Infojus: Soldati: organizaciones sociales exigieron una solución habitacional

Alertadas por el violento desalojo que realizó la Policía Metropolitana en un predio a quince cuadras de la toma, organizaciones sociales pidieron al juez que, en caso de ordenarlo, “se cumpla con los estándares internacionales en derechos humanos”. Lo hicieron a sabiendas que un grupo de fiscales presentó una nueva orden de desalojo, aunque habría un compás de espera hasta que la Cámara de Apelaciones dicte una resolución.

Organizaciones sociales pidieron al juez en lo penal y contravencional, Gabriel Vega, que en caso de que se concrete el desalojo del predio que ocupan cientos de personas en Soldati “se cumpla con los estándares internacionales en derechos humanos” y que el gobierno porteño garantice a los vecinos una “solución habitacional”.

“El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Central de Trabajadores de la Argentina (Cta) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) presentamos un escrito al juez (Gabriel) Vega para que en caso de que se ordene el desalojo se cumpla con la Observación General 7, que tiene que ver con estándares internacionales en derechos humanos en esa materia”, dijo  Luciana Bercobich, integrante de Acij.

La abogada precisó que Vega aceptó ese pedido y recordó que la mencionada Observación, que forma parte de las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “implica que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tene que brindar solución habitacional a la gente que desaloja”.

En este sentido, Gianna Rodríguez, abogada de los vecinos que participan de la toma, consideró que el gobierno porteño “tiene recursos, pero los subejecuta”. “Hasta que la Cámara (de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires) no resuelva sobre las apelaciones presentadas en la causa no se sabrá
si el desalojo va para atrás, se confirma o se modifica, pero en caso de seguir tiene que cumplir con el requisito del juez (Gabriel Vega), que es la Observación 7”, detalló.

Bercobich confirmó además que la jueza porteña Elena Liberatori convocó a una audiencia el miércoles a las 12, de la que participarán la Asesoría Tutelar, la Defensoría Pública y el presidente de la junta vecinal de la villa 20, Víctor Núñez. “Vamos a participar en el proceso contencioso administrativo representando a Núñez, y aunque no sabemos concretamente qué se tratará en la reunión, creemos que tendrá que ver con la situación ambiental, el saneamiento del suelo y la posterior construcción de viviendas sociales, que son parte del proyecto de reurbanización de la villa”, apuntó.

Fiscales presentaron un nuevo pedido de desalojo

Por otra parte, el grupo de fiscales que interviene en el caso de la toma del predio de Soldati  presentaron hoy
un nuevo pedido de desalojo del lugar ante el magistrado de la causa por “usurpación”, el juez en lo penal y contravencional, Gabriel Vega.

No obstante, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que se evite emitir orden de desalojo hasta que ese tribunal superior se expida sobre las apelaciones presentadas en la causa, con lo cual la decisión del magistrado podría dilatarse.

“Se pidió el desalojo pero, en función de lo que la Cámara dispuso, se tiene que esperar a que quede firme la resolución de la causa penal por usurpación y todo depende de lo que tarde la cámara”, confirmó a Télam el fiscal Carlos Rolero, integrante de la comisión especial conformada para el caso al interior de la Unidad Fiscal en lo Penal y Contravencional del distrito sur.

La comisión es conformada también por los fiscales Luis Cevasco, Gabriel Unrein, Jorge Ponce y Martín López Zavaleta. El representante del ministerio público informó además que en el marco de los cinco allanamientos realizados ayer en la Villa 20 en comercios y domicilios vinculados con los cinco imputados de la causa, entre los cuales está el ex presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20, “se logró secuestrar mucha documentación que da
cuenta de que hay un grupo que está en la villa que comercia con los terrenos, con los lotes del predio tomado y los están vendiendo, operación que se reiteró en otras oportunidades”.

En tanto el juez de la causa, Gabriel Vega describió el derrotero seguido por la orden de desalojo emitida por él para
hacerse efectiva el pasado viernes y que finalmente fue frenada. “Mi decisión de desalojo fue motivo de un recurso de
apelación por parte de los defensores oficiales y una de las cosas que pidieron fue que la decisión de orden desalojo no se ejecutara sin que la Cámara la autorice”, dijo Vega esta mañana en diálogo con una radio porteña.

“La cámara revisó esta queja de los defensores y les dio la razón, de manera tal que se expresó para que no haya nueva orden de desalojo y no habrá resolución hasta que la cámara revise el fondo”, agregó. Sobre los allanamientos realizados ayer, el magistrado explicó que obedecen a una hipótesis de trabajo de la fiscalía según la cual “estas tomas obedecen al accionar de algunos cabecillas habitantes del barrio que las organizaron con el
propósito de comercializar luego los lotes, apoderándose del predio y lo lotearon, y eso lo venderían a los pobladores”.

Por otra parte, el juez consideró “en principio” zanjada la discusión jurídica respecto de a quién pertenece el predio, que “es del gobierno de la Ciudad” de Buenos Aires, y aclaró que la fuerza que tenía que actuar en su orden desalojo era la Policía Metropolitana.

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