Infojus: Muerte en Soldati: piden investigar a funcionarios porteños del IVC
Esta nota, publicada originalmente por el portal Infojus Noticias, fue recuperada y puesta a disposición del público, luego dejar de estar disponible en su fuente original.
En coincidencia con lo publicado por el portal de la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas, consideramos que “La información es un bien público”, y apoyamos el objetivo de Infojus Noticias, de “ser un lugar de referencia para cualquiera que necesite conocer las noticias de la justicia, y servir como proveedor gratuito y universal para los medios interesados en la temática.”
A continuación transcribimos textualmente la nota y adjuntamos una captura que ilustra como lucía la publicación original.
Ver listado completo de notas recuperadas de Infojus Noticias
Muerte en Soldati: piden investigar a funcionarios porteños del IVC
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-09-08 | Por: Infojus Noticias | Fecha de captura:: 2016-01-23 11:13
Lo pidió el asesor tutelar Gustavo Moreno, en una denuncia presentada ante la fiscal Estela Andrades que investiga la muerte de Cristian y las heridas que sufrieron otros dos chicos al caer desde un sexto piso por una baranda que se soltó.
“Los funcionarios no hicieron lo que debían y lo que la ley y la sentencia judicial los obligaba”, dice la denuncia penal que presentó el asesor tutelar Gustavo Moreno ante la Fiscalía Criminal de Instrucción nº1, subrogada por Estela Gloria Andrades. La fiscal investiga la muerte de Cristian y las heridas a sus dos amigos después de que cayeran del sexto piso de uno de los edificios del Complejo Urbano Soldati la semana pasada. Los chicos jugaban en el descanso, se apoyaron en una baranda oxidada que cedió y cayeron al vacío. Moreno pidió que se investigue por “omisión” a los funcionarios responsables del mantenimiento de los monoblocks.
La presentación, a la que tuvo acceso Infojus Noticias , responsabiliza penalmente al titular Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), Emilio Basavilbaso y a directores del organismo con funciones ejecutivas (Iván Kerr, Roberto Alejandro Fernández, Martín Gonzalo Garcilazo), como también a los funcionarios con competencia específica en el ámbito del Instituto, tal como el gerente general Gonzalo Estivariz Barilati, la coordinadora general de Obras y Servicios Claudia Penna, y el gerente técnico Oscar Castro. Además, pone el foco en la Jefatura de Gobierno porteña. “Entiendo que la posibilidad efectiva y cierta de que ocurriera la muerte de un adolescente y las lesiones gravísimas a otros dos menores de edad, era absolutamente previsible para el Poder Ejecutivo local” expresa.
Según el escrito de Moreno, el gobierno porteño incumplió una ley y dos fallos judiciales. En 2001 la ley 623, votada por la legislatura porteña, declaró la emergencia edilicia y ambiental del complejo habitacional Soldati. En 2011, en primera instancia, tras un amparo judicial de los vecinos el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 6 ordenó a la gestión de Mauricio Macri a efectuar la totalidad de las obras en cumplimiento de la ley 623. El gobierno porteño apeló a la sentencia y el año pasado la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó la sentencia de primera instancia condenando al Ejecutivo y al IVC y, a su vez, ratificando el reclamo de un cronograma de obras.
La denuncia que alertó el peligro
“Les atribuyo responsabilidad penal por conductas que estaban ordenadas y que teniendo capacidad para llevarlas a cabo, intencionalmente, no la realizaron, con el consecuente perjuicio a mis representados”, señala el escrito. Moreno representa como asesor tutelar ante la Cámara Contencioso Administrativo a María Eugenia Andicoechea y Mirtha Corpache, quienes denunciaron ante la Justicia en 2009 el peligro que implicaba para la salud y la vida de sus hijos el deterioro de dos edificios puntuales del Complejo, uno de ellos era donde cayeron los chicos.
“La comprobación del delito por omisión es muy sencilla por cuanto los funcionarios recibieron alertas precisas del Ministerio Público Tutelar y de los jueces intervinientes, con basamento en informes técnicos que no solamente no fueron impugnados en el proceso de amparo, sino que sirvieron de sustento fáctico a la pretensión del Ministerio Público Tutelar como a las decisiones judiciales. Los funcionarios del Instituto de la Vivienda omitieron actos propios de su función desobedeciendo una sentencia judicial, habiendo tenido la posibilidad de actuar en el ámbito de sus funciones” desarrolla.
La presentación recuerda que en el expediente encabezado por Andicoechea como denunciante hay un informe pericial de la Superintendencia Federal de Bomberos que expone el “riesgo de colapsos y desprendimientos de material, de electrocución e incendio, riesgo de precipitación, cortes y golpes, riesgos de explosión, emanación de gas natural y monóxido de carbono”. Asimismo explicita que “el deficiente estado de los ascensores deriva en riesgo de caídas, cortes, electrocución, incendio, aprisionamientos y atrapamientos de personas”.
MFA/LC
Aspecto de la publicación original en Infojus Noticias:
