Infojus: Denuncian que las cámaras de la policía Metropolitana violan la ley

Además, el sociólogo Andrés Pérez Esquivel solicitó un recurso de amparo por la falta de información pública sobre la ubicación de las cámaras.

Dos organismos de control de la ciudad de Buenos Aires emitieron informes que alertan que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no respeta la ley de protección de datos personales ni la ley que regula la videovigilancia en la ciudad. A su vez, el sociólogo Andrés Pérez Esquivel solicitó un recurso de amparo por la falta de información pública sobre la ubicación de las cámaras.

Andrés Pérez Esquivel trabaja como asesor en temas de seguridad ciudadana en la Legislatura de la Ciudad. Constató que la web camaras.buenosaires.gob.ar a través de la cual el GCBA debe informar la ubicación de las cámaras de vigilancia estaba desactualizada. En junio presentó lo que en la jerga se llama “un 104”, un pedido de acceso a la información pública que se solicita a través de la ley 104 de la ciudad.  El GCBA le respondió que la información era “de carácter confidencial” y que no podía brindársela. Pocos días después, el gobierno dio de baja el sitio web, que hasta hoy está fuera de línea. El artículo 1 de la ley 3998 dice: “La autoridad de aplicación deberá publicar en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los puntos en los cuales se instalen videocámaras”.

Pérez Esquivel presentó una denuncia en la Defensoría del pueblo de la ciudad. A raíz de ese caso, el Centro de protección de datos personales (CPDP) de la Defensoría emitió un dictamen en octubre pasado en el que recopila todas sus actuaciones relacionadas con la protección de datos personales en la implementación de las cámaras de vigilancia de la ciudad.

Maria Julia Giorgelli, a cargo de la oficina de denuncias del CPDP dijo a Infojus Noticias que “esa base de datos está afuera de la ley ya que no cumple con el artículo 18 de la ley 1845”. Esa norma establece que los responsables de bases de datos deben “registrar sus archivos, registros, bases o bancos de datos en el Registro de Datos creado por el organismo de control”. La base de datos de la Policía Metropolitana no está registrada en el CPDP, el organismo de control al que alude la norma. En reiteradas oportunidades la Defensoría notificó que la base de datos debe inscribirse, hasta ahora no sucedió. “En este caso, no están dadas las garantías para que ejercer esos derechos”, concluye Giorgelli.

Otro aspecto cuestionado por la Defensoría se refiere a la protección de los datos y las medidas que deben tomarse para que se cumplan las garantías ciudadanas. “La captura y monitoreo de imágenes de sujetos que circulan libremente por el espacio público -aún allí- tienen garantías que el Estado debe cumplimentar”, señala el dictamen. Una de estas garantías es el derecho del ciudadano a tener acceso y derecho a rectificación de sus propios datos. “Para poder hacer una adecuado ejercicio de estos derechos las personas deben conocer, saber y lograr acceder a los espacios monitoreados por las cámaras de seguridad”, concluye el dictamen.

La Defensoría ya había enviado un escrito al Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad indicando que de acuerdo a la ley 2602 las imágenes tomadas por las cámaras “no pueden ser cedidas a funcionarios no autorizados, terceros y tampoco retransmitidas por canales de televisión”.

¿Dónde están las cámaras?

Según el informe de la Auditoría general de la ciudad de Buenos Aires hasta mayo de 2012 el centro de monitoreo del Ministerio de Justicia y Seguridad tenía 1772 cámaras. En un informe aprobado por la Auditoria en febrero de 2013 se repiten las mismas observaciones y se agregan nuevas. “La Ley 3998 incorpora la obligación de publicar en la página web del GCBA los puntos en los cuales se instalan video cámaras y no se cumple en forma total con la normativa”, dice el informe. Y agrega que las imágenes se conservan más tiempo que el permitido por la ley y que en los centros de monitoreo “No se prohíbe el uso de celulares particulares, lo que pone en riesgo confidencialidad de las imágenes. La posible captación de imágenes con celulares, violaría, en principio, el Art. 10 de la Ley 2602 GCBA”.

Andrés Pérez Esquivel a partir de la negativa del GCBA a entregar los datos y los informes, la Auditoría de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo se presentó en la justicia porteña para solicitar un recurso de amparo que obligue al poder ejecutivo a darle la información que está pidiendo.

El viernes 22 de noviembre hubo una audiencia pública en el juzgado 5 del fuero Contencioso, Administrativo, Tributario de la ciudad de Buenos Aires, subrogado por Darío Reynoso. El juez convocó al Ministerio de Justicia y Seguridad y a Andrés Pérez Esquivel  para resolver el recurso de amparo. La audiencia duró dos horas y media. En nombre del gobierno de la ciudad habló Eduardo Martino, superintendente de Comunicaciones de la Policía Metropolitana: sostuvo que la ley no dice que se debe informar sobre la totalidad de las cámaras y que no se difunde la ubicación por cuestiones de seguridad. El juez debe resolver en los próximos días si hace lugar al pedido de Pérez Esquivel.

Las declaraciones de Martino están en sintonía con lo que el 22 de noviembre declaró Guillermo Montenegro, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, en la Legislatura de la ciudad frente a preguntas de los diputados sobre esta cuestión. Allí afirmó: “Establecer específicamente el lugar donde está la cámara también atenta contra el buen funcionamiento de las cámaras, que puede ser aplicado por personas que cometan delitos”.

“Para que las cámaras dejen de ser ilegales el Gobierno de la Ciudad tiene que hacer tres cosas: inscribir la base de datos tal como dice la ley 1845, publicar la ubicación de todas las cámaras como dice la ley 2603 y dejas de darle los videos a los canales de televisión”, dijo Pérez Esquivel a Infojus Noticias . Respecto al argumento de que publicar la ubicación pondría en riesgo la seguridad, Pérez Esquivel considera que el de las “cámaras es un sistema preventivo, no persecutorio, así fue votado por la Legislatura y no  fue vetado por el Poder Ejecutivo. Así lo definieron los representantes del pueblo, un ministro de seguridad no lo puede cambiar”.

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