Infojus: "El Poder Judicial es un poder del Estado, y sus decisiones son políticas"

Ruiz es jueza del Superior Tribunal de Justicia porteño. Es, además, la directora académica de la primera carrera de posgrado de la flamante Escuela del Servicio de Justicia. “Se puede estar más o menos de acuerdo con las reformas y los proyectos, pero hay que discutirlas en la universidad, en el Poder Judicial y en la sociedad en su conjunto”, dice.

Alicia Ruiz es jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires desde su constitución, en 1998. Además, es docente en la UBA y enseña Teoría del Estado y Filosofía del Derecho. Es la directora académica de la primera carrera de posgrado de la flamante Escuela del Servicio de Justicia, que comenzará a cursarse el próximo 20 de agosto.

En su despacho suena una obra para cello, interpretada por Jacqueline du Pré, que acompaña la tranquilidad del ambiente. La jueza se sienta en un sillón de un cuerpo, junto a una mesa ratona, y le da la espalda a dos amplios ventanales que dan a la Avenida 9 de Julio. Al lado del marco de uno de los ventanales hay dos fotos enmarcadas. Las sacó una interna del penal de Ezeiza: una muestra el patio, y la otra el cielo. “Así lo ven todos los días”, reflexiona Ruiz mientras las muestra. A su izquierda está el escritorio, y en varios estantes de las bibliotecas hay adornos de búhos y lechuzas. “Me gustan mucho desde chica, no me preguntes por qué”.

Tiene un hablar pausado, y lo acompaña con las manos. Va hilando conceptos sin detenerse para separarlos. Todos los temas que toca están vinculados. Su llegada al Poder Judicial, el rol político y social de los operadores jurídicos, la necesidad de una formación académica acorde a esa función y a los tiempos que corren, la apertura de la Escuela del Servicio de Justicia.

-¿Cómo llegó a la magistratura?

-No hice una carrera judicial ortodoxa. Estudié Derecho, trabajé muchos años como abogada laboralista. Cuando volvió la democracia, me ofrecieron dos o tres veces la posibilidad de ir a un juzgado de trabajo. Dos veces no acepté, pero en la tercera –en 1988- sentí que era un desafío interesante. Me estaba formando y estudiaba las relaciones entre el poder y el derecho, la sociedad y la política. Desde ese lugar, que implica un poder estatal muy fuerte, era interesante descifrar si se podían hacer las cosas de una manera distinta, y cuáles eran las dificultades estructurales. Acepté y durante diez años fui jueza de trabajo.

-¿Cómo fue atravesar la década del ’90 en un juzgado laboral?

-Me tocó toda la etapa de la flexibilización laboral. Yo había sido abogada de trabajadores durante muchos años, y resultó una época desdichada. Porque uno veía cómo se desvanecía lo que seguramente era el mejor sistema de atención de los derechos de los trabajadores en toda América Latina. Uno veía cambiarse las leyes, la jurisprudencia, pero además veía que los pasillos de los tribunales se iban vaciando porque los trabajadores no tenían ni el dinero para pagar el transporte hasta el juzgado e ir a reclamar por sus derechos. Fueron años angustiosos.

-¿Cuáles son los desafíos para el derecho en la actualidad?

-Creo que hay mucho por revisar. La generación nuestra, que es poca porque fue exterminada y los que quedamos ya estamos bastante grandes, tiene que reflexionar respecto de muchas cosas. Los tiempos han cambiado. Que hoy estemos discutiendo sobre la democracia con tanto interés y que debamos hacerlo en el ámbito del derecho es clave. Hay que discutir de nuevo una teoría del Estado y una teoría de la democracia. No tenemos una que supere el modelo de las teorías liberales, pero esas teorías no sirven si no pueden entender el antagonismo, el problema de la hegemonía, el poder. Por lo menos no sirven para entender la sociedad que estamos viviendo, aunque el ideario liberal implicó un avance muy grande en términos históricos. Hoy estamos en otro mundo, y las teorías tienen que corresponderse a esa actualidad.

-¿Se puede transformar la teoría en el derecho?

-El derecho es un núcleo muy resistente, no sólo el Poder Judicial. Pero la manera en que se enseña el derecho tampoco ayuda a formar otras cabezas. A mí y a mis colegas nos pasa que tenemos que esforzarnos por convencer a la gente más valiosa que está en el derecho para que se quede. Porque cuando descubren la sociología, las ciencias políticas, la antropología, el psicoanálisis, la filosofía, se quieren ir a estudiar otra carrera. Y yo les digo: “Quédense, ustedes son los operadores más necesarios”. Si se van, lo que queda es la repetición, la idea de que la tarea de los jueces es la subsunción del caso concreto en la norma, que se resuelve todo con lógica pura, y no es así.

-¿Qué rol cumple Justicia Legítima?

-Yo he formado parte de Justicia Legítima desde su inicio. Creo que hubo ciertas condiciones que excedían al Poder Judicial, y otras que son la exacerbación de ciertas prácticas francamente repudiables, propias del modo corporativo de funcionamiento del Poder Judicial. Eso hizo que los que llevábamos años cuestionando este modelo de organización empezáramos a dar esta discusión abiertamente, con otros que se fueron sumando. Hay que discutir cómo tiene que ser la justicia. Uno puede estar más o menos de acuerdo con las reformas y los proyectos, pero hay que discutirlas en la universidad, en el Poder Judicial y en la sociedad en su conjunto.

-¿Cuál es la función del derecho en ese sentido de transformación?

-Suele pensarse que el derecho tiene una función conservadora, preservadora del orden existente, y esa es una visión que viene del derecho moderno, desde las revoluciones burguesas. El derecho es revolucionario en su inicio, pero luego consagra, contiene y hace perdurable un modo de organización social. No transforma nada sólo, pero al mismo tiempo que mantiene las relaciones sociales existentes, puede posibilitar la generación de cambios. A veces el derecho frena las transformaciones, y genera una parte del conflicto, que es propio de las sociedades, que desarrollan pujas por las hegemonías. No hay transformaciones económicas, sociales o culturales que no acaben expresándose en un discurso jurídico. Por eso hay que modificar la formación de los operadores jurídicos, para que adviertan hasta qué punto establecen o se corresponden a ciertos modelos de sociedad.

-¿Cuál es ese cambio de paradigma de la formación en el derecho?

-Hay mucho por hacer: en lo político, en lo social. Y hablar de eso no significa abordar algo que no tenga que ver con el mundo estrictamente jurídico. El Poder Judicial es un poder del Estado, y como tal es un poder político, y sus decisiones son políticas. Son distintas, con requerimientos y exigencias diferentes a las de los otros poderes del Estado. Pero entender que es un poder político y no significa quitarle objetividad a las decisiones que se deben tener. Las decisiones siempre son relativamente objetivas, porque no hay pura objetividad. Ni siquiera en las ciencias duras creen en la objetividad absoluta, mucho menos nosotros, que hacemos una ciencia social.

-¿Qué rol tiene la Escuela del Servicio de Justicia con esa nueva formación?

-Me entusiasma la idea de esta Escuela, porque surge desde el mismo Poder Judicial, y eso tiene que ver con todo lo que viene ocurriendo en estos tiempos en donde por primera vez se dicen cosas que muchos pensamos desde hace mucho tiempo. Pero se dicen con sentido autocrítico, públicamente, y tiene un efecto revulsivo y positivo, pese a todas las resistencias que genera. En la UBA hay alumnos que me dicen: “Nunca leímos Nietzsche, ni Derrida”, y es porque nunca nos dimos cuenta que podíamos pensar el derecho desde la lectura de una novela o al ver una película donde se trate un problema humano que ponga en evidencia cómo cambiarían las cosas si el derecho funcionara de una forma diferente. Hay que romper con esos dogmas.

-¿Cómo piensa encarar la Especialización en Magistratura?

-Es un honor que me hayan propuesto la Dirección Académica de esta carrera, porque me gusta mucho la docencia. Para alguien que piensa como yo, y que lleva ya muchos años trabajando en la institución judicial, esta tarea de intentar poner en funcionamiento un ámbito académico de formación de quienes aspiran a trabajar en el Poder Judicial o los Ministerios Públicos es un desafío interesantísimo, y a la vez muy riesgoso. Como es una carrera gratuita, quienes la estudien tendrán que sentir la responsabilidad del privilegio del que disfrutan, porque esto permite el acceso a la formación a gente que de otra manera no tendría oportunidad de hacerlo. Vamos a ser muy exigentes en ese sentido.

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