Infojus: Indoamericano: "Quieren impedir que avance la causa por la represión"
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Indoamericano: "Quieren impedir que avance la causa por la represión"
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-05-20 | Por: Gustavo Ahumada | Fecha de captura:: 2016-01-27 03:37
Lo afirmó la abogada del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), Florencia Sotelo, en referencia al recurso de casación presentado por el ex jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco y que fue rechazado, para que la causa por la represión policial que dejó tres muertos, pasara a la justicia federal.
La sala II de la Cámara Federal declaró inadmisible un recurso de casación presentado por la defensa del ex jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, donde pedía que la causa por la represión del Parque Indoamericano en 2010, en la que murieron dos personas pase a la Justicia Federal. Es la segunda vez que se resuelve un recurso con respecto a un pedido de incompetencia.
Los jueces Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martin Irurzun declararon inadmisible la presentación de la defensa de Burzaco que intentaba llegar a la Cámara Federal de Casación Penal con el objetivo final de que la causa se pase de la Justicia de Instrucción a la Justicia Federal. El pedido de la defensa se basa en que durante la toma del Parque Indoamericano en 2010 hubo un incendio donde presuntamente los bienes afectos serían bienes federales y, además del operativo participó Policía Federal.
En dialogo con Infojus Noticias , Florencia Sotelo, abogada del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) “celebró” la decisión de la Cámara Federal considerando que la actitud de Burzaco es “una maniobra para impedir que avance la causa donde se determinaron cuáles son las responsabilidades”, es decir “una traba innecesaria en la investigación”.
Los argumentos de Burzaco, ya fueron contestados por esta misma Cámara Federal en abril pasado cuando se rechazó el pedido de “inhibitoria por incompetencia”. En aquella sentencia los jueces, coincidiendo con lo que dijo la jueza de Instrucción Mónica Berdion de Crudo, explicaron que la causa debía seguir en la justicia de instrucción porque “no puede sostenerse que hubiera mediado la intervención de algún funcionario federal” o que “los bienes involucrados afecten las rentas de la Nación”. “Es claro, entonces, que el Juez de la ciudad que dispuso la intervención de la Policía Federal Argentina y de la Policía Metropolitana no puede ser considerado un funcionario federal”, concluyeron.
Las víctimas de la represión policial
El día de la toma Bernardo Salgueiro, un joven paraguayo de 22 años que vivía en la Villa 20, y sus vecinos, Rossemary Chura Puña y Emiliano Canaviri Álvarez, oriundos de Bolivia, murieron cuando unos 200 efectivos de la Policía Federal y 250 de la Metropolitana participaron de un operativo para desalojar a cientos de familias que habían improvisado construcciones precarias en un reclamo de viviendas en el Parque Indoamericano, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. El desalojo fue ordenado por la jueza Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) N° 26, Cristina Nazar. La toma había empezado el 3 de diciembre de 2010, pero la represión se produjo entre el 7 y el 8 de ese mes.
Una audiencia necesaria
En mayo del año pasado la jueza Mónica Berdión de Crudo había dictado el procesamiento de 30 integrantes de la Policía Metropolitana y 11 de la Policía Federal. Pero la sala I de la Cámara del Crimen, en junio de 2014, dicto el sobreseimiento y falta de mérito de los policías. Tras la apelación la causa llegó a la Cámara Federal de Casación Penal que deberá resolver todos los recursos que hay en la causa.
Sotelo, destacó la importancia de que “se fije una audiencia para que podamos discutir las absoluciones” y contó que “desde julio del año pasado, están presentados todos los revocamientos y procesamientos”. La audiencia resulta necesaria para “avanzar en el esclarecimiento de los hechos”, especificó. Sin embargo, fuentes de la sala I consultadas por esta agencia, especificaron que por el momento “no se fijó fecha para una audiencia”.
La persecución de la Justicia porteña
En noviembre del año fueron absueltos los militantes Diosnel Pérez y Luciano Nardulli, acusados de organizar la toma del Parque Indoamericano en 2010. Ambos junto a otros referentes sociales y políticos, participaron en el conflicto para habilitar canales de diálogo pero la Justicia porteña los juzgó por una supuesta organización.
La jueza Penal, Contravencional y de Faltas Cristina Lara consideró que “no se pudieron probar los delitos que se les imputaban”. Ambos eran acusados de “usurpación” y una “participación activa” en los hechos. La defensa de ambos durante el juicio sostuvo que en realidad se trató de “una persecución política del ministerio Público Fiscal y del gobierno de la Ciudad”.
Lara también fue muy dura en sus fundamentos con la actuación de los fiscales que actuaron en la causa, el fiscal general adjunto Luis Cevasco y la fiscal Celsa Ramírez, porque no señalaron en qué consistió “la organización endilgada a los imputados”. La jueza sostuvo que “la prueba reunida por la Fiscalía para sostener la acusación en contra de estas dos personas, era bien poca”. “La gravedad de los hechos exigía, al menos desde este Poder Judicial, otro tipo de respuesta en términos temporales”, dijo y sobreseyó a los militantes sociales.
Hábitat digno
“La ocupación del Parque visibilizó diversas problemáticas, entre ellas la vulnerabilidad de las familias que alquilan en las villas de la ciudad, la imposibilidad del acceso a un hábitat digno y la respuesta violenta del Estado ante estos conflictos sociales”, dice un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) realizado en diciembre del año pasado al cumplirse cuatro años de los hechos.
El Cels detalló que la toma del Indoamericano y la del barrio Papa Francisco, también desalojado por la fuerza, visibilizaron “la vulnerabilidad de las familias que alquilan (viviendas) en las villas de la ciudad, la imposibilidad del acceso a un hábitat digno y la respuesta violenta del Estado ante estos conflictos sociales”. Lo que además muestra que “no se transformaron las condiciones estructurales que impiden que miles de familias puedan acceder a un hábitat digno”.
GA/LC
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