Infojus: El gobierno porteño recusó al juez Gallardo
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El gobierno porteño recusó al juez Gallardo
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2013-08-13 | Por: Franco Lucatini | Fecha de captura:: 2016-01-06 16:51
En la investigación que reveló el oscuro funcionamiento de las morgues de los hospitales porteños. A las tres de la tarde el Juzgado N° 2 difundirá un comunicado en el que anunciará una denuncia penal contra Mauricio Macri y la ministra de Salud, entre otros funcionarios.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Procuración General, recusó al juez Roberto Andrés Gallardo en la causa en la que investiga las graves irregularidades en las morgues de los hospitales municipales. Hace pocos días el magistrado a cargo del Juzgado Nº2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario reveló el oscuro funcionamiento en los registros y manipulación de cadáveres.
La Procuración porteña fundó su recurso en la forma en la cual el juez obtuvo las pruebas del proceso -los allanamientos-, en la “enemistad” de Gallardo contra el Gobierno de la Ciudad, y en su pertenencia a los grupos de jueces que plantean reformas para el modelo judicial actual, según revelaron a Infojus Noticias fuentes de los tribunales de la Ciudad. El juez Gallardo participa en el colectivo Justicia Legítima, que propone reformas para avanzar en la democratización de la Justicia. No es la primera vez que el juez Gallardo revela la violación de normas administrativas por parte del gobierno de la ciudad.
La recusación es un recurso que tienen las partes para apartar a un juez de una investigación. Se puede expresar una sola vez sin causa a lo largo del proceso, o en varias ocasiones si se explicitan los argumentos por los cuales se utiliza. La causa debiera seguir su rumbo habitual una vez que la Cámara de Apelaciones del fuero administrativo resuelva la recusación: si pasa a manos de otro juez o no. Pero no tiene plazos para expedirse.
Por su parte el juzgado N° 2 emitirá hoy a las 15hs un comunicado para hacer pública la decisión del juez de denunciar penalmente al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri; la ministra de Salud, Graciela Reybaud; y los directores de varios hospitales porteños, entre otros funcionarios.
El expediente de las morgues
Mientras Gallardo estuvo de licencia en su juzgado para cumplir funciones en la Defensoría (2011-2013), la Procuración de la Ciudad inició varios procesos solicitando autorización para sepultar veintitrés cuerpos. Llevaban años en las morgues de cuatro hospitales porteños: el Durand, el Ramos Mejía, el Muñiz y el Rivadavia.
El viernes 2 de agosto, a raíz de las lagunas surgidas de los expedientes y del incumplimiento de los protocolos para esos procedimientos, Gallardo ordenó allanar las cuatro morgues. El resultado fue aún más preocupante. Entre los documentos no figuraba, por ejemplo, el ingreso de cerca de 70 cuerpos que no estaban en las cámaras de frío. También cadáveres sin sustento documental: ni datos de ingreso, ni identidad ni -en muchos casos- causas de muerte. El juez se preocupó al encontrar fetos en bolsas de consorcio tirados en el piso; cuerpos en avanzado estado de putrefacción; y hasta ocho féretros de lujo en dos cuartos del Ramos Mejía. Cuerpos que faltaban y otros que “sobraban”. Y ninguna explicación de parte de las autoridades de los nosocomios.
En base a este primer allanamiento, el lunes 5 de agosto Gallardo repitió el operativo en simultáneo en las otras dieciocho morgues de los hospitales de la Ciudad que tienen depósitos propios para los cuerpos. A primera vista, el Santojanni y el Argerich destacan entre los que más irregularidades registran. El allanamiento también se realizó en las oficinas de la Procuración y en la Dirección General de Cementerios, para obtener información sobre el traslado de féretros, y contrastar los datos con posibles sepulturas no registradas.
A partir de la recusación este expediente corre el riesgo de estancarse. Por un lado están quienes buscan a sus seres queridos y no los encuentran en los registros de los hospitales ni de los cementerios. Por otro, la violación de los protocolos administrativos sobre el tratamiento de los cadáveres y las responsabilidades que le competen en ello a los funcionarios del gobierno de la Ciudad.
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