sin algo de orgullo, de la reconquista de la democracia, de la lucha por consolidarla y darle contenido a la democracia, pero resulta que la Constitución no habla en esos términos; sino que dice que nos regimos por la forma de gobierno ‘representativa, republicana y federal’”. Y agregó que lo curioso es que, a pesar de las sucesivas reformas, nunca se modificó el artículo 1: “seguimos siendo una forma de gobierno que no está definida por la Constitución como democrática”.

Mocca destacó que en 2003 ¨irrumpe en la escena política y gubernamental una fuerza transformadora que no produce ningún intento de modificar autoritariamente las reglas del juego para asegurar la continuidad en el poder”. Tras un repaso sobre las diversas reformas de la Constitución, concluyó asegurando que “la realidad no cambia porque se lo ordene una Constitución, las leyes o los códigos” y agregó que debe haber “un gran debate público sobre la reforma constitucional para poner en el centro de la discusión política las cuestiones que tienen que ver con la democracia, que es una forma de decir: las cuestiones que tienen que ver con el poder político”.

Por un tribunal constitucional

Más adelante en la charla, el ex supremo y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, continuó la reflexión de Mocca sobre la reforma  constitucional asegurando que hay un desafío interno de la Justicia para repensarse a sí misma “es cierto que es una cuestión de régimen político. Creo que no tenemos muy claro cuál es nuestro régimen político.” Y aseguró que a pesar de las reformas, el texto de 1994 “no está del todo terminado; perfila instituciones que no dice cómo se organizan -entre ellas el Consejo de la Magistratura-, no se sabe qué es la Ciudad de Buenos Aires” y que se debe considerar la reforma constitucional y “empezar a pensar, ante todo, si el sistema presidencialista es lo mejor que podemos tener”. Sin mayores precisiones sobre un sistema alternativo al presidencialista, aseguró que “tenemos que pasar un poco en limpio lo que hoy es una verdadera anarquía de decisiones en el ámbito judicial”. Sobre el control difuso de constitucionalidad, señaló que es necesaria una última instancia en esa materia “que opere más o menos rápido y que baje línea, porque de lo contrario, cuatro mil jueces sueltos para declarar la inconstitucionalidad de cualquier cosa, pueden hacer cualquier cosa.”

“Si hiciésemos una reforma constitucional, lo razonable sería que tuviésemos un tribunal constitucional con la potestad contralegislativa de derogar la ley, declarar inválida la ley erga omnes; éste es un control de constitucionalidad en serio, para lo cual habría que pergeniar un tribunal constitucional con una ingeniería institucional más o menos complicada como la que tienen los países de Europa donde los mandatos son largos pero no son vitalicios, se van renovando por tercios y las formas de designación no son las propias instituciones”. Sin embargo no se mostró optimista al respecto y, si bien aseguró que para ello es preciso una reforma constitucional, aseguró también que teniendo en cuenta la realidad política de fragmentación, una reforma constitucional es improbable porque “a través del vicio del presidencialismo, nuestros políticos se desacostumbraron al arte de la política, es decir a negociar. En lugar de negociar se dedican a impedir, han desarrollado una enorme incapacidad de diálogo”.

Por otra parte señaló la importancia del diálogo que impone la propia Constitución a la hora de imponer mayorías especiales: “Cuando nuestra Constitución fuerza determinadas mayorías, lo que está queriendo es que los políticos dialoguen para provocar un consenso amplio. Cuando alguien dice ‘no voy a dialogar pase lo que pase’, directamente está adoptando una actitud contraria al deseo claro de las disposiciones constitucionales”.

Respecto de la Corte Suprema, aseguró que si bien está pensada como una Corte de control de constitucionalidad, en la actualidad actúa como una corte de casación en la que sus miembros no tienen la especialización necesaria para funcionar con efectividad. Como alternativa, ante la dificultad para modificar la constitución, aseguró que una alternativa sería llevar a quince el número de miembros de la Suprema Corte, lo que le permitiría funcionar por salas especializadas y no quedar a merced de una corte que, al contar con pocos miembros, está condicionada permanentemente y no brinda una real seguridad jurídica.

El Poder Judicial ¿un riesgo para la democracia?

El sociólogo y politólogo Atilio Borón sumó al panel la visión geopolítica en la materia y ofreció un repaso por las diferentes experiencias relacionadas con las democracias en América Latina. Aseguró que si bien Estados Unidos tiene todavía un peso muy importante en la política mundial, la actualidad no es la que solía ser. “¿Qué gobierno de América Latina en la década de los noventa podría haberse dado el lujo de ofrecerle asilo diplomático a quien es considerado, junto con Edward Snowden, uno de los dos enemigos públicos más letales que tienen los Estados Unidos? Ese gobierno, en la década de los noventa, duraba 24 horas, 48 horas como máximo. Por mucho menos que eso cayeron varios gobiernos en América Latina: ahí está Assange, haciendo una videoconferencia, escribiendo libros. Y estados Unidos tuvo que aguantarse eso”. Aseguró también que la doctrina del llamado “golpe blando” es una adaptación del manual de operaciones de la CIA, que el objetivo sigue siendo debilitar a los Gobiernos latinoamericanos y que no tienen nada de blandos: “son golpes muy violentos y sangrientos que tenemos que tratar de evitar”.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, quien se preguntó si el poder judicial no representa acaso “una amenaza para la democracia” y aseguró que hay un rasgo patológico del último tiempo en la Justicia que le impide funcionar con normalidad. Advirtió que el poder judicial “ya no es de carácter ‘contramayoritario’, sino anti-mayoritario. Pareciera que el judicial aglutina a la oposición partidaria en su actuación, so pretexto de defender la legalidad, la Constitución y todo esto en procura de contrarrestar políticas adoptadas desde los otros poderes, particularmente con leyes aprobadas por mayorías en el Congreso Nacional”. Y señaló que “a través de la trinchera sacrosanta de la independencia”, pretenden constituir una suerte de cerco judicial para resistirse a las reformas que pretenden modificar el Poder Judicial por medio del voto popular.

NL/AF

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