Infojus: Apelan el sobreseimiento de Mulford y de ex funcionarios de De la Rúa
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Apelan el sobreseimiento de Mulford y de ex funcionarios de De la Rúa
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-06-25 | Por: Infojus Noticias | Fecha de captura:: 2016-01-18 21:02
Para el fiscal Germán Moldes, que hizo la presentación, el megacanje fue “una colosal estafa a las finanzas públicas”. Habló de “maridaje” entre funcionarios y asociaciones de privados, para “la celebración de convenios ruinosos” que comprometieron la economía del país. El 70 por ciento de los bonos que reclama el fondo buitre NML, fueron emitidos durante esa operación.
La fiscalía ante la Cámara Federal porteña apeló la decisión de ese tribunal de sobreseer a ex funcionarios del gobierno de Fernando De la Rúa, financistas y banqueros, entre ellos el estadounidense David Mulford en la causa por el “megacanje” de deuda de 2001, cuando Domingo Cavallo ocupaba el ministerio de Economía. Ahora la sala II de esa Cámara deberá resolver si concede la apelación solicitada por el fiscal general Germán Moldes, y el punto pasa a ser revisado por la Cámara Federal de Casación.
El escrito busca revertir la decisión firmada por los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la sala II del Tribunal de Apelaciones, el pasado 5 de junio, donde consideraron que el delito -que implicó un aumento de la deuda externa del 63 por ciento y derivó en la crisis económica, política y social que determinó el fin del gobierno de De la Rúa-, estaba prescripto.
En esa instancia los jueces afirmaron que, a más de 13 años de los hechos, en la investigación “no ha logrado superarse el estado de incertidumbre que llevó, en todos los casos, al dictado de un criterio expectante”, y para ellos suficiente para revertir los procesamientos dictados en primera instancia e la causa por el juez de instrucción Sebastián Ramos. En una primera resolución los camaristas desvincularon de la causa al representante del banco estadounidense Credit Suisse First Boston, David Mulford, que citado a prestar declaración indagatoria -en marzo de 2002 y en julio de 2006- rehusó presentarse ante la Justicia argentina.
Otra resolución, del mismo tenor, benefició a los funcionarios de la Alianza que participaron de la maniobra: el ex secretario de Hacienda Jorge Baldrich, el ex subdirector de Financiamiento Jacobo Dreizzen, el ex procurador del Tesoro Ernesto Marcer, el ex director de Crédito Público Carlos Molina y al ex jefe de Gabinete de Asesores de Economía Guillermo Mondino. También al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Horacio Liendo y el ex secretario de Política Económica y actual diputado del PRO, Federico Adolfo Sturzenegger.
Los jueces de la sala II además revocaron el pedido de captura internacional, que pesaba sobre Mulford desde 2012 para que prestara declaración indagatoria en la causa. Argumentaron la prescripción y esta decisión porque transcurrió “el límite punitivo máximo establecido en el tipo penal que se ajusta al hecho”, que es de seis años. Moldes no acuerda con esa posición y en su escrito remarcó que en 13 años el ex secretario del Tesoro de EEUU, David Mulford, no dio “señales concretas de una voluntad de sometimiento o respeto a la Justicia argentina”.
El único que quedó procesado y que deberá enfrentar el juicio oral es el ex ministro Domingo Cavallo. Este debate, aún sin fecha de inicio, estará a cargo del Tribunal Oral Federal 4.
Los fundamentos del fiscal general
Para el fiscal general Moldes el megacanje durante el gobierno de la Alianza fue “una colosal estafa a las finanzas públicas”. Y habló del “maridaje” entre “funcionarios públicos y asociaciones de privados”, para “la celebración de convenios ruinosos” que “comprometen la economía presente y futura del país”.
En su escrito Moldes remarcó que “lo único importante es que todos y cada uno de ellos respondan penalmente por sus ilícitas acciones”, en referencia a quienes estuvieron procesados o imputados y fueron sobreseídos. “Lo contrario implicaría consagrar que ninguna consecuencia se avizora para la sumatoria de décadas de desaciertos, imprevisiones y despropósitos que nos trajeron a estos puertos y han provocado una fractura entre la confianza pública” y “las garantías del Estado de derecho”, argumentó.
Además, aludió a “conductas” claramente cometidas por “irresponsabilidad, impericia, desidia, pusilanimidad o vaya uno a saber qué oscuras connivencias. Otros por avidez, codicia, desprejuicio e indecencia”.
La trastienda de la operación
Según la instrucción, la operación financiera que dio origen a la causa judicial fue instrumentada por Cavallo y Mulford, a través del decreto 648/01 del 16 de mayo de 2001. Ellos habrían sido los encargados de seleccionar a los siete bancos internacionales que participarían del canje: Citigroup, Credit Suisse First Boston, Francés, Galicia, HSBC, JP Morgan y Santander Central Hispano.
La operación se abría definido pasada la medianoche del domingo 3 de junio de 2001, cuando los representantes de los bancos se reunieron con los funcionarios del ministerio de Economía para tratar el tema de “los precios mínimos” de los bonos que terminaron por auto canjearse, con jugosas comisiones de por medio determinando que la deuda pública en cuestión trepara de 60.504 millones de dólares a 98.414 millones.
En la reconstrucción de la causa el fiscal Moldes concluyó que tras una decisión de política económica del Estado existió una operación “previa, contemporánea y posterior” a la suscripción del decreto antes citado que “tendió a favorecer a ciertos amigos”.
El Megacanje y los fondos buitre
El “Megacanje” pretendía aliviar los pagos de intereses y de capital de la deuda externa argentina, después del estrepitoso fracaso del “Blindaje”. Argentina intercambió los 46 distintos títulos de deuda que Argentina tenía vigentes en ese entonces, por otros 5 nuevos bonos que extendieron los plazos de pago hasta 2031. Sin embargo, en función de las nuevas tasas acordadas y las enormes comisiones bancarias, la deuda aumentó en un volumen inimaginable. En esas comisiones se perdieron cerca de 150 millones de dólares.
Los fondos buitre, recientemente favorecidos por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no revisar la sentencia del juez Thomas Griesa, también tienen participación en esta historia. La sentencia de Griesa pretende obligar a la Argentina a pagar 1500 millones de dólares en efectivo y al contado, a los fondos especulativos que adquirieron bonos en default a precios de remate. Esos bonos, que en 2001 Argentina anunció que no iba a poder pagar, fueron adquiridos principalmente por los fondos de Paul Singer y Kenneth Dart, en 2008.
Los buitres pagaron menos de 50 millones de dólares por esos bonos, de los que ahora pretenden obtener 1500 como ganancia. De ese total, 832 millones son reclamados por NML Capital, uno de los fondos de Singer. El dato que vincula a este magnate estadounidense ultraconservador con Domingo Cavallo, David Mulford y los demás implicados en esta causa judicial es que el 70 por ciento de esos bonos que reclama NML son bonos emitidos en el Megacanje.
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