Infojus: Crimen de Mariano Ferreyra: las expectativas puestas en Casación

La Cámara Federal de Casación Penal ya revisa la sentencia a 15 años de prisión contra José Pedraza por el asesinato del militante del PO. También deben resolver sobre las condenas a otros seis ferroviarios, un barra y dos policías. Uno de los jueces de la sala III, Eduardo Riggi, está imputado en una causa por tráfico de influencias para beneficiar a Pedraza.

La causa por el asesinato de Mariano Ferreyra llegó a la Cámara de Casación. La Sala III revisará las penas de José Pedraza, y de los sindicalistas y barrabravas condenados por el homicidio. El mandamás de la Unión Ferroviaria pagó un soborno de 50 mil dólares para que la causa cayera en esa sala, pero fue descubierto “in fraganti”. **Infojus Noticias conversó con Maximiliano Medina, el abogado del CELS que patrocina a la familia de Mariano Ferreyra en estos procesos.

-¿Por qué apelaron la sentencia?

-Apelamos la calificación en la que se encuadró el asesinato. El tribunal consideró que se trató de un homicidio simple, que hubo dolo eventual de parte de Favale, Sánchez y Díaz. Significa que al disparar sabían que podían matar. Nosotros creemos que hubo dolo directo, que tenían la intención deliberada de matar. Eso podría agravar la condena no sólo de ellos tres sino de todos los que fueron penados, y por ende la de Pedraza.

-¿Por qué el tribunal consideró que no hubo intención de matar?

-La bala que mató a Mariano sufrió un roce tangencial en la ojiva –el cuerpo- con lo cual rozó el piso. El tribunal interpretó que el arma no fue orientada contra los manifestantes. Nosotros creemos que en ese caso el proyectil debería estar dañado en la punta –la cabeza-, porque eso indicaría que el disparo fue para abajo. Todos los testigos y las pericias dan cuenta de que quien disparó lo hizo con el brazo derecho extendido en línea recta y en dirección a los militantes.

_Fotos: Sol Vazquez.

-¿Cómo fue el trato de la justicia respecto a los policías implicados?

-Los jueces condenaron a los policías Luis Mansilla y Jorge Ferreyra como partícipes, a 10 y 9 años de prisión. Ellos comandaron el operativo. Fueron condenados por “omisión”, porque no intervinieron en el hecho, a sabiendas de que podía terminar así. A Hugo Lompizano, Luis Echavarría y Gastón Conti sólo se los condenó por incumplimiento de los deberes de funcionario público con una pena condicional de dos años de prisión, entonces apelamos. Ellos tres coordinaban las acciones desde la sede de la Policía Federal. Tuvieron información todo el día sobre lo que iba ocurriendo y aun así no mandaron apoyo en tiempo oportuno. Creemos que deben ser condenados como partícipes, con la misma responsabilidad que Mansilla y Ferreyra.

-¿Qué expectativas tienen de lo que pueda decidir Casación?

-Hay que destacar que la sentencia como hecho político y judicial es histórica. Nosotros valoramos mucho las condenas. No hay precedentes en la historia judicial argentina de una condena a un líder gremial por la muerte de un militante. También es histórica la condena a los policías, cómplices por no intervenir protegiendo a los manifestantes. Más allá del monto de las condenas, eso es algo que siempre rescatamos del tribunal. Las expectativas en Casación son muy grandes, porque consideramos que está probado el plan criminal que involucró a las patotas de la Unión Ferroviaria y la instigación de Pedraza y Fernández.

Un juez con “antecedentes oscuros”

Eduardo Riggi, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal desde 1992, es el único hombre del Poder Judicial que figura entre los trescientos políticos y periodistas de la agenda de Pedraza. Integra la Sala III, la que revisará las condenas. La fiscal Wilma López descubrió maniobras del gremialista para Riggi decidiera sobre su destino. El camarista debía influir sobre sus colegas Liliana Catucci y Ana María Figueroa para garantizar la impunidad de los sindicalistas.

Pedraza recurrió al ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid para llegar a Riggi. Ángel Staforini, el contador de la Unión Ferroviaria, fue detenido cuando llegaba a su estudio  con 50 mil dólares en un sobre. Luis Ameghino Escobar, un funcionario de la Cámara denominado “el señor de las teclas”, debía manipular el sorteo del expediente para que llegara a la Sala III.

-Más allá de que el juez Riggi no va a conformar el tribunal que revise la sentencia –será reemplazado por Mariano Borinsky para resolver este caso-, ¿qué consecuencias tiene que la apelación vaya a ser tratada por la sala que Pedraza quería?

-Siendo la misma sala uno tiene la expectativa de que no haya ningún tipo de contaminación en un caso de tanta trascendencia institucional como este. Confiamos en la buena fe de los jueces que van a intervenir. Esperamos que se vuelquen a las cuestiones técnicas con la seriedad y el compromiso que un caso de estas características requiere. Creemos que sería de suma gravedad institucional que esto se viera empañado por la actitud de un juez con algunos antecedentes bastante oscuros.

-¿Qué objetivo perseguía Pedraza con el pago del soborno?

-Primero, que la causa de Mariano recayera en la Sala III, porque ahí estaba Riggi. Segundo, que Riggi fallara a favor de los primeros siete procesados, y por añadidura garantizara la impunidad de Pedraza. La suerte de Pedraza y Fernández estaba y está atada a la de los autores materiales del crimen. Se trataba de un mecanismo muy aceitado que podría haber accionado antes en otras causas. Y Riggi ya había intervenido en otros casos de Pedraza.

-¿En qué estado está la causa penal?

-La etapa de instrucción de esta nueva causa por cohecho y tráfico de influencias quedó a cargo de los fiscales Sandro Abraldes y Horacio Azzolin. Hay seis procesados: Pedraza, Aráoz de Lamadrid, Staforini, Ameghino Escobar, Juan José Riquelme -un ex agente de inteligencia-, Susana Planas –una colaboradora de Pedraza-. Varios jueces se excusaron, hasta que llegó al escritorio de Luis Rodríguez. La denuncia ya tiene más de dos años, y a Riggi todavía no lo llamó a indagatoria. Es el séptimo imputado, el único que no fue procesado. El juez desvinculó expresamente a Riggi de los delitos de tráfico de influencias y cohecho en el auto de procesamiento; y le sacó la investigación a Abraldes. Está facultado para hacerlo, pero es llamativo porque no suele ocurrir. Desplazó a un fiscal que trabajó en forma seria y responsable en la investigación sobre un integrante muy poderoso del Poder Judicial.

-¿La resistencia para investigarlo tiene que ver con el corporativismo del Poder Judicial?

-En tiempos en los que se ha discutido tanto sobre el rol de la justicia y sobre la democratización del Poder Judicial, es fundamental que se avance su responsabilidad y su idoneidad tanto en la causa penal como en el Consejo de la Magistratura. Es emblemático porque involucra al tribunal penal más importante de la Nación. Lo convierte en uno de los casos de corrupción judicial más importantes de la historia argentina. Creemos que hay elementos para avanzar en la causa penal, y sin dudas hay muchos elementos para avanzar en el juicio político y en la destitución de Riggi, más allá del proceso penal.

-El CELS denunció a Riggi ante el Consejo de la Magistratura, para promover su remoción. ¿Qué pasa con ese procedimiento?

-Con lo que hay en esta causa, Riggi no puede continuar siendo juez de la Nación. El Consejo de la Magistratura es el órgano natural que tiene que determinar la idoneidad de un juez para ejercer su magistratura. Hay un descargo suyo donde se defiende desde el punto de vista técnico del delito que se le imputa en la causa penal, cuando el objeto de la denuncia ante el Consejo no es acreditar un delito sino probar si tiene o no autoridad e idoneidad moral para ejercer su cargo. La causa de Mariano demuestra que cuando hay voluntad política para investigar se puede hacer rápido y en forma efectiva. Esperamos que este año el Consejo se aboque a esta denuncia y se pronuncie sobre Riggi.

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