Infojus: "La celeridad procesal es uno de los grandes pedidos de la sociedad"

Lo afirmó el camarista Mariano Borinsky, al retomar el tratamiento en un plenario de comisiones para debatir el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que envió el Ejecutivo al Congreso. Los especialistas convocados acordaron en avanzar hacia el sistema acusatorio.

La necesidad de abandonar el sistema inquisitivo y “avanzar” hacia el sistema acusatorio fue lo primero que dijeron hoy cada uno de los abogados,  jueces y fiscales que analizaron la reforma al Código Procesal Penal ante los integrantes de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores. Además de coincidir en ese cambio, que tiene una base política e ideológica sobre quién y cómo lleva adelante la investigación,  hubo acuerdo en atacar el criterio que incluye la “conmoción social” como factor para definir la prisión preventiva.

Durante las más de siete horas de exposición,  los doce oradores que pasaron por el Salón Illia, en el primer piso del Senado,  combinaron apoyos con pedidos de modificaciones. Las principales fueron sobre los factores que se toman en cuenta para definir la prisión preventiva y la posibilidad de expulsar extranjeros.

Con elogios al abandono del sistema inquisitivo y “la fijación de plazos” para los procesos penales, el camarista Mariano Borinsky, retomó esta tarde el debate en el plenario de comisiones sobre la reforna del Codigo Procesal Penal, que se realiza en el Salon Illia, en el primer piso del Senado. “Es un código que tiende a la celeridad procesal y a obtener pronunciamientos en un plazo razonable”, indicó Borinsky cuando empezó su exposición. “La fijación de plazos es fijar certidumbre y eso da tranquilidad al espíritu humano. Es uno de los grandes pedidos de la sociedad”, dijo el presidente de la Camara Federal de Casación Penal.

El camarista destacó la división de funciones entre fiscal y juez, y valoró el rol destacado de la víctima. Al momento de marcar las críticas al proyecto, el camarista señaló que valorar la “conmoción social” al momento de definir la prisión preventiva “podría presionar al magistrado” desde fuera de la causa penal. “Propongo su eliminación”, dijo.

También consideró que la aclaración sobre la “expulsión de extranjeros” durante el juicio a prueba es innecesaria porque “está  contenida y regulado en la actual Ley  Migratoria”.

En tanto, el penalista Julio Maier, tiene una mirada más crítica del proyecto de reforma que envió el Ejecutivo. Lo primero que planteó fue la necesidad de acelerar la duración de los procesos.  “No es posible que duren generaciones. Si esto perdura, la sociedad nos va a percibir como que no servimos para nada”, indicó.

“Este proyecto se plantea tres metas: transmitir el poder de investigación del juez al fiscal; que los jueces definan en audiencias donde escuchen y definan;  y aminorar los plazos. Pero dudo de que se hayan elegido los mejores procedimientos”, señaló. Para resumir su opinión dijo: “este proyecto mejora el actual código pero no es tan tan ni muy muy”.

El vicepresidente de la Cámara de Casación Penal, Luis María Cabral, dijo que “lo relevante que se debate en este código es avanzar a un sistema acusatorio”. Y definió: “Es el sistema que da mayor garantía y celeridad a los juicios”. También cuestiono, tal como lo hicieron Borinski y Maier, la posibilidad de expulsar extranjeros acusados de cometer delitos, que incluye la  suspensión del juicio.

Ricardo Gil Lavedra señaló que  el proyecto en debate “es un salto infinitamente superior a la legislación existente”. Sin embargo planteó algunas diferencias sobre el papel de víctima. Lo consideró “exagerado” y también dijo que le parecían “débiles los controles internos del Ministerio Publico”.

Al igual que el resto de los expositores,  Gil Lavedra cuestionó que la conmoción social sea un factor para definir la prisión preventiva.  “Parece  un injerto. Sería una regresión social incluir eso en un código de la democracia. Y lo mismo ocurre con la posibilidad de expulsar extranjeros”, dijo.

En la misma línea,  Guillermo Yacobucci también cuestionó esas dos modificaciones. Pero,  en su rol de juez, se centró en la necesidad de “prever el sistema de transición” del sistema inquisidor  al acusatorio. Precisó que  ”eso debe ser estudiado para poder terminar las causas en trámite y, al mismo tiempo, habilitar el nuevo sistema”.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, sostuvo que “la impunidad es no dar respuesta desde las instituciones”. Y explicó con un solo número el sentido del sistema inquisitorio: el 60 por ciento de los detenidos no tienen condena. “Hay que subvertir un sistema v que funciona al revés.  Tenemos una tasa de encierro que esta muy por encima de la tasa  demográfica”, dijo Erbetta y señaló que los ejes de la reforma deben estar centrados en “transparentar y desburocratizar”.
“El expediente es el culto al trámite.  Es el objeto de deseo de la inquisición.  Y es muy importante que se rompa la lógica feudal del juzgado para que los jueces dejen de gerenciar y se dediquen a lo que establece la Constitución”, agregó.

Qué propone el proyecto

El proyecto del nuevo Código Procesal Penal propone un salto cualitativo en la historia argentina. Apunta a lograr procesos penales más veloces, justos y transparentes. Prevé que las investigaciones y los juicios sean orales, ágiles e inmediatos, y adopta un modelo de justicia adversarial o acusatorio: el fiscal investiga, el defensor defiende y el juez resuelve. El código actual, en el que rige un modelo mixto, acumula críticas desde hace años, al tratarse de un proceso lento y donde los jueces cumplen la doble función de investigar y resolver.

El texto enviado por la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el 21 de octubre al Congreso, fue elaborado por  el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y recoge y actualiza lo mejor de las iniciativas del anteproyecto de Código Procesal Modelo para Iberoamérica elaborado por Julio Maier (uno de los expositores de esta tarde), el anteproyecto de Alberto Binder (INECIP), y retoma aspectos de los textos elaborados por el Ministerio en 2007 y en el Congreso de la Nación durante 2010 (a iniciativa del diputado Oscar Albrieu).

La reforma integral del sistema de administración de justicia penal se complementará con la modificación de las leyes de organización del Poder Judicial y del Ministerio Público.El paso de un sistema mixto a uno acusatorio es parte de saldar una deuda de años que arrastra el Código vigente. El acusatorio ya es aplicado en gran parte de las provincias argentinas y de América Latina. 

Más de doscientos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara del Crimen, de tribunales y juzgados de la justicia federal y nacional ya habían planteado la necesidad de una reforma de esta legislación. La discusión fue consensuada en los espacios académicos, en los que hubo debates contundentes sobre las bondades de un sistema acusatorio. Las falencias del sistema actual fueron señaladas también en la jurisprudencia argentina, incluso por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que indicó en sus precedentes la necesidad de adecuar la legislación procesal a las pautas constitucionales.

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