Infojus: Quiénes son los fiscales y defensores que ratificó el Senado

En total son 41 los aspirantes -24 fiscales y 17 defensores públicos- a ocupar cargos en el Poder Judicial. De dónde vienen y cómo son algunos de los protagonistas del debate que hoy se aprobó en el Congreso.

La primera causa que Carlos Gonella asumió como fiscal era espinosa: se juzgaba el crimen de Ricardo Fermín Albareda, un policía que era militante del PRT y murió desangrado en una sesión de tortura. En el alegato, Gonella causó buena impresión: se había inspirado en un alegto de Esteban Righi, de los ’70. Después investigó los crímenes de La Perla –los abogados de Luciano Benjanín Menéndez intentaron recusarlo- y la muerte del obispo riojano Carlos Angelelli. En la causa de La noche de las corbatas, los abogados asesinados durante la dictadura en Mar del Plata, Gonella pidió la detención de un ex juez federal, un ex secretario, dos ex defensores oficiales y el ex procurador fiscal por su complicidad con la dictadura.

Es un fiscal inquieto. Se postuló al cargo de fiscal general en San Juan, Chaco, Santiago del Estero y Formosa. Excepto San Juan, donde quedó en segundo lugar, ganó todos los concursos con 128 puntos. Admirado por sus colegas por su solvencia intelectual, como docente también cuenta con una copiosa hoja de ruta: en 2008 dictó cursos de posgrado de Derecho Penal Económico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba y la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y dictó cátedras de Derecho Penal en Córdoba y La Rioja.

Desde diciembre último dirige la Procuraduría Contra Delitos Económicos y Lavado de Activos (Procelac). Hace dos semanas, La Nación, Clarín y Perfil acusaron al organismo que conduce de quitar a Lázaro Báez de una imputación en la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero. En esta línea, rechazó la acusación de haber “encubierto” a Báez y sus hijos, así como al ministro de Planificación Julio De Vido. “Esto es una farsa y existe margen para dudar de que esta supuesta acusación fue construida vaya a saber con qué finalidad”, dijo el fiscal. Gonella mostró mails -certificados por escribano- demostrando que la fiscalía de Guillermo Marijuan no incluía a Báez en los oficios, y pidió que los diarios se rectificaran. Clarín aún no lo hizo.

 
Cecilia Indiana Garzón es chaqueña, pero se mueve desde joven en la Justicia de Santiago del Estero. Estudió Derecho en la Universidad Católica de esa provincia y se recibió a los 24 años con el mejor promedio. Ejerció la abogacía cinco años y después encontró su verdadera vocación en el Ministerio Público Fiscal, donde trabaja hace más de 20 años.

Hoy es secretaria de la Fiscalía Federal, tarea que define como “un cargo de conciencia diaria”. Su trayectoria da cuenta de que arrastra esa preocupación desde joven: en los pocos meses que le tocó ser fiscal subrogante, mientras estaba embarazada, tomó los primeros testimonios por delitos de lesa humanidad en la provincia y formuló un requerimiento de instrucción contra la entonces gobernadora Nina Juárez por un caso de defraudación a la ANSES. Su desempeño le valió que la designaran vocal del Superior Tribunal de Justicia, entre abril de 2004 y marzo de 2005, cuando la provincia fue intervenida. Garzón buscó frenar los desalojos y los abusos contra los campesinos. La respaldaron organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).

En 2009, concursó para el cargo de fiscal federal. En aquella oportunidad, el CELS apoyó su candidatura por considerarla la más idónea. Aunque quedó primera en la terna, no fue designada. Fue ayudante de Ángela Ledesma –vocal de la Cámara Federal de Casación Penal- y trabajó en la reforma del código procesal penal de Santiago del Estero. Es miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Será por su veta investigativa que sus compañeros de trabajo la describen como una trabajadora “estudiosa, metódica, y muy eficiente”, además de una “excelente persona”. Garzón apuesta a más: defiende el debate por la democratización de la Justicia, sueña con llevar adelante el juicio por jurados y a reformar el Código Procesal Penal de la Nación.

 

En el edificio de Comodoro Py a Miguel Ángel Osorio nadie lo llama por su nombre de pila: todos le dicen “El Negro”. Emigró de su Tafi Viejo natal, en Tucumán, a Buenos Aires, para hacer la carrera de Abogacía en la UBA. Ejerció su profesión en un estudio privado y luego trabajó en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y en el municipio de San Fernando hasta su designación, en 1995, al frente de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº10 de la ciudad de Buenos Aires. Es profesor de las materias de Derecho Penal I y II y Derecho Procesal Penal de la Universidad de Morón. Hizo una maestría en Ciencia Política y Sociología en FLACSO.

Como fiscal federal llevó adelante la instrucción de una de las causas más emblemáticas de la corrupción durante la década menemista: la mafia del oro, una maniobra ilegal por la que se defraudó al Estado en más de 200 millones de pesos. En simultáneo, tuvo a su cargo la investigación del Plan Cóndor en Argentina, iniciada a fines de los ’90, en plena vigencia de las leyes de impunidad. El juicio empezó en marzo y se juzga a 24 represores. Uno de ellos era Videla. Cada verano se lo ve tomar sol en CR, el balneario top de Pinamar.

 

Criado en el Conurbano bonaerense, de origen humilde, se sensibilizó muy rápido con su entorno. Desde hace años está vinculado y trabaja con organismos de derechos humanos. Para pagarse sus estudios trabajó de mozo y de sereno. 

Desde 1998 trabajó como fiscal en San Martín. En 2003 investigó al intendente bonaerense Jesús Cariglino acusado por estafa y asociación ilícita. El intendente estuvo preso unos días y quedó en libertad después de pagar una fianza de 500 mil pesos. Por esa investigación, Domínguez fue sancionado por la Procuración Bonaerense y no pudo avanzar en su carrera judicial: durante diez años estuvo en la Fiscalía N°4 de San Martín encargada de tránsito y mala praxis.

En septiembre de 2012, la jueza en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata Ana Cristina Logar convalidó la sanción al fiscal, pero en mayo la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata revocó el fallo de primera instancia y anuló la sanción.

Desde su pequeña oficina en San Martín y pese a sentirse dolido por lo que le tocó vivir, Domínguez continuó denunciando el entramado de jueces, fiscales y políticos. Critica la creación de las fiscalías descentralizadas ideadas por la procuración provincial que les son funcionales a los intendentes y busca visibilizar a los jueces y fiscales corruptos. Según sus compañeros de trabajo, nunca habla de si mismo ni pide nada por en beneficio suyo. Fue profesor universitario de derecho procesal en el Museo Social y en la UBA.

Durante la intervención a la Bonaerense, una vez estaba en la Unidad 29 de máxima seguridad, y un jefe de seguridad intentó amedrentarlo. Pero Domínguez, bastante más bajo de estatura, le dijo: “Se va de acá”. “Nunca le tembló el pulso para hacer lo que tenía que hacer”, aseveran los que lo conocen. 

Se levanta antes que salga el sol y se pone a estudiar. Una de sus pasiones es la epistemología, le interesa mucho la filosofía y la ciencia. Cena pasadas las ocho de la noche y se acuesta temprano. Cuando no está trabajando, comparte con sust tres hijos la pasión por Boca Juniors. 

De estilo correcto y sin pelos en la lengua, Domínguez es respetado por los abogados que frecuentan San Martín, aunque despreciado por la familia judicial.

En el microclima de los tribunales Diego Luciani es un NYC: nacido y criado en el Poder Judicial. Cuando todavía le faltaba cursar la mitad de la carrera de abogado en la UBA, entró como auxiliar al Juzgado de Instrucción Penal Nº 8 de Capital Federal. Después, durante diez años, fue secretario en fiscalías de San Isidro y San Martín.

A los 41 años es un especialista en criminalidad organizada y trata de personas. En 2007 fue nombrado fiscal federal subrogante de Mercedes, un cargo temporario que Luciani ejerció mientras siguió viviendo en Capital Federal. Todas las mañanas recorría los cien kilómetros en auto para llegar al trabajo. “Nos sorprendía: a las siete y media de las mañana ya estaba acá, cuando los demás suelen llegar al mediodía. Se hacían las diez de la noche y seguía trabajando”, contó el prosecretario Rodrigo Huncal. “Era el primero en llegar y el último en irse”, confirmó Javier Guevara, un periodista local.

En Mercedes Luciani ganó prestigio. Allí lo recuerdan por poner en marcha investigaciones sobre trata de personas y cuestiones ambientales. Serio y de vestir elegante, siempre mantuvo en reserva su vida privada. Está casado y es padre de hijos pequeños. Su tema favorito de conversación es el rugby, el deporte que practicó de joven. Pero mientras trabajó Mercedes no se le conocieron otras actividades que su trabajo en la fiscalía. “Todo era trabajo para él”, contó uno de sus colaboradores.

En 2010 Luciani volvió a trabajar en San Martín, en la Fiscalía General, donde continúa. De aprobarse su pliego, tendrá en Rosario un desafío importante: promover los juicios sobre narcotráfico.

 

Es una de las fiscales ad hoc que fueron denunciados por una presunta irregularidad en su nombramiento. La semana pasada Quirno Costa se sentó ante los senadores, en la reunión de Comisión que revisaba los pliegos. Segura y enfática, consideró como “injustificada, gratuita y parcial” la impugnación a su nombramiento. “Voy a ser sincera: entiendo que este no es un ataque suyo hacia mi persona, sino un ataque hacia la procuradora general”, le dijo al principal detractor de su designación, el senador de la UCR, Mario Cimadevilla.

De aprobarse su pliego en el Senado de la Nación, Quirno Costa se desempeñará en la Fiscalía N° 3. Nació en la ciudad de Buenos Aires y tiene 49 años. En mayo de 1995 se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires. Dentro de los libros que escribió está “Homicidio, lesiones y aborto”, elaborado junto con Pablo Jantus, que también se postula: busca ser juez de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

A pocos meses de cumplir 49, Marcelo Gaeta está casado, tiene tres hijas y una relación de 25 años con la Defensoría General de la Nación. Entró en uno de los cargos más bajos, cuando era un joven de 22 años. Arrancó como auxiliar de sexta categoría: atendía la mesa de entradas, enviaba telegramas y, cada tanto, leía algún expediente. Seis años después se recibió de abogado en la UBA, en 1992, el mismo año en que lo efectivizaron como prosecretario administrativo de la Defensoría Pública Oficial N° 2. Después asumió las máximas responsabilidades como secretario de primera instancia.

“A Marcelo se le puede preguntar de todo, es muy colaborador y él nos enseñó a todos”, cuentan en la Defensoría Pública Oficial N° 2. “Es muy capaz y está empapado de la defensa oficial”, dijeron en la N° 3. Gaeta siempre tuvo pasión por el derecho privado. La Defensoría a la que aspira -y en la que hizo carrera judicial- funciona ante los juzgados civiles y comerciales, y de trabajo. Allí asiste a personas que no pueden pagar un abogado para iniciar un juicio por alimentos, tramita tenencias, permisos para viajar con hijos u órdenes de desalojo. Su vena docente siguió el mismo camino: dio clases de Derecho Civil y de Derechos Reales en la UBA, en la UCA y en la Universidad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Y fue ayudante de cátedra de una de las juezas de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco.

María Virginia Sansone tiene 44 años y un estilo informal, descontracturado. Su look natural y despojado contrasta con el de las mujeres híperarregladas del mundillo judicial. Los que recién la conocen se sorprenden por su accesibilidad y trato con la gente, sin artificios. Y los que llevan tiempo trabajando cerca de ella dicen: “Vicky es muy querida en este ambiente”. Desde 2007 integra la comisión de temas de género en la Defensoría General de la Nación. También es especialista en temas de Menores.

En 2005 fue secretaria de primera instancia de la Unidad Fiscal de Investigación Especial en la causa AMIA. Ese mismo año su carrera dio un vuelco cuando le llegó la designación en la Defensoría General, para sumarse al Cuerpo de Letrados Móviles: una especie de abogados “comodines” que asisten en causas específicas. Desde 2010 hasta hoy es subrogante como Defensora Pública de Menores e Incapaces Nº 4 en los Tribunales Orales en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires.

“Vicky“ también tiene una fuerte vocación docente: dicta clases desde 1998. En la Universidad de Buenos Aires es profesora en Derecho Penal y Procesal Penal y jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Luis Niño. Entre quienes se ocupan de los derechos de las mujeres, es conocida por sus artículos sobre la no punibilidad del aborto y la perspectiva de género en el derecho procesal penal argentino.

 

Desde su ingreso al Poder Judicial, a los 25 años, González eligió defender a menores. Empezó desde abajo, como auxiliar en la Asesoría de Menores e Incapaces de la Cámara y pasó por todos los cargos hasta que llegó a ser prosecretaria administrativa. En 2004 fue designada Defensora Pública de forma interina. La gente que trabaja con ella desde hace años afirma que se involucra mucho en las causas y quiere conocer siempre a los defendidos. No se queda solo en el juzgado sino que va a los hogares, además de encargarse de las audiencias fijas que pueden llegar a ser 7 por día.

Cuando se recibió en la Universidad de Buenos Aires, en plena dictadura militar, la Justicia aglutinaba varios cómplices de los genocidas. Por esta razón, González realizó, años después, un acompañamiento como amicus curae en el caso de Eduardo Kimel, un historiador y periodista que publicó “La Masacre de San Patricio”. Por este libro, que denuncia el asesinato de 5 religiosos en 1976 y la deficiente actuación de la Justicia, el juez Guillermo Rivarola inició en 1991 una acción en su contra por calumnias, el caso fue presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sensible, sencilla, y con una capacidad de trabajo enorme. Así la define María Laura Folgar, secretaria de Defensoría Pública de Menores, a cargo de González. “Yo trabajé con ella en 2006 y unos años después me volvió a llamar para este cargo. Volví encantada, porque trabajar con ella es un placer”, afirma Folgar. Empieza a trabajar a las 7 y media de la mañana pero no tiene hora de salida. Ese mismo tesón fue el que le permitió criar a sus seis hijos mientras construía su carrera como defensora. Hoy vive en Boedo y, cuando no está trabajando, se dedica de forma incondicional a sus dos nietos.

“Conozco a pocas personas que le apasione tanto su trabajo. Siempre sigue haciendo cursos, estudiando y enseñando”, agrega su secretaria. Además de su labor diaria como defensora, tiene una sólida trayectoria académica y es docente desde 1998 en la Universidad del Museo Social Argentino.  

---

Aspecto de la publicación original en Infojus Noticias: