Infojus: "El megacanje buscaba comprar tiempo"

Lo afirmó el ex legislador radical, Raúl Baglini, que en 2001, estaba al frente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja. Dijo que hubo “una alta competencia” para seleccionar los bancos que participaron de la operación. El ex ministro Domingo Cavallo está imputado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.

El juicio a Domingo Cavallo por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública durante su desempeño al frente del Ministerio de Economía en 2001, se acerca a su final. Dos testigos declararon hoy en los tribunales de Comodoro Py, en lo que fue la anteúltima audiencia antes de los alegatos. Cavallo es el único imputado en el proceso, que busca determinar si se cometieron delitos en la operación financiera promovida por el gobierno de la Alianza y que se conoció como Megacanje.

La última audiencia será la semana que viene, y se espera que declaren los últimos testigos de la defensa. Los alegatos serán este mismo mes, y en octubre ya habría sentencia. Consultado por Infojus Noticias , el ex ministro de Economía no quiso adelantar sus expectativas sobre el resultado del juicio.

“El Megacanje buscaba comprar tiempo”, afirmó Raúl Eduardo Baglini, legislador radical con mandato cumplido -cinco veces diputado nacional, una vez senador-, que en 2001 se desempeñaba como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Al mendocino lo citaron porque su comisión y la de Finanzas se reunieron en enero de 2001 junto a otros diputados invitados y tuvieron un encuentro “reservado” con el entonces secretario de Finanzas, Daniel Marx.

Baglini sostuvo que “el riesgo de que se produjera un default selectivo era alto”, y recordó que Marx expuso durante una hora las condiciones de la operación ante los diputados, antes de que le realizaran preguntas y observaciones. En la reunión “se habló de todo, escenarios posibles y conveniencia o no de la operación”, y de parte de los diputados “había expresiones en todos los sentidos”.

El ex senador recordó que “el convencimiento promedio” de los legisladores era de que la operación buscaba “patear para adelante” los vencimientos, y prorrogarlos para mejorar la situación financiera entre 2001 y 2004. “Se buscaba comprar tiempo y posicionarse mejor para una nueva operación posterior que bajara las tasas de interés, porque los costos de financiamiento que estábamos afrontando eran muy altos”, explicó. Aclaró que sí se había hablado del costo de las comisiones, pero que finalmente nunca se llegó a pagar ni un tercio de lo pactado.

Consultado sobre si habían existido críticas o consideraciones sobre la elección de los bancos que integraron el sindicato que llevó a cabo la mega operación, Baglini respondió que no, y que incluso había habido “una alta competencia” en la definición de esos actores y que se había contado con cinco ofertas distintas. Sobre ese punto se centra el argumento central para analizar si Cavallo incurrió o no en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, porque se lo acusa de haber favorecido a un grupo de bancos por sobre otros.

El diputado evaluó que una vez declarado el default “tuvo un costo enorme para la Argentina, no sólo en términos económicos o financieros sino también sociales y en el empleo”. Sostuvo que el Megacanje le permitió al país “aprovechar el tiempo para movilizar las reservas del Central y evitar riesgos de embargo posteriores”, para el caso en que la operación fracasara y el país cayera en default, como terminó sucediendo.

Los últimos testigos

Marcos Eduardo Moiseeff, director del área jurídica del Banco Central, trabaja en la entidad desde hace más de treinta años. En aquel entonces ya tenía un cargo de jerarquía en el área de la que ahora es jefe. Aclaró que todo lo que iba a decir sería una reproducción de lo que indicó el área técnica cuando fue consultada en la etapa de instrucción del proceso, y se remitió a las consideraciones hechas en aquel entonces.

Se había planteado en varias ocasiones que para la realización del Megacanje no se solicitó opinión al Banco Central, y la defensa de Cavallo pidió el testimonio de Moiseeff para probar que no esa consulta no estaba estipulada en ninguna norma. El abogado apoyó esa idea, y leyó las consideraciones del área técnica en las que se especificó que la opinión del Central “es requerida para las operaciones de constitución de deuda, pero no para las operaciones de canje”, y permite analizar su impacto en el balance de pagos.

El testimonio del uruguayo Enrique Iglesias, ex titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quedó postergado para el lunes próximo, debido a dificultades formales en el procedimiento para realizar la videoconferencia. Por una acordada de la Corte, el sistema que se utiliza para declarar a distancia sólo está regulado para casos en los que el testigo está dentro del país, y a nivel internacional se aplica únicamente en causas por delitos de lesa humanidad.

Su testimonio es uno de los cuatro que la defensa de Cavallo pretende aportar por ese sistema, pero recién podría ser incluido la semana próxima, si el tribunal logra implementar las videoconferencias en esta causa. También será citado a declarar un último testigo presencial, pero la defensa desistió de aportar el testimonio de Carlos Melconian.

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