Infojus: Fondos buitre: "Está probado que los buitres espían a funcionarios"

Mara Laudonia es economista y periodista y autora de “Los Buitres de la deuda”. Siguió el proceso judicial que los holdouts llevaron adelante en Estados Unidos contra la Argentina, como corresponsal y editora de la agencia Télam. Entrevistada por Infojus Noticias, explicó entre otros puntos, los alcances de la claúsula RUFO.

“Los Buitres de la Deuda” (Biblos), publicado en febrero del año pasado, reconstruye la historia del reclamo judicial de los fondos especulativos ante los tribunales de Estados Unidos. Su autora, Mara Laudonia, es editora de la sección de Economía de la agencia Télam. Advierte que si el juez neoyorquino Thomas Griesa no habilita una negociación, “estaría empujando a la Argentina a un nuevo acuerdo con el FMI”. Entrevistada por Infojus Noticias analiza las distintas variantes para resolver el conflicto y revela que el lobby de los fondos buitre no sólo está en Estados Unidos, sino que llega hasta las ONGs argentinas.

-¿Cuál fue la estrategia argentina ante esa resolución del juez Griesa? 

-Lo que hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso el viernes, y con la solicitada en el Wall Street Journal el sábado, es pedir que dejen a la Argentina negociar. Se están pidiendo condiciones a Griesa para poder pagar, y en ese sentido es la presentación que los abogados de la Argentina están realizando hoy ante el juez Griesa.

-¿En qué consiste esa presentación?

-La Argentina pide un plazo de suspensión de la sentencia hasta diciembre para que la dejen hacer los pagos a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Los vencimientos del 30 de junio son por cerca de 900 millones de dólares, y se busca pagar sin que Griesa intente embargar ese dinero para pagar a los fondos buitre. Sino el poder de negociación sería nulo, porque habría que definir acciones en menos de diez días.

-¿Por qué se intentaría llegar a diciembre?

-En diciembre vence la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que implica que la Argentina no puede hacer ninguna oferta mejor a ningún acreedor si no se la puede ofrecer también a los acreedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Argentina pide que la dejen hacer los pagos este año para poder pasar la cláusula RUFO y negociar, o que la dejen hacer los pagos ahora y que además se interprete la cláusula RUFO como corresponde.

-¿Cómo se podría interpretar la cláusula RUFO?

-Hay que analizar si un posible acuerdo judicial se podría interpretar como “oferta voluntaria”, como prohíbe la cláusula RUFO. Está claro que la Argentina no quiere hacer esa oferta a los fondos buitre, que quiere ofrecer lo mismo que al resto. Pero tiene que negociar por la decisión del máximo tribunal estadounidense, que no quiso tratar el caso y sostuvo lo decidido en instancias anteriores.

-¿Qué pasaría si se considerara vulnerada la cláusula RUFO?

-Si los acreedores pudieran accionar contra la Argentina por violarse esa cláusula, todos los bonistas intentarían cobrar lo mismo y reclamarían el cien por ciento de la deuda original. Según el ministro Kicillof, son 120 mil millones de dólares. Algunos abogados dicen que son casi 500 mil millones. Cualquiera de esas cifras es exorbitante. Si Griesa no genera las condiciones legales para que Argentina pueda negociar, estaría siendo empujada a pagar al contado, y eso implicaría ir a buscar un crédito urgente, algo imposible si se compromete a la mitad de las reservas. Es como si nos empujaran a un nuevo acuerdo con el FMI. La Argentina quedaría entre la espada y la pared.

-¿Hay otras variantes para una negociación?

-Está la posibilidad de que los bancos intenten comprar la deuda, pero hay que ver si Paul Singer lo acepta. A partir de eso comienzan las especulaciones de qué condiciones pondrían los bancos, que ofrecen intermediar pero exigen que se emita otra determinada deuda. Eso es la vuelta al endeudamiento. Otra posibilidad es la de un cambio de jurisdicción, para evitar que Griesa embargue los pagos a los bonistas que ingresaron al canje. Pero ya anticipó el viernes que interpretaría eso como un desacato. Con lo cual podría instruir a los bancos estadounidenses a que no ayuden a la Argentina a concretar esa operación.

-¿No se podría lograr un cambio de jurisdicción con otros actores?

-Si hay otros bancos de otros países que quieren intervenir, como los de Francia, se podría realizar. Pero no creo que Francia quiera tener un conflicto internacional con la Corte de Estados Unidos por colaborar en esto. Con las medidas de Griesa es muy complicado que la Argentina reciba ayuda de otros países. La última posibilidad sería un canje local, porque uno es soberano de las medidas en su jurisdicción. Eso tendría sus complicaciones porque algunos fondos de inversión de Estados Unidos no podrían ingresar, pero si no hay negociación, esa sería la última opción para demostrar que Argentina tiene voluntad de pago.

-¿Qué consecuencias podría tener esta situación sobre el desarrollo energético y la explotación de los recursos naturales?

-Capitanich habló hoy de los intereses petroleros, y Mujica habló de interés en Vaca Muerta. Yo estuve en Washington la semana pasada con los legisladores, y a mí me daba la impresión de que hablaban más de Vaca Muerta que de los fondos buitre, que es el tema por el que habían ido a hablar. En ese momento  se creía que a Corte iba a tomar el caso o le iba a pedir opinión al gobierno de Estados Unidos. YPF está haciendo esfuerzos tremendos por atraer inversiones y lograr el autoabastecimiento energético. Ahora hay una amenaza implícita de que no vendrían esas inversiones.

-¿Cómo podrían verse afectadas esas negociaciones?

-Si las empresas supeditan el ingreso de capitales a un acuerdo con los holdouts, se repite el escenario de 2005, cuando presionaban a la Argentina por todos lados. Hay muchos intereses en juego, y eso es un problema. Argentina está buscando normalizar su deuda como lo hizo con el Club de París y con Repsol. La presión por lograr un acuerdo para no perder estas inversiones es impresionante.

-La Fundación Paul Singer, del financista que encabeza el fondo NML Capital, donó 100 mil dólares a la ONG “Voces Vitales Argentinas”, dirigida por la diputada nacional del PRO, Laura Alonso.¿La presión del lobby también existe en la Argentina?

-Hay lobby explícito y otro que no lo es tanto. Lo de Laura Alonso fue explícito porque al ser una ONG tiene que explicar el origen de sus fondos. Pero podemos hablar de todos los negociadores de la deuda en Argentina. Cuando escribía el libro, algunos funcionarios me confesaron que recibieron presiones personales de parte de los fondos buitre, que fueron intimidados por operadores locales. Está probado que hasta realizan operaciones de espionaje sobre los funcionarios. Es el mismo modus operandi que hicieron en África: allá se acusó de corrupción a funcionarios que debían negociar con los fondos buitre.

-¿Qué repercusiones puede tener esta resolución en el mundo?

-La situación no afecta a la Argentina solamente. Toda la comunidad internacional está muy preocupada porque esto va a afectar a muchos países que quieren reestructurar su deuda, y Grecia es uno de los primeros. Todo el problema tiene que ver con que hace falta un tribunal internacional que trate la quiebra de los países. Las empresas pueden recurrir a las leyes de quiebras, y en Estados Unidos hasta los municipios pueden reestructurar su deuda en base a una legislación. Hace poco Detroit entró en default y lo hizo. Entonces no se entiende por qué un juez puede actuar con estas consideraciones sobre la Argentina.

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