Infojus: Borda: trabajadores y pacientes pidieron justicia a dos años de la represión

En 26 de abril de 2013 la Metropolitana entró al hospital y montó un operativo para proteger la demolición del Taller Protegido 19, pese a que había una medida cautelar que impedía la destrucción del lugar. Hoy el presidente de la Asociación de Profesionales del Borda, Gabriel Cavia, dijo que “hay seis trabajadores procesados y han sobreseído a todos los responsables políticos, por eso queremos justicia”.

A dos años de la violenta represión ejecutada por la Policía Metropolitana en el Hospital Borda, pacientes y trabajadores de ese centro de salud renovaron el pedido de justicia y exigieron que sean procesados no sólo los autores materiales de la represión sino también las autoridades del gobierno porteño que dieron la orden de realizarla. Legisladores porteños presentaron “un proyecto de reconstrucción del Taller Protegido 19 que es el taller que se demolió hace dos años luego de la brutal represión ejercida por la policía Metropolitana”, anunció a la agencia Télam el diputado por Seamos Libres, Pablo Ferreyra.

“Necesitamos volver a tener ese espacio porque cumplía una función social importante para las personas que están en el hospital y que ya sufren segregación por el hecho de padecer una enfermedad”, indicó. El legislador defendió las tareas que se realizaban en el taller protegido y señaló que “permitía la reinserción laboral, ayudaba a volver a utilizar las manos, cumplía una función social fundamental por eso consideramos indispensable la reconstrucción del mismo”.

El presidente de la Asociación de Profesionales del Borda, Gabriel Cavia, dijo que “el gobierno de Mauricio Macri está blindado por la justicia y por algunos medios de comunicación”, al indicar que por la represión sucedida el 26 de abril de 2013 “hay seis trabajadores procesados y han sobreseído a todos los responsables políticos de la agresión sufrida aquí, por eso queremos justicia”.

“Los compañeros de talleres protegidos y los trabajadores de ATE le decimos al gobierno de la Ciudad que vamos a seguir luchando hasta que los responsables de la tremenda agresión, de lo que nosotros llamamos una acción criminal, sistemática y planificada, sean llevados a la Justicia y queden presos”, aseguró.

Y recordó que los trabajadores presentaron un amparo “que sigue vigente y que tiene siete sentencias favorables para obligar al gobierno porteño a arreglar las instalaciones, sin embargo lo que hace es un arreglo cosmético y no va a las problemáticas de base que tiene el hospital. No se puede gastar más de 11 millones de pesos en un portón cuando no hay clínica médica y el servicio de cirugía todavía no está terminado”.

“Pusieron un portón en el frente del hospital que costó 11 millones de pesos y hace un año y dos meses que no se puede abrir. Un hospital de puertas abiertas tiene paradójicamente su entrada principal cerrada hace más de un año”, reafirmó Cavia.

Seis trabajadores a juicio oral

Ernesto Balbiano, secretario adjunto de Adjunto de la Comisión Interna de ATE, afirmó que “el macrismo hace un lavado de cara del hospital por afuera, pero no terminan de arreglar ni los quirófanos ni la clínica médica”. “Esto demuestra lo poco le interesa a Macri la salud de los pacientes, algo que también se demostró ese día ya que hubo muchos pacientes heridos por balas de goma”, aseguró el trabajador, y remarcó que luego del violento operativo para desalojar el predio donde querían demoler los talleres protegidos “muchos de los pacientes que lo presenciaron volvieron atrás en su tratamiento”.

“Macri y la plana mayor del macrismo tienen que estar procesados. Esta fue una medida más que hubiera tomado la dictadura, es sabido que el jefe de gobierno admira el modelo de la dictadura y tiene como modelo la gestión de Cacciatore”, afirmó Balbiano.

Luciano Fernández, secretario gremial de ATE Capital Federal, señaló que “la Cámara Nacional de Casación dio lugar a la queja que nosotros presentamos después de que la Cámara Nacional del Crimen sobreseyera no sólo a Horacio Giménez (jefe de la Metropolitana) y a Enrique Pedace (vicejefe) sino a todos los responsables políticos de la represión”.

“Como contrapartida, hay seis compañeros que van a ir a juicio oral, porque el fiscal Ricardo Sáenz que es uno de los que convocó a la marcha del 18F, entiende que la protesta social debe ser judicializada y por ello los compañeros que defendieron el espacio público para combatir las arbitrariedades de Mauricio Macri tienen que ser penados como si fueran delincuentes”, sostuvo el gremialista, que encabeza la querella.

En la madrugada del 26 de abril de 2013 efectivos de la Policía Metropolitana entraron al neuropsiquiátrico José Borda rompiendo uno de los portones traseros y montaron un fuerte operativo que tenía como fin proteger la demolición del Taller Protegido 19, pese a que había una medida cautelar que impedía la destrucción del lugar.

Trabajadores de la salud venían denunciando meses antes las intenciones del gobierno porteño de demolerlo e incluso evitaron en varias oportunidades el ingreso de las máquinas para poder llevar adelante esa acción.

Esa mañana, con el operativo policial montado los trabajadores de la salud y médicos del hospital, buscaron ingresar al sector donde ya habían comenzado las tareas de demolición y fueron fuertemente reprimidos por los efectivos de la Metropolitana junto con legisladores y periodistas. Al menos 20 civiles fueron hospitalizados por golpes de cachiporras, perdigones de goma, gas pimienta y patadas por la represión, mientras que hubo 17 agentes heridos y ocho detenidos, entre ellos un fotógrafo.

Télam/RA

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