Infojus: Causa Molinos Río de La Plata: llaman a declarar a los primeros testigos

La causa investiga las desapariciones de unos veinte trabajadores de la empresa, secuestrados durante la última dictadura. El juzgado federal N° 3 de La Plata, a cargo de Humberto Blanco, ordenó tomar las primeras declaraciones, a pedido de los querellantes y la fiscalía. Serán a partir del 6 de febrero.

Un grupo de hijos de desaparecidos intenta que la Justicia Federal reconstruya una serie de veinte secuestros de trabajadores de la empresa Molinos Río de La Plata –incluidos sus padres-, una de las más importantes por entonces del grupo Bunge y Born. Desde la fiscalía sostuvieron que la denuncia, presentada hace 90 días, aún está en un estadio “incipiente”. “Lamentablemente, para los tiempos de la justicia de La Plata, con unas 400 causas abiertas en los dos juzgados federales, tres meses no es demasiado tiempo”, dijo Gerardo Fernández, uno de los fiscales. Mientras se define la situación de competencia, desde la fiscalía dieron luz verde para que se llamen a declarar a los testigos de edad avanzada que no testificaron antes, como pedía la querella. “El juzgado federal N° 3 de La Plata, a cargo de Humberto Blanco, ordenó tomar esas declaraciones, a partir del 6 de febrero”, aclaró Fernández.

“Nosotros queremos que se investigue esta serie de desapariciones porque sospechamos que tienen que ver con su actividad gremial y política dentro de la empresa”, dijo a Infojus Noticias Analía Fernández, hija de Francisco Fernández y una de las tres querellantes. Los otros dos son Roxana Freitas, hija de Avelino –secuestrado el 1 de junio a la salida de su casa- y Ernesto Ceferino Mattaboni –hijo de Rubén, desaparecido el 3 de diciembre en un departamento porteño-.

La denuncia, que recopila testimonios, recortes de prensa y documentación que se inició hace diez años, fue presentada hace tres meses en la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado en La Plata.

En la fiscalía, que encabezan además de Gerardo Fernández los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Molina, analizan declinar su competencia sobre la investigación. “En estos casos, para estudiar la competencia hay que tener en cuenta varios factores: dónde está radicada la casa matriz, sus filiales, dónde se produjeron los secuestros y en qué centro clandestino fueron vistos”, explicó Gerardo Fernández. Para Javier Garín, el abogado que presentó el informe, la jurisdicción de La Plata se justificaría en las dos razzias que las Fuerzas Armadas hicieron dentro de Molinos Río de La Plata, que estaba ubicada en Avellaneda.

Además, algunos de ellos fueron ubicados en la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde funcionó un centro clandestino que se conoció como “El Infierno”, cuyos crímenes fueron investigados por la justicia federal platense. La argumentación contraria sostiene que la casa matriz estaba en Capital Federal y que los centros clandestinos dependían operativamente del Primer Cuerpo de Ejército. Fernández, la querellante, pide que la investigación –caiga donde caiga- no se fragmente por cada secuestro, sino que se indaguen con motivos y modus operandis comunes.

Los secuestros

A Francisco, el papá de Analía, lo secuestraron el 7 de junio de 1976, durante un operativo masivo en la puerta de la fábrica. Era operario del sector Talleres, militante de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y adherente a la comisión interna que había ganado en el ’73. Según la denuncia, se pararon tres camiones del Ejército sobre la calle Dean Funes y comenzaron a subir obreros y operarios. La cantidad es incierta, pero los testimonios aportados al expediente mencionan hasta 70. Eso es lo último que sabe Analía de su padre. Al día siguiente, su esposa fue a la fábrica a preguntar dónde estaba su marido. El hombre que la atendió –que pertenecía a la oficina de personal- le confesó que el Ejército se había llevado a varios obreros. Luego, la versión oficial cambió: la empresa los dejó a todos cesantes por “abandono de puestos de trabajo”. Por ejemplo, falta la ficha de ese día de Francisco, donde marcaba la entrada y la salida. Los querellantes suponen que otras faltaron y que tuvieron que ver con los secuestros.

Además de Fernández, fueron raptados ese día Roberto Ribolta y Santos Ojeda. Según el tutor de este último, que lo había criado en su Formosa natal, lo buscó por dependencias policiales y su nombre estaba consignado en el libro de entradas de la Brigada, junto con el de Ricardo Almaraz, otro de los trabajadores secuestrados junto a su esposa, Celia Arzamendia, en su casa de Lanús. Todos están desaparecidos.

Cuando los hermanos Jorge y Juan Born fueron secuestrados por Montoneros, una de las demandas era que se repartiera mercadería por valor de un millón de dólares. De los veinte secuestrados, al menos Héctor Dadin Vacere y Santos Ojeda estuvieron repartiendo mercaderías en Villa Tranquila, que está a dos cuadras de la planta. Esa circunstancia, según la querella, provocó que “quedaran ‘marcados’ por la inteligencia interna de la firma”.

El resto de las desapariciones se produjeron entre marzo de 1976 y fines de 1978. Algunas ya estaban registradas de manera individual en distintos centros clandestinos de detención. La virtud de la denuncia es que intenta poner el foco en la actividad gremial y política de varios de los secuestrados en cadena para explicar sus desapariciones. Todos los secuestrados, o la mayoría de ellos, eran miembros de la comisión interna de la empresa elegida en el año 1973, o periféricos.

El emporio de los Born había sido denunciado públicamente por Perón como uno de los agentes desestabilizadores de la economía, por acopiar y desabastecer el mercado de productos de primera necesidad. Algunos obreros organizaron “brigadas de control de precios” en defensa de las políticas gubernamentales de regulación de precios. Pero, además, los delegados sindicales mantenían con la patronal conflictos por reivindicaciones gremiales: “Ellos reclamaban por la duración de la jornadas laborales, que los hacían trabajar hasta cualquier hora, la indumentaria de trabajo, el pago de los salarios atrasados, y las horas extras”, relató Analía.

El imperio Bunge y Born

Bunge y Born era un imperio financiero cuando la organización Montoneros decidió secuestrar a los hermanos Born. Según la publicación “Evita Montonera”, donde se cuenta con lujo de detalles la “Operación Mellizas”, la multinacional era titular de 900 mil hectáreas de campo: una propiedad que significaba la distancia entre Capital Federal y Rosario. En 1972, el grupo había facturado por 181 mil millones de pesos, el salario de aquél momento de un obrero que hubiera trabajado 280 mil años sin enfermarse un solo día. Para alcanzar esa ganancia anual, los 20 mil empleados y obreros de las empresas que tenía el holding debían trabajar sin descanso durante 140 años.

Entre las cinco empresas industriales más importantes del Grupo estaba Molinos. Otras eran Alba, Grafa, Centenera y Compañía Química. Además del ramo industrial, Bunge y Born se había diversificado en firmas comerciales, financieras, inmobiliarias, agropecuarias, forestales y de Seguros, sólo en Argentina.

Aunque la querella aún no pudo encontrar pruebas concretas de complicidad, se sabe que la multinacional tenía una simpatía especial por la Junta Militar. “En los primeros testimonios, los obreros contaban que se enviaban a los técnicos de la empresa para que fueran a arreglar algo a la casa de algún militar. Nosotros esperamos que esos vínculos, o el de los dirigentes del sindicato, si es que los hubo, se puedan probar en la investigación judicial”, señaló Analía Fernández.

Entre otras medidas, la querella pidió que se secuestre documentación de la empresa –que ahora pertenece a Pérez Companc- de la época de los hechos. Al Grupo, eso sí, no le fue tan mal durante los años de plomo: de 59 empresas que tenían en el año 1976, pasó a tener 112 en 1983.

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