Infojus: La fiscalía también pidió dos años y medio de prisión para Kohan

La fiscal Fabiana León pidió 2 años y 6 meses de prisión en suspenso para Alberto Kohan. La misma pena solicitó la semana pasada la querella de la Oficina Anticorrupción. Para León, debió investigarse no sólo a Kohan, sino a la sociedad conyugal que formaba con su esposa Marta Ferro.

La fiscal Fabiana León pidió 2 años y 6 meses de prisión en suspenso para Alberto Kohan. El ex funcionario menemista está acusado de incrementar de manera injustificada su patrimonio durante la función pública. Es el único imputado de la causa y durante la instrucción se determinó que había 1.218.041 pesos injustificados en el patrimonio de Kohan. En el alegato de la fiscal, esa cifra se redujo a 110 mil pesos. El Tribunal Oral Federal N° 4 pasó a cuarto intermedio hasta el viernes a las 10 de la mañana.

El alegato de León duró más de tres horas. Como en una clase de Contabilidad de la escuela secundaria, se basó en los ingresos y egresos en un libro anual. De todos los años en que Kohan fue funcionario, encontró injustificado solo el incremento del período 1998 y por una suma de 110 mil pesos.

Kohan fue secretario general de la Presidencia entre 1989 y 1990, durante el primer mandato de Carlos Menem. Después asumió como ministro de Salud y Acción Social, entre 1990 y 1991. Estuvo alejado de la función pública y volvió a ser secretario general de la Presidencia en 1995, hasta 1999.

Un concepto utilizado por León para hablar de la investigación fue el de “intimidad patrimonial”. Y el sujeto jurídico investigado debió ser, a criterio de la fiscal, la sociedad conyugal que formaron Kohan y su esposa Marta Ferro. “Pero insólitamente no tenemos a la señora Ferro en este juicio”, se quejó León. Mientras tanto Kohan, con las dos manos apoyadas sobre su bastón, asentía ante cada crítica a la investigación del fiscal federal Federico Delgado.

León consideró que la ausencia de Ferro como imputada respondía a “visión patriarcal sobre el poder y el manejo de los bienes que resulta francamente inadmisible”. Lo que parece justificarse en las declaraciones juradas del matrimonio. Ferro en su rol de director del Registro de la Propiedad Automotor de Olivos, ganó siempre dos, tres y hasta cinco veces más que su marido según consta en los documentos que aportó la AFIP. 

Entre los bienes que compraron, tuvieron, vendieron o retiene el matrimonio se cuentan: tres Mercedes Benz, un BMW, una camioneta Land Rover, un Chevrolet Corsa. Un departamento en Punta del Este, una casa en San Isidro, una casa en Córdoba, algunos departamentos en la ciudad de Buenos Aires. 77 armas de fuego, de las cuales son sospechadas 56 (con un valor estimado en 48 mil pesos), por haber sido adquiridas por Kohan mientras era funcionario.

De las cinco embarcaciones adquiridas en los años ’90, sólo una fue tomada como bien sospechado con un valor de compra de 142 mil pesos, en 1995. Además se investigaron cuentas bancarias, plazos fijos, bonos, acciones en empresas y una valija con teléfono satelital que Kohan adquirió por 12 mil pesos.

Casi todo el patrimonio fue justificado por la fiscal con una matemática sencilla: Kohan y su mujer ganaban más de lo que gastaban. El ingreso anual del matrimonio en, por ejemplo, 1997, da 433 mil pesos. Ese año compraron un auto por 15 mil pesos, el teléfono satelital de 12 mil y un departamento en Punta del Este que, según la escritura, costó 200 mil dólares.

Este último tiene una historia particular. El departamento fue comprado por Ferro a una sociedad que estaba conformada por su mamá, sus hijos y ella misma. La única operación de la sociedad. Sin embargo, el nombre de Kohan no aparece en ningún papel y como Ferro no está imputada, la fiscal no puede profundizar sobre el manejo para adquirir el inmueble.   

Con respecto a los ingresos de Kohan, fueron de 51 mil en 1995, a 102 mil pesos en 1999 (ese año su mujer ganó 282 mil). La fiscal León, para llegar a estos números, se valió no sólo del sueldo como secretario de la presidencia de Carlos Saúl Menem, sino también de lo que llamó “gastos protocolares”. A pesar de que el juez de instrucción los consideró sospechosos de provenir de los sobresueldos, la fiscal entendió que no puede ser tomado como ilícito un hecho en este juicio que no fue juzgado en el proceso que le corresponde.

También aclaró que las casas habían sido tasadas por los peritos, en la instrucción, desde afuera porque no se les permitió ingresar a los inmuebles. Por lo que resultaba más fiable como prueba atenerse a los precios que figuran en las escrituras. En el mismo sentido dijo que no se habían calculado los gastos del matrimonio: seguros de los autos de alta gama, guardería para las embarcaciones, resúmenes de tarjetas de crédito,  vestimenta, comida, etc. Por lo cual la única cuenta posible era tomar los ingresos y restarle los bienes adquiridos. Si la suma daba positiva, se encontraba justificado.

Así pasaron los años 1988, 1989, 1990, 1995, 1996, 1997. Hasta que llegó el año 1998. Ese año el matrimonio adquirió tres Mercedes Benz que llevan a un total de 207 mil dólares. Dos plazos fijos que juntan 254 mil pesos. Y una propiedad en San Isidro tasada en 1.400.000 pesos. Ese año Kohan y su mujer pidieron un préstamo por 450 mil pesos y sacaron una hipoteca de 800 mil pesos. Sin embargo no alcanza para justificar el total de los bienes adquiridos y hay una diferencia de 110 mil pesos.

De esa diferencia nace la acusación de la fiscal León: 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, inhabilitación absoluta por tres años, las costas del proceso y el decomiso de la diferencia del año ´98, “sin actualizar porque la demora en la investigación y en el juicio no se obedecieron a la conducta procesal” de Kohan. Además reconoció que la defensa no había presentado ni un solo recurso dilatorio en los 17 años que lleva procesado. 

Además de las cuatro cajas de documentación secuestrada o retenida por el juez de instrucción, “la causa está llena de recortes periodísticos –afirmó León- entre ellos algunos diputados nacionales que se caracterizaron por la denuncia”. Reflexionó sobre la tendencia de algunos sectores, entre ellos Organizaciones No Gubernamentales, de llevar todo al Derecho Penal. Los llamó “neo-punitivistas” y dijo que eran los mismos que se declaraban “abolicionistas” cuando era otro tipo de delito el que se juzgaba. 

“Pero el bien jurídico que está en cuestión es la confianza de la sociedad sobre los funcionarios públicos y yo creo que esa confianza resultó lesionada”. Y entre los agravantes contó que una persona con la formación, militancia y las funciones que cumplió Kohan no podía no conocer la norma. “De hecho –recordó la fiscal- participó de los debates de la Ley Anticorrupción en 1999”. También tuvo en cuenta la jerarquía de los cargos que desempeñó como funcionario público.

El viernes próximo, a las 10 de la mañana, será el turno de la defensa. Por ahora la querella y la fiscalía coincidieron en el pedido de pena, aunque el decomiso pedido por la Oficina Anticorrupción fue mucho mayor: 1.218.041 pesos.

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