Infojus: La reforma de 1994 "logró avances en los derechos de los argentinos”

Lo señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, en un acto en el Palacio San Martín que celebró los veinte años de la reforma constitucional de 1994. Alak destacó la incorporación de “derechos sociales, económicos y culturales”. Aunque advirtió que “hay principios que todavía no están llevados a la práctica”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, encabezó un acto en el Palacio San Martín para celebrar el 20º aniversario de la última reforma constitucional. Bajo el título de “Reflexiones y desafíos futuros”, un destacado panel de juristas recordó las condiciones en las que surgió la reforma y debatió sobre los aspectos aún pendientes en la aplicación de la Constitución Nacional. El ministro destacó que esa reforma “tuvo un marco de participación democrática altísimo” y celebró la incorporación de los “derechos sociales, económicos y culturales” al texto, pero señaló que “hay principios que todavía no están llevados a la práctica”.

Del panel de expositores participaron el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni; el dirigente radical y ex funcionario Jesús Rodríguez; los constitucionalistas Eduardo Barcesat, Raúl Gustavo Ferreyra, el radical Antonio María Hernández; y el titular de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, Rafael Gutiérrez. Juntos, reflexionaron sobre la trascendencia de los cambios introducidos por la reforma constitucional de 1994 y ponderaron las deudas pendientes desde esa última modificación.

“La reforma logró avances muy significativos en los derechos de los argentinos”, expresó Alak y sostuvo que se tradujo “en un salto cualitativo institucional muy importante”. Y subrayó que “su génesis fue esencialmente democrática, producto del acuerdo de las fuerzas políticas más importantes de la Argentina, algo para resaltar en un país que tuvo reformas constitucionales muy tumultuosas o impulsadas por gobiernos militares de facto”. Destacó la inclusión en la Constitución de los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos.

Asistieron a la jornada numerosos funcionarios del Ministerio Público, como los fiscales Jorge Auat, de la Procuraduría de lesa humanidad, y su par ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca. También se encontraba presente el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, militantes de derechos humanos, y los subsecretarios de Relaciones con el Poder Judicial, Franco Picardi, y de Acceso a la Justicia, Florencia Carignano, entre otros funcionarios del Ejecutivo. En el vestíbulo previo al salón, un stand de la editorial Infojus distribuyó ejemplares de la Constitución Nacional, con los tratados que tienen esa jerarquía.

El ministro expresó que “esta reforma agregó innumerables derechos que permitieron avanzar significativamente en todas las políticas de derechos humanos para nuestro país”. Dijo que el actual texto constitucional “cumple las necesidades de los ciudadanos” y que “hay muchos postulados que aún hay que materializar”, como la falta de códigos sobre determinadas materias jurídicas.

“Formo parte de esa corriente de pensamiento no dogmática que piensa que las constituciones les hicieron los hombres y los hombres la pueden modificar”, planteó. Y opinó que “si otras generaciones consideran que esta constitución debe ser modificada, bienvenido sea”. Sin embargo, sostuvo que “esta constitución es absolutamente suficiente para que el pueblo argentino pueda vivir en un marco de garantía de sus derechos y con un Estado obligado a trabajar para satisfacer las necesidades sociales que nuestro pueblo necesita”.

“Recuperar la ley y jurisdicción”

Barcesat reprochó que “la reforma constitucional no puede ser el acuerdo de dos caudillos políticos, tiene que ser obra de todo el pueblo, para que la viva como socialmente obligatoria”, pero destacó como uno de los logros más significativos la incorporación de los tratados de derechos humanos y específicamente “el derecho de autodeterminación e independencia económica de los pueblos, que establecen que ningún pueblo puede ser privado de aquello que es esencial para su subsistencia”.

El constitucionalista aludió así a la cláusula “Martínez de Hoz” de 1976, el decreto que entregó a jurisdicciones extranjeras el tratamiento de litigios y conflictos. “Por eso hoy estamos sometidos a las decisiones y arbitrariedades del juez Griesa”, graficó. Sumó al cuestionamiento a los Tratados Bilaterales de Inversión, “que han enajenado para los contratos más importantes el conocimiento y decisión que le corresponde a los jueces argentinos, y aplicando ley argentina”. Concluyó que “tenemos que recuperar esa ley y jurisdicción, eso es parte de la tarea pendiente de la transición democrática”.

“Hay cosas que deben ser revistas en una futura reforma constitucional, y también tenemos que discutir la parte dogmática”, agregó Barcesat. Y resumió que “la constitución de 1853 fue prevista para un país agrario y rentístico. Creo que ahora nuestras exigencias son otras”. Y planteó que la integración con Latinoamérica y el Caribe debe ser constitucionalizada, junto a “la tutela efectiva de los recursos y riquezas naturales, y la política de derechos humanos”, no sólo mediante la incorporación de los tratados internacionales, sino también de la “política para llevar esos tratados a la vía material y cotidiana”.

“Estuvimos todos”, dijo Zaffaroni, que fue convencional constituyente en 1994. Celebró que “no hubo exclusiones, y se pasó en limpio una larga historia de conflictos de legitimidad de las reformas anteriores”. El ministro de la Corte manifestó la tensión entre la técnica jurídica y la política, y criticó a otros jueces: “Algunos de mis colegas viven en el mundo normativo, y no bajan al mundo real” al momento de evaluar cómo aplicar las leyes.

El reconocido penalista aseveró que “la ciencia jurídica no puede ser neutra, políticamente aséptica, tiene que luchar activamente en pos del avance de los estándares de aplicación de los derechos humanos”. Planteó que hay que repensar aspectos como el ineficaz mecanismo de control de constitucionalidad, así como la definición de determinadas instituciones como el Consejo de la Magistratura.

“La Constitución de los derechos humanos”

El ex ministro de Economía de Raúl Alfonsín, Jesús Rodríguez, que también fue convencional constituyente, repasó el rol de los partidos políticos durante el proceso de reforma, y explicó que “sólo mediante acuerdos sustantivos entre actores políticos” se pudo avanzar la votación por unanimidad de varios puntos centrales de la reforma. “Es la Constitución de los derechos humanos, de la ampliación de garantías de los ciudadanos y de un amplio mecanismo de participación política”, ponderó. Pero aclaró que institutos como el Consejo de la Magistratura y la Jefatura de Gabinete no se conformaron acabadamente. El radical descartó rotundamente la posibilidad de una nueva reforma, y dijo que “hay que cumplirla cabalmente”.

El constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra aportó como dato que el 11 de diciembre del año próximo, “será la primera vez que una presidenta mujer, elegida democráticamente, cumplirá dos mandatos sin haber apelado a una reforma constitucional”. De todas formas, se mostró a favor de una actualización periódica de la Constitución: “los convencionales del ’94 nacieron entre el ’20 y el ’55, pero la mitad de los argentinos con derechos políticos nació después del ’76”, aportó. “¿Acaso no tienen derecho a decidir bajo qué constitución quieren vivir y desarrollarse?”

Antonio María Hernández cerró la jornada en una extensa exposición de casi una hora, en la que planteó que “la Constitución de 1994 fue la más legítima de la democracia argentina”. Mencionó que del proceso de reforma participaron cuatro hoy ex presidentes, y la actual mandataria, diez gobernadores en ese momento en ejercicio, treinta diputados nacionales y diez senadores, “con representación de todo el arco ideológico”.

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