Infojus: Quiénes atentan contra el precio del dolar

Ayer hubo fiscalizaciones administrativas en oficinas que funcionan en la Bolsa de Comercio. Se sospecha que en algunas de ellas funcionan “cuevas”. Pero la lupa está puesta en una operación entre la petrolera Shell y el banco HSBC que provocó la suba del precio del billete verde.

Frenar maniobras especulativas que impacten en el mercado interno. Esa es la batalla que está librando por estas horas el equipo económico del Gobierno nacional y combate en varios frentes al mismo tiempo: cadenas comerciales concentradas, jugadores de la timba financiera y las multinacionales, que elogian la suba del dólar y aprovechan la oportunidad para reclamar “otras medidas”. A todo eso se suman los temores de los asalariados que conocieron en carne propia el impacto de las devaluaciones abruptas.

Para contrarrestar ese escenario interno y dar un escenario de certidumbre, como lo señaló el ministro de Economía, Axel Kicillof, desde el lunes se flexibilizarán las actuales restricciones cambiarias. Y, al mismo tiempo, se enviaron varias señales de que la administración central utilizará todas las herramientas de la ley penal cambiaria (19.359), que prevé penas para operaciones ilegales de compra y venta de divisas.

El salto del precio del dólar, que ayer trepó 63 centavos y después de tocar el techo de 8,40 cerró en 7,75 pesos, alteró los ánimos generales. Ese movimiento brusco, que implicó una suba del 8 por ciento, la más elevada desde mayo de 2002, estuvo relacionada –según fuentes oficiales- con la compra de unos 3,5 millones de dólares por parte de Shell. Pero la suba no estuvo relacionada con el volumen de la compra sino con el precio: la petrolera ofertó 8,40 pesos por cada billete verde cuando la divisa cotizaba a 7,20 pesos para compradores mayoristas.

“Esto es como si yo entro a una verdulería y el precio del tomate está a 12 pesos y digo que quiero comprar a 40 pesos, si no, no compro”, sintetizó Kicillof en declaraciones a radio Continental y aseguró que directivos de la compañía habrían dicho que estaban dispuesto a “pagar 8,70 pesos”.   Ahí está la explicación de la suba de ayer, que fue frenada con la venta de 183 millones de dólares de la reserva del Banco Central. Sin embargo, desde la petrolera rechazaron la acusación y señalaron que debían pagar importaciones por 3,5 millones de dólares y girar dividendos por un millón más.

El otro actor de esa operación fue el banco HSBC que, al concretar la venta, puso el nuevo precio oficial de la moneda estadounidense y terminó obligando al Banco Central a vender dólares para frenar la suba.

Como parte de las medidas de control, también se realizaron fiscalizaciones administrativas en 29 oficinas que funcionan en el edificio de la Bolsa de Comercio porteña. Según las sospechas del Banco Central y la AFIP, que ayer llegaron hasta el lugar junto con efectivos de la Policía Federal, allí funcionaban varias “cuevas”. De cada una de esas oficinas se llevaron documentación que está siendo analizada para intentar detectar si existieron maniobras que violen la ley penal cambiaria.

Pero además de esos allanamientos, que en muchos casos están más vinculados con el impacto del mercado minorista, en el Gobierno nacional están repasando con cuidado el comportamiento del HSBC. La operatoria llamó la atención por la decisión de pagar más por algo que se podía comprar por menos pero también los vínculos que existen entre el banco británico y los distintos actores políticos: el número uno del HSBC, Gabriel Martino, no se cansa de aparecer fotografiado junto Augusto Rodríguez Larreta –ex gerente de IRSA y hermano del jefe de Gabinete porteño- en las fiestas que organiza el banco en Punta del Este.

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