Infojus: "No vinimos por un trofeo, vinimos por Justicia y la obtuvimos”

Mónica Alegre sintetizó así lo que sintió tres conocer la condena a 10 años al ex policía Julio Diego Torales, por torturar a a su hijo, Luciano Arruga. “Es el único fallo en el cual se condena por torturas psicológicas a un joven de 16 años, marca un precedente para muchas otras causas”, dijo Vanesa Orieta. Y agregó: “Vamos a ir por el resto de los responsables”.

En el cruce de las calles Mendoza y Almafuerte hay una multitud. En el medio: un parlante con un celular conectado. Por ahí se escucha, entrecortada, la voz del secretario del Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza. Nadie emite sonido. Mientras, adentro de Tribunales, unas cincuenta personas se apiñan en la pequeña sala elegida para la lectura del veredicto en la causa que tenía imputado al ex policía bonaerense Julio Diego Torales por torturar a Luciano Arruga. Ahí también lo que prima es el silencio. Solo se escucha la voz del funcionario: por unanimidad, el Tribunal decidió condenar a 10 años de prisión al acusado. Hay aplausos, llantos, abrazos. “No tenemos nada que celebrar. No vinimos por un trofeo, vinimos por Justicia y la obtuvimos”, sintetizó Mónica Alegre, mamá de Luciano, al salir para recibir el abrazo de los suyos siete años después del inicio del calvario.

El fallo de los jueces Diana Nora Volpicina (votó en primer lugar), Gustavo Omar Navarrine y Liliana Logroño marcará un antes y un después en las causas por violencia institucional. Así lo entendieron los abogados que representaron a la familia de Luciano, y también su hermana: “Es el único fallo en el cual se condena por torturas psicológicas sobre un joven de 16 años, marca un precedente para muchas otras causas”, dijo Vanesa Orieta a Infojus Noticias . María Dinard, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó que se tomaron en cuenta varios “estándares” que se habían propuesto desde la querella en los alegatos: la minoridad de Luciano y el estado de vulnerabilidad y el contexto en el que lo amenazaron, humillaron y golpearon.

“Puede generar que otros casos en la provincia se evalúen de esta forma. Es un mensaje para las víctimas”, resaltó Dinard y destacó que el fallo haya sido por el delito de torturas: “Cuesta mucho llamar las cosas por su nombre: los jueces o el Ministerio Público Fiscal suelen calificar por delitos menos graves que la tortura. En este caso durante la instrucción había otra carátula”, dijo.

Coautores y partícipes

Durante las audiencias del debate oral Mónica y Vanesa hablaron por Luciano. Ellas contaron los vejámenes a los que fue sometido el chico de 16 años a manos de la policía. A Luciano lo detuvieron dos efectivos de la Bonaerense en la esquina Bolívar y Perú, Lomas del Mirador. La excusa: averiguación de antecedentes. Lo requisaron sin testigos y, según la versión policial, le encontraron el teléfono. Lo llevaron al destacamento de la calle Indart. Ahí estuvo alrededor de nueve horas detenido a pesar de que regía la resolución 1623/04 del Ministerio de Seguridad bonaerense que establece que los menores no deben ser alojados en comisarías.

“Vos me pegaste mientras dos me sostenían”, fue la frase que Luciano dijo señalando a Torales cuando se iba de la comisaría con su mamá. En el Policlínico de San Justo certificaron que Luciano tenía “un traumatismo en la región facial del lado izquierdo”. El chico le contó a su hermana cómo lo obligaron a comer un sándwich escupido y también la manera en la que lo amenazaron con llevarlo a la comisaría 8va donde lo violarían. Desde entonces el chico nunca fue el mismo, su hermana lo resumió en una frase durante el testimonio: “Le quebraron la vida”.

Para los jueces, así fueron los hechos y el fallo lo dice textual: “En la franja horaria comprendida entre las 11 y las 19, mientras el Oficial de Servicio ejerciendo funcionalmente un poder real y de hecho sobre la custodia del menor, tras omitir los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, vulnerando la eficacia de todos los derechos que le asistían, le infringió intencionalmente sufrimientos físicos, mediante golpes con un elemento duro o romo de superficie lisa, mientras otro funcionario policial lo retenía sujetándolo el brazo y actuando ambos mancomunadamente, le ocasionaron un traumatismo en la región facial, en la frente y pómulo izquierdo, a la par que le generaron un sufrimiento psíquico al proferirle amenazas, humillaciones y menosprecios que degradaron su dignidad y le ocasionaron angustia moral de tal magnitud, que se prolongó durante el lapso temporal que estuvo demorado a la espera de la resolución judicial”.

“Vamos a ir por el resto de los responsables. Hubo testimonios de policías en las audiencias que reconocieron la situación de encierro de Luciano y que se ubicaron en el lugar en el que estaba Luciano”, dijo Vanesa. El abogado Juan Manuel Combi, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, agregó: “Hay otra causa abierta, vamos a investigar las coautorías de este delito y  a aquellos que lo vieron y no lo denunciaron”.

La voz de la víctima

Si había algo que estaba claro entre los que se acercaron a los Tribunales de La Matanza es que en esta sentencia se juzgaba mucho más que lo sufrido por Luciano aquella vez que la Policía Bonaerense lo llevó, con 16 años, al destacamento de la calle Indart. La propia Vanesa, en todo momento, habló de la necesidad de no olvidarse de los chicos que constantemente sufren hoy en los barrios el acoso policial. Tampoco de las víctimas de violencia institucional que fueron olvidados por la Justicia.

“Esta sentencia demuestra que hay que escuchar a las víctimas y a sus familiares”, dijo a Infojus Noticias Combi, que representó a la familia de Luciano desde el inicio del proceso. Desde su mirada, esta condena en la que se contempló la tortura psicológica, abre un paraguas para que los familiares pierdan el miedo y denuncien. “Uno no cambia para nada la situación que se vive en los barrios, pero vamos sentando precedentes que ayudaran a que en algún momento podamos escribir un “Nunca más” para nuestros jóvenes”, resumió Vanesa, que no dejó de remarcar  la criminalización y la discriminación como ejes de la violencia institucional hacia los jóvenes.

Angélica Urquiza, madre de Jonathan “Kiki” Lezcano –asesinado por la Policía Federal en 2009–, fue una de las que acompañó a Mónica dentro de la sala durante la lectura. Ella estaba segura de que iban a condenar a Torales y sus lágrimas al salir mostraban un dejo de esperanza. “Después de esta condena tenemos abierta una puerta para otros familiares de víctimas”, dijo a Infojus Noticias . Y aclaró: “No nos movemos por venganza, no nos movemos por el odio; sí por la verdad y la justicia”.

Mónica también habló de esto: “Los familiares de víctimas tienen que seguir luchando. No tienen que bajar los brazos”. Y agradeció a todos los que la contuvieron en el largo camino que tuvo que transitar desde 2008.

Desaparición forzada

La Justicia Federal de Morón aún investiga la desaparición forzada de Luciano. Los jueces del TOC 3 remitieron la sentencia al juez Juan Pablo Salas, al frente de esa causa, para que se incorpore al expediente como una muestra del hostigamiento que el chico sufría a manos de la Policía. “Es un antecedente fundamental, porque venimos denunciando lo que le pasaba a Luciano, el hostigamiento está demostrado en este fallo”, expresó Combi.

Cuatro meses después de la detención y las torturas por las que fue condenado Torales, Luciano murió. La madrugada del 31 de enero de 2009 salió de su casa para ver a su hermana, pero nunca llegó. Se cree que fue detenido en ese trayecto. A las 3.21, un estudiante de 21 años de Monte Grande lo atropelló sobre la General Paz. El mismo joven avisó al SAME. Una ambulancia llevó a Luciano hasta el Hospital Santojanni. Ahí murió al día siguiente. El adolescente no tenía documentos y después de una autopsia fue enterrado sin nombre. El conductor dijo que “corría desesperado”, como “escapando”. También declaró un motoquero que estacionó para ayudar. Dijo que sobre la colectora  vio estacionada una camioneta doble cabina de la Bonaerense con las luces bajas.

La identificación del cuerpo se logró el 17 de octubre del año pasado luego de la aprobación judicial del habeas corpus, que puso en marcha los mecanismos de búsqueda del Estado. El recurso había sido presentado por los abogados del CELS en abril. La Sala IV de Casación Penal pidió a Salas “realizar la totalidad de las diligencias conducentes a establecer lo ocurrido”. En tres meses Salas, en coordinación con distintos funcionarios del Estado nacional y provincial, logró identificar el cadáver enterrado como NN. Paradójicamente, lo hizo cruzando las huellas dactilares que le habían tomado a Luciano en su paso por la comisaría donde lo torturaron en 2008.

MFA/JA/RA

---

Aspecto de la publicación original en Infojus Noticias: