Infojus: Quiénes no escucharon las doce denuncias de la mujer ciega por los golpes

Un tribunal platense condenó a 8 años de prisión a Carlos Goncharuk, ex pareja de Susana Gómez. El hombre la había dejado ciega por los golpes. La mujer hizo doce denuncias entre 2002 y 2011. Recién en la 13 presentación la burocracia policial y judicial activó una investigación y con ella un debate oral que llegó tres años después. Las presentaciones de las víctimas se apilan y engrosan los archivos de comisarías y fiscalías.

“¿Otra vez acá? ¿Qué te pasó ahora?”, le preguntaban en tono de burla los operadores judiciales de la Mesa de Entradas y Oficina de Denuncias del Departamento Judicial de La Plata cuando veían llegar a Susana Gómez. La mujer hizo doce denuncias entre 2002 y 2011. Viajaba desde la localidad platense de Lisandro Olmos hasta la calle 7- entre 56 y 57- en el centro de la ciudad de las diagonales. Iba a declarar contra su marido golpeador y se encontraba con la muralla de la burocracia judicial. Recién en la decimotercera presentación la maquinaria activó una investigación y con ella un debate oral que llegó tres años después. Esa vez la mujer no fue sola hasta la fiscalía. La acompañaron los integrantes del refugio María Pueblo. No era la misma. Había quedado ciega por los golpes.

Ayer, el Tribunal Oral Criminal número 5 de La Plata condenó a 8 años de prisión a Carlos Goncharuk, su ex pareja. El caso puso de relieve la realidad de muchos otros que al momento de emerger a la escena pública ya cuentan con denuncias previas. “Ya lo había denunciado”, es la frase que se repite en la mayoría de los procesos por violencia de género que obtienen atención de los medios. Las presentaciones de las víctimas se apilan y engrosan los archivos de comisarías y fiscalías. “Una acusación por lesiones corre el triste camino del archivo, la investigación es muy pobre”, dijo a Infojus Noticias Darío Witt, abogado de Susana.

Según datos del año 2012, provistos por las Comisarías de la Mujer y la Familia en Buenos Aires, la mayoría de las exposiciones por violencia intrafamiliar que llegan son por agresión verbal, violencia psicológica y emocional (el 74% de los casos). El 25 % son por son por violencia física; el 7% por violencia económica y patrimonial, el 1 % por violencia sexual y reproductiva.

Durante nueve años, el tiempo que duró su relación violenta, Susana Gómez recorrióel Juzgado número 2 en lo civil y la Mesa General de Entradas y Oficina de Denuncias. También fue a la comisaría de Lisandro Olmos. Allí la derivaban a la Comisaría de la mujer, la única en su tipo en la capital de Buenos Aires.

Cuando la investigación judicial comenzó a cercar a Goncharuk y la policía intentaba detenerlo, los efectivos tuvieron una idea: usar a la víctima como señuelo. “Vos quédate afuera que cuando te venga a buscar lo agarramos”, le sugerían los policías.

Acompañada por la ONG que le dio refugio, Gómez pudo llegar hasta el juicio. Pero no todas las mujeres alcanzan esta instancia. “Para ejercer tu derecho primero tenés que estar vivo. Muchas de estas mujeres que son capaces de hablar sobre sus historias, no llegan vivas a juicio”, dijo Witt.

Según la ONG la Casa del Encuentro, entre 2008 y 2012 hubo 1223 mujeres asesinadas por su condición de género.  El 12,5% de estas víctimas de femicidio ya había denunciado al agresor o tenía una medida judicial de exclusión.

Buenos Aires como caso testigo

Los casos en los las presentaciones judiciales de mujeres forman torres de expedientes ocurren, mayoritariamente, en la provincia de Buenos Aires. Allí la lenta montaña rusa por la que ingresa una acusación, comúnmente empieza por una comisaría. El caso extremo de maltrato y obstrucción de acceso a la justicia sucedió en febrero en San Fernando, al norte del conurbano. La mujer había ido a hacer una denuncia por violencia doméstica a una delegación policial. Los policías la golpearon y ella terminó acusada de resistencia a la autoridad.

“Los únicos espacios que garantizan atención las 24 hs. son los policiales. Tampoco está descentralizado porque no hay espacio por barrio”, opina Sara Cánepa, reconocida abogada por su trabajo en derechos humanos

El informe “Monitoreo de políticas públicas y violencia de género” del Observatorio de Violencia de Género (OVG)  de la provincia de Buenos Aires, que funciona bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo, completa la fotografía de la situación de las bonaerenses. Según este relevamiento, en 2012 se iniciaron 29.354 causas vinculadas a la protección contra la violencia familiar,  en los Juzgados de Paz de la provincia. Solo 12.727 tuvieron sentencias dictadas. Ese año también se dio impulso a 65.838 causas en el fuero civil y comercial. 13.002 de esos expedientes fueron archivados, 43.853 paralizados y solo 2.018 tienen sentencia definitiva. El resto obtuvieron medidas cautelares por violencia y/o fueron concluidas por el denunciante. Muchas de las mujeres que le pusieron la voz a sus presentaciones no obtuvieron resultados rápidos a nivel judicial.

El informe del OVG no se limita a ilustrar la situación sino que avanza en el plano propositivo y señala como urgente: “acortar los plazos de elevación de las denuncias a los Juzgados, elaborar protocolos de actuación en conjunto, que garanticen in­tervenciones efectivas e impidan la re-victimización de las mujeres de­nunciantes y eliminar requisitos burocráticos que suponen la re-victimización de las mujeres denunciantes”. También advierte sobre la falta de conexión entre las intervenciones del Fuero de Familia y de la Justicia de Paz y las del fuero penal.

En el capítulo “El Acceso a la justicia como garantía del ejercicio de la ciudadanía plana de las mujeres”, el OVG que dirige Laurana Malacalza advierte sobre el déficit en la formación: “El abordaje de la cuestión en los primeros momentos de urgencia/emergencia, es el que marca el curso que se le imprimirá a la situación. En ese sentido es pri­mordial la implementación de programas de capacitación a receptores de casos y a operadores judiciales que dictan órdenes de protección e inves­tigan la comisión de delitos”.

Según el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires los casos deviolencia familiar pueden presentarse en Comisarías de la Mujer y la Familia, como en el resto de las delegaciones. Y el  personal policial tiene la obligación en todos los casos a recepcionar las demandas. En caso de exponer hechos que constituyan un delito, como lesiones o amenazas, se pueden efectuar también en las Fiscalías y Juzgados de garantías de turno.

El camino es engorroso y poco ágil. “Si denuncian acciones de hostigamiento verbal y/o psicológico se da intervención al Juzgado de familia, se toma una denuncia que consiste en un formulario y luego se eleva el mismo día a la mesa general de expedientes donde luego se sortea y la denunciante debe ir pasadas las 72 hs con el certificado y DNI para que le asignen un juzgado”, explicó una fuente que trabaja en una Comisaría de la mujer en el conurbano.

A nivel nacional, el número para hacer denuncias es el 144, las 24 horas durante los 365 días del año. Allí un equipo de especialistas deriva y aporta información útil para aquellas mujeres que se encuentran en situación de riesgo. 

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