Infojus: Denuncia penal por lavado de dinero a accionistas del Grupo ST

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Denuncia penal por lavado de dinero a accionistas del Grupo ST

| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2013-09-23 | Por: Infojus Noticias | Fecha de captura:: 2016-01-29 14:02

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció al poseedor del control accionario del Banco Servicios y Transacciones (BST) por su presunta participación en el delito de lavado de dinero. Fue a partir de una operación que no había sido autorizada por el Banco Central.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) – fiscalía especializada en lavado de dinero- denunció penalmente al Grupo ST, poseedor del control accionario del Banco Servicios y Transacciones (BST), por su presunta participación en el delito de lavado de dinero. La maniobra que desencadenó la denuncia se originó a partir de la inyección de más de cien millones de pesos ingresados a través de aportes de capitales desde sociedades controladas por los grupos financieros Dolphin y Abus Las Américas.  

“La operación no fue autorizada por el Banco Central”, informaron de la Unidad de Información Financiera (UIF) a Infojus Noticias . Esto provocó el seguimiento del organismo y la sospecha de que la finalidad real de estos aportes habría sido “legitimar el origen ilícito de fondos financieros”.  La maniobra fue concretada a través de la utilización de sociedades off shore creadas en paraísos fiscales.

Ambos grupos usaron los aportes para comprar el paquete mayoritario del grupo ST y del banco del grupo, sin que ninguna de las operaciones contara con la correspondiente justificación documental sobre el origen de los fondos. Dos años después, Dolphin Créditos vendió su participación accionaria a sus dueños anteriores.

La Procelac intervino a raíz del estudio preliminar del expediente remitido por la UIF -depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humano-, que actuó antes los reportes de operaciones sospechosas remitidas por el BCRA, entre 2009 y 2010. A esos datos se sumó  la información generada por la UIF y también, las pruebas producidas por el área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac, durante la investigación.


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