Infojus: Robo a Massa: quién es el fiscal general Julio Novo

Sigue siendo un misterio el robo al intendente Sergio Massa, y por qué lo ocultó durante quince días. El fiscal del caso, Mariano Magaz, no hizo una rueda de identificación ni notificó al juez de garantías del allanamiento. Magaz cuenta con la bendición del fiscal general de San Isidro, Julio Alberto Novo. Quién es y qué rol cumple Novo en la justicia de zona norte y sus nexos con el poder político.

El robo al intendente Sergio Massa sigue siendo un enigma. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, habló de un “escándalo político” y sostuvo que se trata de una “burda operación televisiva a cinco días de las elecciones”, por la soltura con la que el ladrón, sin guantes ni pasamontañas, se expuso  a las cámaras de seguridad. Mientras, la investigación judicial sigue en el ojo de la tormenta. El fiscal Mariano Magaz dispuso un celoso secreto de sumario, forzando el marco jurídico ya que es algo que no existe como tal en la provincia desde que fue modificado el Código Penal. Hace dos días, con toda la prensa encima, detuvo al prefecto Alcides Díaz Gorgonio, quien según Berni era “puntero y remisero” de Massa. Una fuente cercana a la investigación confió que Magaz basó su pedido en pruebas que contaba desde el primer día: los registros fílmicos del lugar y el testimonio de los vigiladores privados.

“No hizo una rueda de identificación, no sabemos cómo se identificó al delincuente tan rápidamente y qué funcionarios o qué testigos lo hicieron. A la larga puede afectar la integridad de la investigación. Tampoco notificó al juez de garantías el allanamiento, lo ordenó de urgencia, un par de policías y un comisario lo acompañaron sin saber a dónde iban ni con qué motivo”, dijo a la prensa el ministro Ricardo Casal, que también cargó contra la pesquisa.

El fiscal Magaz –que no suele atender a sus colegas, a quienes filtra con su secretaria- cuenta con la bendición, hasta el momento, del fiscal general de San Isidro Julio Alberto Novo, célebre por emplear los resortes de su feudo judicial para congraciarse con el poder económico y político. Sus subordinados –confían las fuentes consultadas por Infojus Noticias - tienen prohibido escarbar en San Isidro cuando los brazos largos del delito conducen a empresarios o dirigentes.

Hilarante y seductor en público y feroz en la discreción de su despacho o para impartir órdenes a sus subalternos, Novo no descuida ningún detalle de pulcritud: siempre peinado tirante y brilloso hacia atrás, traje de sastre y perfumes franceses. Conduce el Ministerio Público en San Isidro como su feudo judicial. Muchos fiscales pagan su diezmo con obediencia o resignación, y los díscolos sufren los más variados castigos, más o menos encubiertos: sumarios, traslados intempestivos, vaciamiento de recursos y personal, apartamiento de las investigaciones y hasta secuestro de causas.

La historia se remonta a agosto de 2007: siete jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías pidieron que el Ministerio Público Fiscal de San Isidro fuera intervenido. La presentación se había originado en una denuncia presentada por los jueces de garantías Esteban Rossignoli y Ricardo Costa contra el fiscal Eduardo Rodríguez, quien los había increpado por sus resoluciones en diferentes fallos. En ese expediente se demostró que el instructor había dejado detenidos sin pruebas a sospechosos de diferentes delitos.

“El fiscal Rodríguez –bajo la tutela de Novo- pretende simpatizar con personas o grupos de personas en pos de objetivos políticos y no jurídicos”, advertía en sus fundamentos el camarista Raúl Borrino. Los siete magistrados propusieron que la Suprema Corte bonaerense establezca “una inspección o veeduría independiente sobre el sistema de la persecución de San Isidro”. El pedido quedó en la nada.

Encubrimiento de una red narco

En 2008 y 2009, tres colombianos que tenían vínculos con el narcotráfico fueron asesinados en la zona norte. Dos de ellos en el estacionamiento de Unicenter de Martínez, y el último en un club náutico de San Fernando. En una de las investigaciones, los fiscales Diego Grau y Luis Angelini hicieron conexiones que llegaban hasta los hermanos Juliá, que serían detenidos después con 944 kilos de cocaína en el aeropuerto de Barcelona.

Los investigadores lograron ubicar a varias personas importantes para la causa y organizaron un cronograma de entrevistas en Bogotá, Cali, Ibague, Medellín y Pereyra. A fines de agosto de 2009 ya estaba todo preparado para que los dos fiscales argentinos viajaran. En Bogotá los esperaba una comisión de investigadores locales, que hasta habían previsto una custodia que los acompañaría en la gira. A menos de 24 horas de tomar el avión, el viaje se suspendió. Desde Argentina se adujo un problema burocrático entre Novo y la Procuración bonaerense.

El fiscal Angelini recibió una escueta explicación de Marcelo Vaiani, el número dos de Novo:

-Si no pudieron los Marines, no vas a poder vos -le dijo-.

El 27 de septiembre, Angelini denunció a Novo con un fundamento gravísimo: encubrir una red de narcotráfico. La denuncia quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, que sin tomar medidas de relevancia, se excusó. Ahora está más cerca: pasó a la Justicia Federal de San Isidro.

El de los colombianos, dicen las fuentes consultadas por Infojus Noticias , no es un caso aislado, sino un modus operandi: “Si uno tiene un caso que llega a molestar a otras esferas de poder, o no hace lo que le dicen, le sacan la causa o lo sacan de la fiscalía”. En el juicio por el crimen de García Belsunce, luego de una intervención forzada del fiscal general adjunto –hoy camarista- Duilio Cámpora, fue separado Diego Molina Pico.

En octubre de 2009, cuatro fiscales de San Isidro viajaron a la Procuración, en La Plata, y le entregaron en mano a María del Carmen Falbo una denuncia firmada por 13 de los 46 fiscales de primera instancia en la que describían cómo el jefe de su distrito ejercía “abuso psicológico” y “violencia laboral” en nombre de su investidura, y pedían su juicio político. En el escrito lo acusaban de proteger al ex intendente de Vicente López, Enrique Japonés García, de frenar la investigación del crimen de los colombianos y de boicotear el caso Belsunce.El distrito, detallaba la denuncia, lideraba la estadística departamental sobre licencias psiquiátricas y pedido de pase a otras jurisdicciones.

-Pero esto yo no lo sabía- habría dicho la jefa de fiscales. Los presentes replicaron que sí: que todos lo habían denunciado individualmente. Falbo pidió tiempo y que no se filtrara a la prensa.

En esos días, a Novo se lo vio taciturno. Sólo se lo había visto así luego de matar por la espalda, con balas de punta hueca, a un ladrón de 17 años que había entrado a su casa. Trece fiscales no era poca cosa, aún para sus anchas espaldas. Pero la preocupación duró poco. En diciembre de ese mismo año, la Comisión Bicameral de Juicio Político rechazó el pedido. El sumario administrativo se había archivado el 30 de julio de 2012, con la firma de Falbo.

Amigo de los intendentes de zona norte

Una suerte similar corrió la denuncia por un desfalco de más de un millón de pesos del Japonés García, y varios de sus funcionarios por el desvío de fondos para pagar cursos de capacitación municipal inexistentes.

-Esto no tiene que pasar de la Secretaría de Economía y Hacienda -ordenó Novó-.

El fiscal Lino Mirabelli no obedeció. Allanó los domicilios de varios funcionarios municipales e imputó a García en la causa. El castigo llegó enseguida: le allanaron su despacho, le robaron tramos de la causa, y lo apartaron de la causa confinándolo a un subsuelo. Finalmente, un fallo de la Cámara de Apelaciones –que integraba Cámpora, ex segundo de Novo- sobreseyó al intendente por “principio de confianza”, es decir, que su funcionarios más próximos en la administración habían cometido la millonaria estafa, con contrataciones directas a empresas fantasma, a espaldas del Japonés.

Novo, como fiscal general, no apeló el fallo de la Cámara. Mientras todavía estaba procesado, García participó junto a Novo del corte de cintas de la primera fiscalía descentralizada en el distrito. Después del acto, fue sobreseído sin llegar a juicio.

El vínculo de Novo con el intendente de San Isidro Gustavo Posse quedó en evidencia en el pedido de jury contra el juez de Garantías Rafael Sal Lari. En 2008, luego del crimen del ingeniero Carlos Regis, el magistrado fue denunciado por el intendente y Novo le dio una mano: “Distribuyó una lista de diez casos donde él cuestionaba mi actuación”, señaló hace un tiempo Sal Lari. Los once casos por los que se lo acusaba fueron desestimados por el jurado de enjuiciamiento.

Con esos antecedentes, será difícil saber cuál es el trasfondo, en pleno fragor electoral, del robo insólito al candidato del Frente Renovador.

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