Infojus: "Es necesario un nuevo Código Contencioso Administrativo”

Lo señaló Ernesto Alberto Marcer, ex procurador del Tesoro de la Nación, en último panel del día, referido a las bases del proceso contencioso administrativo. “Cuando hay un juicio al Estado por una empresa, cada uno de nosotros somos los que sufrimos las consecuencias”, señaló por su parte el camarista platense Gustavo Scaparotel.

El tercer panel del segundo día del Congreso Federal sobre Reformas Legislativas tenía una consigna contundente: “Las bases del proceso contencioso administrativo en el Estado Constitucional de Derecho”. Extenso y complejo, pero explicado en palabras que cualquiera pudo entender, el panel hizo un cruce inédito de teorías y experiencias.

“Hay un tema central que es establecer las bases de un Código Contencioso administrativo en el Estado Consituticional Social de Derecho”, dijo Patricio Sammartino, magíster en Derecho Administrativo, profesor universitario y miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho: “La idea es sostener que dentro de los principios de este Estado se toma el deber jurídico de asegurar la dignidad de la persona y por ende de proteger los derechos humanos”.

Sammartino dijo que “la preocupación del Código Contencioso Administrativo es cómo regular los actos y omisiones de la administración con la protección de los derechos e intereses del particular damnificado”. Y agregó que “el proceso contencioso administrativo es un proceso bivalente: asigna la protección (individual y de incidencia colectiva) y los intereses privados y públicos, pero tiene como finalidad asegurar la juridicidad del Estado constitucional de Derecho en el caso concreto. El Código tiene que prever una pluralidad de pretensiones, de modo tal que no produzca indefensión a los derechos humanos”.

Laura Monti, procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hizo referencia a la habilitación de la instancia contenciosa administrativa. “El estado en juicio frente a los particulares no debe comportarse de la misma forma en la que los particulares litigan entre sí”. Y también se habló del agotamiento de la vía administrativa: “Es mediante el proceso que se trata de que el Estado actúe legítimamente. Para el particular es interesante: puede conocer cuál es la posición del Estado en un eventual juicio. Va a estar más informado. Para el Estado es importante para saber a qué atenerse en el juicio”.

El fiscal en lo Contencioso Administrativo Federal Fabián Omar Canda agradeció la iniciativa de debatir la reforma y se refirió a la competencia en el proceso contencioso administrativo en la actualidad: “Establecer la competencia viene de la mano de la garantía del juez natural. Ha habido tendencias a huir del derecho administrativo. El tema de la competencia no es solo un tema formal. Y pidió abreviarlos rápidamente y que no se demoren años en establecer cuál va a ser el juez que va a atender”.

Ernesto Alberto Marcer es ex procurador del Tesoro de la Nación, ex procurador general porteño y ex subsecretario de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires. Celebró la decisión de crear un nuevo código Contencioso Administrativo: “Es súper necesario y obligatoria la sanción de un código de este tipo. El tema son las bases sobre las que se asiente”.

“La discusión del Código es imprescindible”

En cada rincón de los pasillos y el hall central hay pinturas de una banda orquestal de arlequines, pintados por el artista español Daniel Conde. Con expresiones al borde de la tragedia y tonos opacos, estos cuadros se suman al estilo barroco de la decoración general. Entre panel y panel de la última charla del día, los invitados paseaban por los pasillos. Algunos hablaban de fallos y hacían chistes con tinta judicial. Después de esa pausa con un catering preparado por el hotel, el Congreso siguió con pilas recargadas. 

Diego Morales, director del Área de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y profesor en diversas universidades dijo que “la discusión del Código es imprescindible, sobre todo la incorporación en términos normativos de los derechos de los grupos en vulnerabilidad”.

Morales puso su experiencia litigiosa en el CELS sobre la mesa y habló de la importancia de que la Justicia se pusiera del lado de los desamparados: ”La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, a partir de un caso particular reciente, que los jueces tienen un deber de protección cuando las discusiones se dan con grupos de especial vulnerabilidad. Además de asegurar similares condiciones para la discusión, debe haber una protección específica en función del sujeto”.

El juez Gustavo Scaparotel, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata, planteó definir las bases sobre las que se va a construir: “Gobernar es crear un derecho cuando hay una necesidad, y la justicia debe estar inspirada por un principio de justicia distributiva”.

“El Estado es el espejo de La Nación y algunos argentinos se empeñan en romper ese espejo. En cuanto a la responsabilidad del Estado, tenemos que pensar que cuando hay un juicio al Estado por un particular que puede ser una empresa, cada uno de nosotros somos los que sufrimos las consecuencias. Cada una de esas condenas es una condena a todos los habitantes del país”, dijo Scaparotel.

“Mantener el equilibrio entre las garantías y las prerrogativas”

Francois Julien-Laferriere, Catedrático de Derecho Público de la Universidad de París Sur, Francia, expuso los procesos de cambio de los Códigos de su país: “Un código contensioso administrativo es una aceptacion de la limitacion de la soberanía del Estado”, dijo y agregó un ejemplo práctico: “Se le niega a una persona la licencia de conducir, por motivo de que no tiene la edad de 18 años. Pero esa persona ya haya pasado la prueba, y el juez anula la negación porque la persona tiene 18 y los administrativos cometieron un error. En este caso, el juez ordena y no se necesita examinar el caso porque se cumplen todos los requisitos. Incluso, el juez puede agregar un plazo y una multa al organismo por su falta. Esa es una de las funciones del nuevo código francés en las que el Estado puede ser penado”.

Como cierre de este panel maratónico, Tomás Hutchinson, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Academia Nacional de Derecho Comparado, puso varias dosis de humor que hicieron que el público estallara en varios aplausos. “Yo me analizo todas las tardes hace cincuenta años con Johnny, Johnny Walker, y aclaro que hoy no lo pude ver para ordenar todas mis reflexiones y decirlas en solo 18 minutos en este congreso, pero haré lo posible”.

Para Hutchinson, “hay que mantener el equilibrio entre las garantías y las prerrogativas”, y solo “porque el Estado está activo puede llegar ese derecho a los habitantes, ya que si no actuara no tendría ese derecho. Debemos tener en cuenta que hay muchos empresarios que no quieren que haya un código contencioso administrativo. Un nuevo código tiene que tener cosas muy distintas y hoy en día se puede afrontar ese cambio”.

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