Infojus: Papel Prensa: revelan un componente "antisemita" en la apropiación

Patricia Isasa, integrante del equipo que elaboró el informe “Papel Prensa, La Verdad”, puso en primer plano la persecución de sectores militares y empresariales a un grupo judío “contrario al modelo productivo de la dictadura”. “Al sacar del medio a los Graiver, se constituyó un monopolio en la producción de papel de diarios”, afirmó.

La investigadora Patricia Isasa, integrante del equipo que elaboró el informe “Papel Prensa, La Verdad”, aseguró que en la apropiación de esa empresa de la familia Graiver hubo “un fuerte componente antisemita” por parte de los agentes económicos y castrenses que perpetraron esa maniobra durante la última dictadura cívico militar.

“Hubo un fuerte componente antisemita en la apropiación de Papel Prensa. Los sectores empresariales que llevaron a cabo esta maniobra, y los militares que la ejecutaron, querían eliminar un grupo económico de origen judío que era muy dinámico y contrario al modelo productivo de la dictadura”, señaló Isasa en diálogo con Télam.

Arquitecta de formación, esta militante de los derechos humanos de Santa Fe se sumó al equipo de trabajo que el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, conformó en abril de 2009 con el propósito de estudiar la forma en la cual los diarios Clarín, La Nación y La Razón se quedaron con Papel Prensa en tiempos de terrorismo de Estado.

“Nos convocaron a siete personas en marzo de 2009. Me sumaron en función de mi experiencia por las investigaciones que realicé en diversas causas de derechos humanos”, aportó y destacó que Moreno “tuvo un gran compromiso” con el tema.

Isasa es una víctima de la última dictadura que fue secuestrada en julio de 1976, cuando tenía 16 años y militaba en la UES, y recuperó su libertad tres años después. Con el regreso de la democracia, testimonió ante la CONADEP y a partir de 1997, inició una larga investigación sobre su propio caso, con la cual logró que el juez federal Víctor Brusa, una de las personas que la interrogó durante su cautiverio, fuera el primer magistrado condenado por delitos de lesa humanidad.

“En función de mi trabajo en derechos humanos, me sumé a esta iniciativa que se propuso establecer la verdad sobre una de las tramas más oscuras de la dictadura. Mi tarea pasó por revisar los documentos de los interrogatorios a los cuales estuvieron sometidos los integrantes del grupo Graiver durante su cautiverio”, repasó.

El grupo que llevó a cabo esta investigación trabajó en una oficina de la Secretaría de Comercio, de “forma confidencial” para evitar filtraciones sobre este trabajo. El informe que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el 24 de agosto de 2010 está compuesto por 27.000 fojas y fundamentó la denuncia que presentó la Secretaría de Derechos Humanos por delitos de lesa humanidad contra empresarios periodísticos y funcionarios de la última dictadura.

El trabajo originó una causa en la que son investigados Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, del diario Clarín, y Bartolomé Mitre, director del matutino La Nación, entre otros.

“De lo que se desprende de la investigación es que se trató de una operación coherente con el modelo de endeudamiento y desindustrialización que se impuso durante el modelo que implementó José Alfredo Martínez de Hoz”, sostuvo Isasa.

Por la operación de compra de Papel Prensa se pautó en U 1 millón, y FAPEL, la sociedad que montaron Clarín, La Nación y La Razón, realizó un primer pago de U 7000, en noviembre de 1976. Isasa consignó que los tres diarios alegaron haber depositado el monto que completaba la operación “en una escribanía denominada Pozzi, en marzo de 1977”.

“Un día antes de que Lidia Papaleo (viuda de David Graiver, el principal accionista de Papel Prensa al momento de su muerte, en 1976) fuera secuestrada se hace este depósito que ella manifestó no haber recibido. Esto indica que desde FAPEL se sabía lo iba a pasar”, enfatizó.

Para la investigadora, “no es casual que dos años después de haberse inaugurado la planta de la empresa”, en un acto que contó con la asistencia del genocida Jorge Rafael Videla, la dictadura haya sancionado la Ley de Radiodifusión 22.285.

“Al sacar del medio a los Graiver, se constituyó un monopolio en la producción de papel de diarios. De esta forma se silenció el genocidio y se llevó a cabo un ordenamiento en los medios de comunicación que era funcional con un modelo económico”, fundamentó Isasa.

Los padecimientos que sufrió Lidia Papaleo constituyen, a juicio de la entrevistada, una prueba del “ensañamiento antisemita que tenían los militares”.

“Lidia fue sometida a torturas y sufrió graves lesiones. En las sesiones le decían que debía ‘pagar por haberse casado con un impuro’. Es una prueba de la forma en la que pensaba Ramón Camps (coronel), que ordenó el secuestro de los integrantes del grupo Graiver”, apuntó.

En ese sentido, se refiere al caso del abogado Jorge Rubinstein, encargado de la sucesión de David Graiver y muerto cuando era torturado en su cautiverio.

“Rubinstein era un personaje central en la historia de la apropiación de Papel Prensa. Había que sacarlo del medio para poder concretar toda la operación. Su autopsia lleva la firma de (Osvaldo) Raffo”, observó Isasa en alusión al renombrado experto, designado perito de parte por la jueza Sandra Arroyo Salgado en la causa iniciada este año por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Por último, Isasa se refirió a un aspecto que, según su visión, no fue “profundizado” en el informe y se trata del secuestro de Jacobo Timerman, propietario del diario La Opinión.

“Timerman (padre de Héctor, el actual canciller) soportó con mucho valor la tortura. Fue secuestrado porque era un estorbo al reordenamiento que la dictadura buscaba imponer en el sistema de medios de comunicación. En eso hay una fuerte conexión con la causa Papel Prensa”, puntualizó.

TÉLAM/JMM

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