Infojus: El ex juez Manlio Martínez habló en la primera audiencia del juicio
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El ex juez Manlio Martínez habló en la primera audiencia del juicio
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-03-13 | Por: Gabriela Cruz, desde San Miguel de Tucumán | Fecha de captura:: 2016-01-30 16:06
Es el primer ex juez federal que Tucumán sienta en el banquillo de los acusados. El juicio empezó ayer y hoy continúa con las primeras declaraciones testimoniales. Está imputado por el homicidio de cinco militantes y la privación ilegítima de la libertad de Miguel Atilio Romano.
La primera audiencia del debate oral y público en el que se juzgan las responsabilidades del exjuez federal, Manlio Torcuato Martínez, por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983, arrancó con dos horas de demora. A Martínez se le imputa el homicidio de cinco militantes y la privación ilegítima de la libertad de Miguel Atilio Romano. Según figura en el requerimiento de elevación a juicio, el mismo exjuez federal admitió haber estado presente cuando fueran ultimados los cinco militantes de la agrupación Montoneros y Romano fue detenido ilegalmente. Pero nunca realizó la investigación por las cinco muertes. En cambio, sí inició el trámite para probar la responsabilidad penal de Miguel Armando Romano.
La extensa jornada terminó pasada las 19 horas con apenas dos breves cuartos intermedios. Los 62 testigos previstos para prestar declaración comenzarán a hacerlo hoy a partir de las 9.30, cuando se reanude el debate por este onceavo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Tucumán.
El caso del exjuez al que varios testigos acusaron de colaborar con la dictadura (lo repitieron en diversos juicios de lesa realizados en la provincia), ocultar pruebas y no atender a los habeas corpus, se desprende de la causa conocida como Romero Niklison, juzgada en el año 2011 y cuya sentencia quedó firme. En esa ocasión, los dos imputados, el exmilitar Benjamín Menéndez y el expolicía Roberto Heriberto Albornoz, fueron condenados a prisión perpetua. El tribunal dio por probado que el 20 de mayo de 1976, fuerzas militares y policiales ingresaron al domicilio de la calle Azcuénaga al 1800 donde vivían María Alejandra Niklison, Gerardo Romero y la hija de la pareja de un año y medio de edad. Allí se encontraban reunidos María Alejandra, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz cuando las fuerzas armadas irrumpieron y ejecutaron a los cinco militantes .
Revictimización: “Puedo entender lo que se siente”
“Este es un juicio particular. Tiene tres jueces inhibidos, dos recusados, y dos secretarios inhibidos”, arrancó el defensor oficial Manuel Bonin al momento del tratamiento de las cuestiones preliminares. Los argumentos que esgrimieron el defensor junto a la abogada Vanessa Lucero, quien también es miembro del Ministerio Público de la Defensa, buscaron fundamentar las nulidades a la lectura del requerimiento a elevación a juicio. También pidieron que sea nulo el proceso hasta aquí desarrollado, debido a la participación del anterior secretario del tribunal, Hugo Del Sueldo Padilla (quien fuera inhibido) y a la actuación de la jueza Alicia Noli (excusada tras la recusación dela defensa en octubre del 2014).
Los abogados querellantes expresaron son los mismos planteos que se vienen realizando desde la etapa de instrucción, y que han sido resueltos en todas las instancias anteriores. Los consideran maniobras dilatorias. .
La fiscalía y las querellas de la familia Romano y la familia Romero Niklison pidieron que las víctimas que testimoniaron en otras causas no sean citadas a declarar nuevamente, ya que eso podría conducir a una revictimización. A criterio de la parte acusadora, es un acto innecesario. Para subsanarlo, se propuso reproducir los fragmentos pertinentes de las declaraciones realizadas en juicios anteriores. Alejandra Niklison expresó ante el tribunal que en su caso, como testigo víctima, optaría por no declarar. Alejandra, la abogada querellante que representa a su familia en esta causa, es la hija de un año y medio que se encontraba en la vivienda de calle Azcuénaga cuando sucedieron los hechos que aquí se juzgan.
“Siempre hablamos de los testigos víctimas y la revictimización. Esta vez soy yo la que lo vive en carne propia y puedo entender lo que se siente cuando uno tiene que volver a pasar por la narración de esas cosas tan dolorosas”, sostuvo la abogada que busca alcanzar, al final de este proceso, un poco de justicia por el asesinato de su madre.
El imputado que acusa
En la primera parte de su exposición, el ex juez disparó: “En el caso del doctor Camuña fue designado a dedo”, en referencia al titular de la oficina de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad en Tucumán, Pablo Camuña. Sin embargo, su mayor encono fue contra el fiscal Carlos Brito con quien, según aseguró tuvo una relación de amistad. “Si estoy haciendo notar esto es porque estoy haciendo conocer un hecho de una persona que tuvo un vuelco sustancial, no solamente por una cuestión de amistad que es dueño de elegir, sino principalmente como funcionario público”, explicó el imputado. “Yo le pedí que se excusara. Que él no podía intervenir. No quiso”, agregó. “Desde el día que entró la denuncia se transformó en un enemigo feroz, en el sentido que germinaran en él cualquier cosa que significara un impedimento para mis derechos”, afirmó el exjuez ante la mirada atónita de los tres jueces que componen el tribunal.
Después, narró una supuesta amenaza de muerte, Manlio Martínez buscó explicar el contexto del terrorismo de Estado. En este mismo sentido y haciendo gala de las relaciones que entabló a lo largo de sus años como funcionario judicial, el exjuez nombró al doctor Eugenio Zaffaroni y al fallecido doctor Julio César Strassera. “Fueron jueces durante el gobierno militar y sin embargo alcanzaron prominentes cargos y son intocables”, sentenció. “No es que yo quiera arrastrarlos y colgarme de ellos, sino que quiero decir que la situación del país era eso”, concluyó buscando legitimar con la mención su accionar durante la última dictadura militar.
La parte acusadora se encuentra compuesta por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Diego Velasco y el fiscal federal N°2 y titular de la oficina de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, Pablo Camuña.
Los abogados querellantes Bernardo Lobo Bugeau y Pablo Gargiulo representan a la Secretaría de Derechos Humanos y a María Delina Romano y Silvia Patricia Romano. Los representantes de la querella de María Alejandra Romero Niklison, Gerardo Romero y Lucía Romano, son los abogados Emilio Guagnini y la propia María Alejandra Romero Niklison.
MEL
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