Infojus: El Consejo trató más de treinta denuncias y avanzó en cinco concursos

La Comisión de Selección de Magistrados trató cuatro cargos vacantes en la Cámara Federal de Casación Penal, además de los de la Cámara Federal de Rosario; el Juzgado Federal de General Roca y el Juzgado Federal de Zapala. Por su parte, la Comisión de Disciplina y Acusación analizó 31 expedientes.

Las comisiones del Consejo de la Magistratura se reunieron hoy para tratar una treintena de expedientes de denuncias contra distintos jueces, y para avanzar en cinco concursos para vacantes en fueros federales en Salta, Rosario, General Roca y Zapala; y en el de la Cámara Federal de Casación Penal. Además, se trató la situación de las subrogancias en un juzgado federal de Bahía Blanca, y se analizaron modificaciones al Reglamento General del Consejo.

Selección de magistrados

La Comisión de Selección de Magistrados, a cargo del diputado Héctor Recalde, que avanzó en una serie de concursos para cubrir vacantes en la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de cuatro cargos donde la semana pasada el organismo realizó las entrevistas personales con los postulantes. También los consejeros presentaron informes en los concursos para la Cámara Federal de Rosario, sala A; el Juzgado Federal de General Roca y el Juzgado Federal de Zapala. Se puso fecha a las entrevistas previas y los asuntos protocolares como lo son los exámenes sicotécnicos que se requieren para acceder a los cargos. Recalde pidió un tiempo para evaluar la situación particular de los postulantes y no demorar la selección.

La Comisión trató las resoluciones que la Cámara Federal de Bahía Blanca había elevado al Consejo sobre los planteos que cuestionaban las designaciones de los jueces subrogantes Claudio Pontet en juicios por delitos de lesa humanidad y de Santiago Ulpiano Martínez como subrogante a cargo de todo el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca.

El secretario de la Justicia de la Nación, Julián Álvarez, pidió que apartaran a Martínez y que se designe como subrogante a Alejo Ramos Padilla, juez en federal de Dolores. “No estamos discutiendo la presunción de inocencia de nadie, sino que en Bahía Blanca hay crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada de dos gremialistas durante la dictadura cívico militar que no pueden quedar impunes”, dijo Recalde en relación a las acusaciones que hay contra el entonces dueño del diario “La nueva provincia”, Vicente Massot. Por mayoría la propuesta de Álvarez fue aprobada y deberá ratificarse en el próximo plenario.

La intervención del Consejo fue pedida por la preocupación acerca del trámite de las causas por delitos de lesa humanidad, y la promovieron los fiscales intervinientes en diversas causas junto a organismos de derechos humanos, entre ellos, H.I.J.O.S. Bahía Blanca, la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Disciplina y Acusación

La comisión de Disciplina y Acusación que tiene como presidente al representante académico en el organismo, Jorge Candis, analizó 31 expedientes con denuncias contra jueces. En esos expedientes, 15 tienen dictámenes de desestimación in limine (una traducción aproximada es “a primera vista”); catorce con desestimaciones y otros dos tienen pedidos de citación a distintos magistrados por el artículo 20 del reglamento de la comisión, lo que es una especie de declaración indagatoria ante el Consejo.

Uno de ellos fue el expediente donde hay una denuncia por mal desempeño contra el juez Luis Herrero. El diputado y ex consejero Carlos Moreno denunció al juez integrante de la Cámara de la Seguridad Social por mal desempeño en sus funciones, por declaraciones que dio al diario Página/12. El dictamen que promueve la citación del juez (basado en el artículo 20), fue presentado por el diputado Recalde y aprobado por mayoría en Comisión.

El juez federal salteño Miguel Medina también tiene un expediente que fue presentado por el consejero Álvarez y en el que se pide se lo cite a dar explicaciones por su actuación en un caso de trata de personas que estuvo dos años paralizado. El expediente llegó al organismo a fines de octubre de 2013 luego que lo remitiera la Procuración General de la Nación a partir de un informe realizado por el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestro Extorsivos (PROTEX), Marcelo Colombo. El fiscal federal Horacio Arranz, había advertido “demoras” en la causa y se lo comunicó a Colombo. El tratamiento de la citación a Medina fue postergada.

Entre las denuncias tratadas por los consejeros había una contra el juez federal Daniel Rafecas sobre su actuación en la causa en la que finalmente fue absuelto el ex presidente de la Nación Fernando De La Rúa, donde se investigaba el presunto pago de sobornos para aprobar leyes laborales. Esta denuncia quedó desestimada por mayoría, incluyendo el voto del juez Leónidas Moldes y con la abstención del juez Luis María Cabral, la abogada Adriana Donato y el legislador radical Ángel Rozas. La denuncia que pesa contra el juez Ariel Lijo fue postergada hasta la próxima reunión.

Comisión de Reglamentación

Después de que la Comisión de Administración Financiera tratara cuestiones presupuestarias, la Comisión de Reglamentación, a cargo del abogado Miguel Piedecasas, se reunió para analizar tres proyectos que intentan modificar el reglamento general del Consejo de la Magistratura. Todas las propuestas quieren cambiar el artículo 5, que es el que establece los límites de tratamiento de las denuncias en el Consejo.

Según el reglamento las denuncias deben ser tratadas dentro de los tres años de su presentación. Si esto no ocurre, hay un lapso de cuatro meses donde el plenario debe tratarla, luego de lo que debe ser archivada. Uno de los proyectos que hay es el que presentó el ex consejero Mario Fera que pone un límite al tiempo de los expedientes. A este proyecto se agregaron otros dos, uno presentado por Moldes, que propone establecer que esos cuatro meses sean “corridos”; y otro de Donato que pide directamente eliminar esos cuatro meses.

El Consejo aprobó la acumulación del tratamiento de las modificaciones y en la próxima reunión se tratará el proyecto unificado.

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