Infojus: Los peligros de ser africano en Buenos Aires

La Defensoría del Pueblo denunció a la Policía Metropolitana y a funcionarios del gobierno porteño por “vejaciones, coacción agravada y privación ilegal de la libertad” contra senegaleses. Allanaron el hotel donde viven, de madrugada y a la fuerza. Secuestraron la mercadería, maniataron a menores y desnudaron a mujeres. Testimonios de las víctimas.

Nar, Thierno y Macoeou comparten habitación en un conventillo de Balvanera. La pieza es chica para tres personas, pero alcanza para su ropa y algunos recuerdos de Senegal. En los rincones, hay algunos bolsos abiertos. Ahí tenían las billeteras, cinturones y anteojos que venden frente a la estación Once. La semana pasada, la Policía Metropolitana les secuestró la mercadería en el marco de un allanamiento, realizado en la madrugada y a la fuerza. Entraron a todas las habitaciones del edificio, maniataron a menores y desnudaron a mujeres. A los senegaleses los obligaron a firmar -a punta de pistola- documentos que no entendían porque no hablan español. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires denunció por los hechos a la fuerza de seguridad y a funcionarios del gobierno porteño.

Uno de los testimonios de la denuncia que presentó la defensora Alicia Pierini es el de Nar Faye, de 41 años. La madrugada del 28 de enero, Nar dormía sobre su colchón de una plaza en la habitación de Sarmiento 2835. A las cinco de la mañana, lo despertó un policía apuntándole con un arma. Su compañero de cuarto, Macoeou, se estaba bañando y Thierno dormía en el entrepiso de la habitación. Ninguno de los tres habla bien español, se manejan con lo que saben de francés y entre ellos hablan en wolof, una de las lenguas oficiales de su país natal.

A Thierno, de 18 años, lo despertaron los ruidos que venían del pasillo. Cuando se levantó, lo sorprendió no ver a sus compañeros, pero más lo desorientó ver su cuarto y el patio lleno de policías armados, vestidos de negro y con las caras tapadas. Cuando trata de reconstruir lo que pasó, recuerda los “brazos musculosos” y pone la mano en forma de pistola para describir la escena. Se acuerda de un inspector que le dijo que se llamaba Cristian, que fue quien le explicó que “no había nada que hablar, sólo tenía que firmar”. Su nombre es el que figura en el acta de allanamiento. Thierno, que es el que mejor habla español, recuerda que la policía tenía una cámara con la que filmaba todo, pero que la corrieron cuando le apuntaron para que firmara.

Ese día, la Policía Metropolitana allanó la pensión completa por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°. 4, a cargo de Graciela Dalmas. Se trata de una investigación por venta de mercancía ilegal en la vía pública. Se allanaron viviendas en horario de madrugada, pero se labraron las actas como si fueran depósitos. La defensora Pierini denunció a efectivos de la Metropolitana y a funcionarios del gobierno porteño por “vejaciones, incumplimiento de los deberes de funcionario público, coacción agravada y privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público”.

“Es la primera vez en mi vida que tengo un problema con la policía”

A Nar, Thierno y Macoeou les secuestraron toda la mercadería que debían vender esta semana. Ellos recuerdan que les preguntaron varias veces si tenían plata. En el caso de Nar, secuestraron el teléfono en el que tenía las fotos de su familia, que lo espera en Senegal.

“No lo puedo creer. Es la primera vez en mi vida que tengo un problema con la policía”, dijo a Infojus Noticias Thierno. “Nosotros nos levantamos temprano, nos bañamos, rezamos y salimos a trabajar todo el día. Nar y Macoeou se comunican a través de Mustafá, que habla su idioma al igual que el español. Mustafá es el presidente de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina, y el hecho lo preocupa especialmente porque entiende que sobre su comunidad pesa el prejuicio de que venden mercadería robada o de que integran “mafias”. Mustafá traduce a Macoeou: “¿En Argentina es siempre así con los derechos?”

Por los allanamientos tomaron intervención organizaciones sociales como Colectivo Para la Diversidad (COPADI), Cine Migrante y el CELS. Junto con la asociación que preside Mustafá, llevan adelante los reclamos  de algunos de los damnificados. La denuncia quedará ratificada cuando todos los que declararon ante la Defensoría ratifiquen sus testimonio en la Fiscalía que interviene en el caso.

Uno de los testimonios que figura en la denuncia que hizo la defensora es el de una señora que vende sus mercancías frente a la estación de trenes de Once. La Metropolitana entró por la fuerza a su casa en la mañana del martes 28. Fue a las seis de la mañana, cuando la mujer se encontraba durmiendo junto a su marido. En la misma habitación, que alquilan en el edificio de Sarmiento 2837, estaban sus hijos de 3, 11 y 18 años, la novia de éste último y su sobrina de 17. Se despertaron de golpe cuando varios oficiales, vestidos con chaleco cascos y escudos, los apuntaron con armas al grito de que no se movieran.

Según relató la mujer a la Defensoría, a ella la encerraron en un baño dos oficiales mujeres y la hicieron desvestir. “Me hicieron agachar, me hicieron dar vueltas de ambos lados”, declaró la mujer.

Los relatos se multiplican y son variados, aunque en todos predomina el abuso policial. Una familia denunció que fue allanada aunque ninguno de ellos era vendedor ambulante. Una mujer dijo que le secuestraron desde la plata y los teléfonos, hasta refrescos y un freezer marca Gafa. Muchos testimonios coinciden en un punto: no les dejaron copia del acta, bajo la sugerencia de que “fotocopiaran la de un vecino”. En la de sus vecinos, por supuesto, no figuran las cosas que les secuestraron a ellos.

El trato hacia los menores también quedó bajo la lupa de los investigadores: una mujer contó que había salido de su casa antes de que comenzaran los allanamientos. Al enterarse, volvió para encontrarse con sus hijos, menores de 4, 13, 15 y 16 años. No la dejaron subir, le dijeron que los chicos “estaban bien viendo televisión”. El relato de su hijo mayor fue diferente: dijo que lo habían sacado de la cama a punta de pistola y que le ataron las manos con un precinto, dejándolo en el baño.

“Ninguna causa justifica la actuación de los funcionarios intervinientes. (…) Los conflictos sociales no deben resolverse con represión y mucho menos con conductas de dudosa legitimidad en el marco del Estado de derecho. Hay un límite: en este caso o han franqueado”, escribió Pierini en su denuncia, que quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N° 2.  

En diálogo con Infojus Noticias , Pierini expresó: “Todo lo que han hecho está mal hecho, no se puede hacer un allanamiento en horas de la noche y levantar a todos los chicos. Se supone que por mucho que se está investigando la venta ilegal de artículos, no estás hablando del narcotráfico sino de gente mucho más sencilla”.

“La mayor gravedad está en el procedimiento violento y con armas que no hacían falta”, explicó la defensora. “La segunda vulneración importante son las vejaciones con esto de que se desnuden, y el maltrato a los chicos. La tercera violación la veo en que se llevaron todas las cosas y no dejaron constancia: eso no se puede hacer, tenés que decir qué te llevaste. Incluso se llevaron plata en efectivo: 4000 pesos”, apuntó. “La presunción de inocencia la ignoraron. Los trataron como si fueran delincuentes condenados”, señaló.

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