Infojus: Diputados aprobó la Ley Argentina Digital

En sesión especial, también se dio media sanción a la elección popular de los parlamentarios del Mercosur y se reguló el nuevo Código Civil y Comercial. Tras un arduo debate, la Cámara baja aprobó el proyecto de Argentina Digital, que regula las telecomunicaciones fijas y móviles, las redes de conexión a internet y la televisión por satélite y por cable.

Después de un arduo debate, cerca de la una de la madrugada, la Cámara de Diputados sancionó la Ley Argentina Digital. El proyecto para regular el mercado de las telecomunicaciones obtuvo 131 votos a favor y 97 en contra. Entre otras cosas, el texto declara “de interés público” el uso y acceso a las TICs para los licenciatarios.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Mario Oporto, defendió la flamante ley al asegurar que “las TICs deben ser de interés público” y “las telecomunicaciones deben ser un derecho humano”. Como miembro informante del oficialismo,  dijo que la nueva regulación “protege a las pymes, a las mutuales y las cooperativas en condiciones de igualdad”.  Y agregó: “Refirmamos nuestra convicción del rol del Estado como planificador”.

La oposición no apoyó el proyecto, aunque acordó que Argentina Digital es una ley necesaria para regular las nuevas telecomunicaciones. En tono crítico,  el radical Miguel Giubergia dijo que “modifica peligrosamente las reglas de juego, permite negocios millonarios para los amigos y se erige como juez y parte, por un lado, y como regulador y controlador de las reglas del juego de las telecomunicaciones, por el otro”.

Por el Frente Renovador, Graciela Camaño reconoció que “no cabe duda de que la ley es absolutamente necesaria”, pero advirtió que “no dice que se va a fomentar la inversión”. Y explicó: “Al contrario consolida la más absoluta arbitrariedad gubernamental” ya que delega “en el Poder Ejecutivo de turno todas las decisiones en la materia”.

Por su parte, Margarita Stolbizer (GEN-FAP) se quejó de que la Cámara baja suscriba sin cambios a lo aprobado por el Senado, sin funcionar como cámara revisora tal como establece la Constitución Nacional. En otro orden, dijo que el oficialismo “borra con el codo lo que escribe con la mano” ya que permite a las telefónicas ingresar al mercado audiovisual, algo que prohibía la Ley de Medios.

El proyecto, que fue aprobado la semana pasada por la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, regula las telecomunicaciones fijas y móviles, las redes de conexión a internet y la televisión por satélite y por cable. A su vez, declara como servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarios de servicios de TICs, lo que habilita la regulación de tarifas en el mercado mayorista.  Además autoriza a las telefónicas a brindar servicio de televisión -excepto la satelital- y declara a la telefonía fija como “servicio público”, lo que implica que sus tarifas estén reguladas. La iniciativa también introduce cambios en el régimen del servicio universal, elimina la larga distancia nacional -que implica mayores costos de la llamada- y prevé velocidades mínimas de las conexiones.

Críticas a Macri y Massa por los derechos humanos

El diputado Remo Carlotto (FpV) planteó una cuestión de privilegio contra el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por sus dichos acerca de terminar con la política de derechos humanos encarada por este gobierno. El hijo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto,  dijo que las declaraciones de ambos referentes de la oposición “deben ser motivo de preocupación de esta Cámara de Diputados”.

Sobre los dichos de Macri, cuestionó que “ensucia, ofende, no aporta absolutamente nada y estigmatiza al movimiento de derechos humanos”. Y sobre las declaraciones de Massa, las consideró “repudiables como forma de expresar lo que se está llevando adelante en Argentina”. Además destacó la “decisión política que tuvo Raúl Alfonsín con el juicio a las Juntas Militares, que marcó el rumbo de la transición democrática, como lo fue en 2003 iniciar este proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina”.

La puesta en marcha del Código Civil y Comercial

Además, la Cámara baja aprobó el adelantamiento de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial.  La nueva normativa se pondrá en marcha el 1 de agosto de 2015, de acuerdo a un proyecto sancionado impulsado por los senadores oficialistas Aníbal Fernández y Miguel Pichetto.

En la presentación del proyecto, Pichetto y Fernández plantearon que el plazo original “respondía a la valoración inicial relativa al tiempo que se estimaba apropiado para que en el mismo tuviera lugar un proceso de divulgación de la nueva legislación”. Y explicaron que “antes de la sanción definitiva del proyecto, la mayoría de los contenidos comprendidos en la nueva regulación resultaban ampliamente conocidos en los ámbitos académico y profesional del derecho”.

Para los legisladores, ese conocimiento “también se extendió a entidades y organizaciones sociales como asimismo a una incontable cantidad de personas que se interesaron en los nuevos institutos y normas de la codificación entonces propuesta”. Y celebraron la “extendida participación ciudadana” en la formulación del proyecto y en el transcurso del debate, “mediante la celebración de audiencias públicas en numerosos puntos del país con encomiable perspectiva federal”. Sostuvieron que adelantar la entrada en vigencia permitirá “dar satisfacción al reclamo de amplios sectores de la opinión pública”

Los miembros de la bancada oficialista destacaron que con el nuevo cuerpo legal se actualiza la normativa sobre “cuestiones relacionadas con las personas humanas, el nombre de éstas, nuevas fuentes de filiación como las originadas en técnicas de reproducción humana asistida, la simplificación y agilización de los procedimientos de adopción, la responsabilidad parental, los derechos de las personas menores de edad, los sistemas de apoyo y salvaguarda concernientes a las personas con capacidad restringida”.

Una sesión maratónica

La sesión especial empezó pasadas las 13,  con la presencia de 140 legisladores. Antes de Argentina Digital, la sesión comenzó con el proyecto que reforma el Código Electoral para establecer la elección de los legisladores que representarán a la Argentina en el Parlamento del Mercosur (Parlasur). Tras seis horas de debate, la Cámara baja aprobó y dio media sanción a la elección popular de los parlamentarios del Mercosur..

La iniciativa fue aprobadacon 140 votos positivos del oficialismo y sus aliados habituales, contra 72 rechazos y 18 abstenciones de parte del arco opositor, en el marco de la última sesión del año. El sistema propone que los 43 diputados que representarán a la Argentina se voten en las próximas elecciones presidenciales.  Además el proyecto, impulsado por los diputados Jorge Landau  y Andrés Larroque, establece que 19 de los legisladores se elegirán en un esquema de distrito único, por lo que los candidatos a esos cargos estarán en los cuartos oscuros de todo el país. El resto se elegirá por provincia, como sucede actualmente con los diputados y senadores. 

“La integración regional es demasiado importante para solo dejarla en manos de las cancillerías y de los gobiernos; debe estar en manos de los pueblos”, dijo Larroque al mismo tiempo que destacó que  “Néstor Kirchner tiene un monumento en Unaur ¿Por qué? Porque unió a los pueblos de la región y porque evitó guerras. Y ese es un patrimonio que los argentinos tenemos que llevar con orgullo”.

Por un acuerdo refrendado por el Mercosur, a la Argentina le corresponden 43 bancas, mientras que 75 pertenecen a Brasil, 33 a Venezuela y 18 a Uruguay y Paraguay –el único país hasta ahora en elegir sus parlamentarios regionales de manera directa-. En relación a los fueros, Landau dijo que “en todo lo que no estuviese previsto por el protocolo constitutivo, los parlamentarios del Mercosur serán asimilados en el derecho interno a los diputados nacionales”. Como integrante actual del Parlasur, Julia Perié destacó el “significado importantísimo (de las elecciones) para el fortalecimiento del Mercosur” y agregó que es “una apuesta histórica de integración regional, no sólo comercial, sino política, cultural e institucional”.
 

El proyecto es objetado por la oposición debido a que los legisladores del Parlasur gozarán de los mismos fueros que un legislador nacional. Además, los bloques cuestionan que esos comicios se realicen junto con los presidenciales. “Creemos en la idea, no en la forma ni en el contenido”, dijo el vicepresidente primero de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Jorge D’Agostino, representante del bloque radical. En ese sentido, Miguel Bazze explicó que “estamos absolutamente de acuerdo con elegir los parlamentarios del Mercosur y con que el Parlasur funcione rápidamente para dar respuestas a posiciones que es necesario acordar con otros países. Pero entendemos que la forma de elección y el tiempo de elección de estos parlamentarios debe acordarse con los otros países que integran el Mercosur”.

Por otra parte, el jefe de Unidad Popular, Claudio Lozano, lamentó que el Congreso no “discuta cuestiones de fondo” sobre el Parlasur y que, en cambio, se limite a legislar sobre la elección popular de sus integrantes. Sin embargo, justificó su apoyo en general “por coherencia democrática”, al coincidir en que “los parlamentarios del Mercosur deben ser electos de manera directa”.

Tras la aprobación, la iniciativa pasó para su sanción definitiva al Senado, que evalúa emitir dictamen este mismo miércoles y llevarla al recinto el jueves, para lo que deberá acordar con la oposición, ya que necesita los votos de los dos tercios de los presentes.

¿Qué incorpora la Ley de Argentina Digital?

Argentina Digital declara como servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarios de servicios de TICs, lo que habilita la regulación de tarifas en el mercado mayorista. Asimismo autoriza a las telefónicas a brindar servicio de televisión -excepto la satelital- y declara a la telefonía fija como “servicio público”, lo que implica que sus tarifas estén reguladas.

Sin embargo, no le da el mismo status a la telefonía móvil, lo que constituyó una de las quejas de la oposición. La iniciativa también introduce cambios en el régimen del servicio universal, elimina la larga distancia nacional -que implica mayores costos de la llamada- y prevé velocidades mínimas de las conexiones.

Además, incorpora el concepto de neutralidad de la red, esto es, que el servicio de Internet no pueda variar la velocidad o las condiciones a las que se accede a los distintos sitios web.

Un proyecto con cambios

El proyecto sufrió varias modificaciones desde su envío al Congreso. Uno de los puntos clave que se incorporaron al proyecto original fue la cuestión de la accesibilidad. En este sentido, se agregó un capítulo entero referido a las obligaciones de los licenciatarios de servicios de telecomunicaciones y a los derechos de los usuarios, como el acceso a las TICs en condiciones de “igualdad, regularidad y continuidad”. De esta manera, “se postulan las mismas exigencias de un servicio público para todas las TICs”

Además, sobre el concepto de neutralidad de la red, el oficialismo decidió reemplazar el texto del proyecto oficial por otro consensuado entre todos los bloques. Por otro lado, se estableció que la autoridad de aplicación de la ley deberá garantizar la “competencia y desarrollo de mercados regionales, evitando asimetrías con las grandes empresas”. Dicha entidad también “deberá establecer programas de regularización de las licencias de las pequeñas cableoperadoras del interior, garantizando su continuidad”. El proyecto delega en la autoridad de aplicación la definición de varios puntos clave, pero no explicita cuál será el organismo a cargo. Actualmente es la Secretaría de Comunicaciones la responsable de regular al sector.

El proyecto engloba la prestación de los servicios de telecomunicaciones, Internet y televisión por cable, excluyendo explícitamente cualquier regulación de los contenidos. En su disertación en el Senado durante el debate público, el secretario de Comunicaciones Norberto Berner aseguró que la Ley Argentina Digital busca mejorar la “competitividad” en el mercado de telecomunicaciones, hoy dominado por pocas empresas, para inducir mejoras en los “precios” y la “calidad” de los servicios.

Berner señaló que existen 1.350 licencias de telecomunicaciones en el país y que sólo “cuatro o cinco empresas llevan el servicio a nuestras casas”. Según dijo, el resto “no tiene acceso a las redes, tiene que construir una red a un precio exorbitante” lo que “no hace más que engrosar el costo final al usuario”.

En este sentido, el funcionario sostuvo que “el objetivo primordial” del proyecto “es que estos 1.350 licenciatarios puedan acceder en mejores condiciones a precio y calidad”. Y explicó: “Un reclamo que tenemos es que los precios por conectarse a las redes de las (empresas) más grandes son exorbitantes. Es algo que vienen reclamando las pymes y cooperativas”.

Por otra parte, Berner negó que el proyecto modifique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -Ley de Medios-, y aclaró que solo exceptúa a las telefónicas de la prohibición de prestar servicios audiovisuales, tal cual lo establece la norma de 2009.
 

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