Infojus: Abogados de represores: el pedido de amnistía en la región

Los acusados y condenados en Argentina, Chile y Uruguay no son iguales a los ex militares enjuiciados en Colombia y Perú. Mientras en los primeros tres países los represores actuaron durante las dictaduras, en los últimos se los persigue por crímenes cometidos en “conflictos armados” durante gobiernos constitucionales.

El Foro de Buenos Aires por la Justicia, la Concordia y la Libertad reunió a ex militares y abogados que defienden a represores en distintos países de Latinoamérica. Aunque sus reclamos son coincidentes, que se firme una amnistía y se deje de lado la condición de imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, los acusados y condenados en Argentina, Chile y Uruguay no son iguales a los ex militares enjuiciados en Colombia y Perú.

Mientras en los primeros tres países los represores actuaron durante las últimas dictaduras, en Colombia y Perú se los persigue por crímenes cometidos en “conflictos armados” durante gobiernos constitucionales. Y el caso de Venezuela está por fuera de ambos: el reclamo sólo está cruzado por las críticas al chavismo y a un aumento de la injerencia del Estado en la economía.

Si bien el eje principal, el articulador de todos los reclamos, es una amplia amnistía, la queja de los abogados de represores recorre todo el espinel conservador. Así lo detalló el titular de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el abogado Alberto Solanet, al abrir el encuentro que comenzó el miércoles y terminó el jueves a la noche. Después de cuestionar los juicios por delitos de lesa humanidad, Solanet criticó el matrimonio igualitario y otras “reformas contranatura” impulsadas en los últimos años. “Existe una planificación sistemática de destrucción de las Fuerzas Armadas, que fueron reducidas a la impotencia tanto material como espiritual”, aseguró y fue por más: “También hay una planificación sistemática de destrucción del orden familia, judicial y económico”.

La comparación con Uruguay y Chile

Según los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal difundidos en junio pasado, los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura sumaron 531, mientras que los absueltos son 56. Además, hay “avances significativos” en el juicio que tiene imputados a los ex jueces mendocinos Rolando Evaristo Carrizo Elst, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz. Y también avanzan varias causas judiciales donde se investiga el rol de distintas empresas en crímenes de lesa humanidad contra sus trabajadores y delegados gremiales: Loma Negra (en este caso es contra el abogado laboralista Carlos Moreno), Ingenio Ledesma (donde fue procesado Carlos Pedro Blaquier), el diario La Nueva Provincia o la automotriz Ford, entre otras.

Sin embargo, para los abogados de los represores la cifra de presos oscila entre 1.600 y 1.800, según quien hable. En cualquiera de los casos, se trata de un número de enjuiciados y condenados muy superior a la docena de militares presos en Uruguay o a los 300 juicios en marcha en el país que preside José Mugica. Allí lograron la supervivencia de la “Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, que limita la posibilidad de avanzar en un proceso judicial salvo expresa autorización del Poder Ejecutivo.

Esa situación mantuvo cerrada casi cualquier posibilidad de enjuiciamiento. Pero la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso que inició el poeta Juan Gelman ordenó no aplicar la Ley de Caducidad respecto de la prescripción de la acción penal. Esa sentencia generó reacciones diversas: el Ejecutivo anuló las decisiones de gobiernos anteriores que habían negado el avance de la justicia y el Poder Legislativo sancionó una ley que anuló la caducidad y restableció la pretensión punitiva del Estado.

Sin embargo, el año pasado la Suprema Corte de Justicia de Uruguay consideró que no se podía aplicar retroactivamente el fallo Gelman, que ordenó iniciar una investigación y sancionar las desapariciones forzadas.
Pero más allá de la decisión del Máximo Tribunal, varios juzgados de primera instancia buscaron los caminos para eludir esa posición. Plantearon que se debía aplicar el derecho internacional, donde están tipificados los delitos sistemáticos de violación de los derechos humanos. Y en los últimos meses se creó una unidad especial de investigación dependiente del Ministerio del Interior pero no tiene ni personal ni medios para investigar.

En Chile existe –según definen algunos organismos de derechos humanos- una situación de “falso empate”. Junto con la llegada al poder de Patricio Aylwin, en 1990, se estableció la responsabilidad compartida por los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet. Si bien implicó cierto reconocimiento de la responsabilidad del Estado evitó que existiera una política integral sobre derechos humanos. Mucho menos se avanzó en términos de verdad y justicia.
Existan unas 1300 causas abiertas sobre un universo de 2000 ejecutados pero sólo 66 represores están presos y muchos de ellos lograron condenas muy bajas. Hay, además, 178 responsables de ejecuciones, detención, desaparición y tortura que gozan de libertad.

El caso de Perú

Tampoco hay una política de reparación para las 40 mil víctimas de prisión política y tortura, que fueron reconocidas oficialmente. Sólo hay un número ínfimo de procesos judiciales por el delito de tortura y avanzan muy lentamente. Y no hay un reconocimiento jurisprudencial del delito de tortura como un crimen de lesa humanidad.

Bien distinto es lo que ocurre en Perú. Allí se vivió un conflicto armado desde 1980 hasta el 2000 y pasaron varios años hasta que se tomó la decisión de sancionar a los responsables del Estado por las violaciones de derechos humanos. Parte de esa demora estuvo sostenida por la ley de amnistía decretada por el presidente Alberto Fujimori en 1995.

Esa norma, que buscó frenar cualquier investigación, obligó a los organismos de derechos humanos a llevar los casos ante la justicia internacional. Las resoluciones internacionales coincidieron con la crisis en la que terminó el gobierno de Fujimori y eso abrió la posibilidad de crear una Comisión de Verdad y Reconciliación, que recomendó crear una suerte de subsistema judicial especializado en derechos humanos: fiscalías especializadas y jueces que puedan tomar casos de violación a los derechos humanos.

Ese sistema permitió investigar y condenar a Fujimori como autor mediato y promotor de una “política antisubversiva” que fogoneó una sistemática violación de los derechos humanos. Las condenas alcanzaron también a la conducción del Ejército, al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, al jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército y a los miembros de los escuadrones de la muerte.

Sin embargo, existen aún más de mil casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales durante la década del 80. Sobre ese período, el Estado se negó a brindar información a los jueces y fiscales. Retacea los legajos personales de los militares que actuaron en la zona, los planes de operación o los informes emanados de Inteligencia.

En los últimos años, la Comisión por la Verdad fue un soporte importante para el avance de las causas y posibilitó la apertura de ochenta procesos penales por crímenes de lesa humanidad. A esa Comisión dedicó varias críticas el ex vicealmirante peruano Luis Giampietri Rojas, que participó del evento en Buenos Aires y está acusado en su país de violación a los derechos humanos. “Soy el decano de los enjuiciados”, ironizó Giampietri Rojas durante su exposición y recordó con “una estima realmente grande” a su profesor argentino en un curso de buzos tácticos: Rafael Guiñazú, condenado en 2013 por crímenes contra 69 militantes políticos.
 

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