Infojus: Perfiles: diez jueces para la nueva Cámara de Casación Penal

Hoy el Senado aprobó por amplia mayoría el pliego de diez candidatos a integrar la nueva cámara. Quiénes son los nuevos magistrados que revisarán las sentencias de la justicia ordinaria.

Los que conocen de cerca a Pablo Jantus juran que es un rara avis entre los hombres de traje de los tribunales. Nacido en San Fernando hace 52 años, entró al Poder Judicial como auxiliar cuando era un estudiante veinteañero que jugaba al rugby. Desde que abrazó los libros de Derecho en la Universidad Nacional de Buenos Aires -se recibió en octubre de 1987- ya no dejó las aulas. Entre 1987 y 1997 fue docente de Derecho Penal y Procesal Penal, dictó clases en la cátedra de Derecho Procesal Civil, a cargo del ex presidente Fernando De la Rúa; y desde 2001 integra la cátedra de Eugenio Zaffaroni.

Jantus -hoy integra el Tribunal Oral Criminal Federal (TOF) N° 1 de La Plata- es un hombre que sabe hacerse tiempo: para leer un expediente y estudiarlo como si fuera el único, para estar con su familia –tiene dos hijas ya adultas- y para adentrarse en el mundo del reiki, que conoce muy bien. “No es frecuente en este ambiente que alguien tenga el reiki incorporado a su vida, le agrega una connotación de mayor sensibilidad”, dice un magistrado que trabaja con él. Y agrega: “Jantus tiene dos grandes condiciones: como profesional no sólo posee un tremendo nivel de conocimiento, sino lo que a veces es más importante: un gran nivel de análisis. Puede analizar cualquiera de las situaciones con la jerarquía que debe tener quien asume un cargo en la Justicia. Es absolutamente placentero trabajar con él. En la discusión de los temas de la justicia penal, sale a la luz su cristal de análisis”.

En los despachos Jantus tiene fama de ser casi un obsesivo, de identificarse hasta la médula con el modelo actual de DDHH, y de ser un tipo que combate el lenguaje artificioso del Poder Judicial. En las audiencias del juicio por el secuestro de los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iacarino -uno de los primeros que le tocó como integrante del tribunal platense- se lo vio callado, observador, con bajo perfil. Otro juez muy crítico, que lleva 23 años en el mismo cargo, dice que esos modales de Jantus llaman la atención: “es un tipo muy sereno, con una actitud que hace a un mejor resultado. Es observador, está atento a lo que sucede, no le interesa figurar. Uno no está tan acostumbrado a ver jueces así”.  

En su departamento de Córdoba y 9 de Julio, Gustavo Bruzzone avanza de un ambiente a otro esquivando obras de arte, como en los pasillos de la UBA camina rodeado de estudiantes fans que quieren más de su profesor adjunto de derecho penal. En esa misma casa de estudios, en 2010, se juntaron firmas para impulsar el nombramiento de Bruzzone precisamente en el cargo al que ahora aspira: juez la sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Actualmente, el Negro –como le dicen sus amigos- es camarista en la Cámara del Crimen. En el ámbito académico, muchos repiten un lema de Bruzzone: “Las personas que se encuentren imputadas de haber cometido un delito, recién pueden encontrarse efectivamente privadas de la libertad una vez que son condenadas con sentencia en autoridad de cosa juzgada”. En 2005 aplicó su máxima y levantó polvareda: firmó la excarcelación de Omar Chabán para que esperase el juicio en libertad.

Totalmente ajeno a la familia judicial, sin ningún vínculo o contacto, este hijo de un vendedor de electrodomésticos de la zona de Quilmes tuvo que remarla desde abajo. Pero su actuación como secretario en la causa del levantamiento de los carapintada le valió la admiración de sus colegas y en 1991 ingresó a la fiscalía de Luis Moreno Ocampo. Desde allí, pese a las advertencias de no generar “ningún problema político” hizo varias denuncias que hoy son leyenda. Primero contra Jorge Triaca por corrupción, al que logró procesar, y luego persiguió a Carlos Menem, a Eduardo Bauzá y a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, por encubrimiento en el llamado Yomagate.

Bruzzone, de 53 años, no sólo es reconocido por su actividad laboral y académica: es un gran coleccionista de arte. Aunque admite que no tiene “vocación de ser coleccionista”, sino que es algo que “devino sólo”. Su amistad con artistas, más las clases de pintura, lo llevaron a conocer a la cantera del Centro Cultural Rojas. Así sumó en su colección “obras tempranas” de estos artistas donde dice “conocer o reconocer el origen” que han tenido las obras.

 

Magariños es de Avellaneda, clase 1958. A los 27 años se recibió de abogado en la UBA con un sobresaliente que le dio Eugenio Zaffaroni por su tesis doctoral. Para entonces, ya trabajaba en un Juzgado Civil y Comercial. Desde 1993 integra el Tribunal Oral en lo Criminal N° 23. Quienes trabajan con él afirman que Magariños es uno de los mejores juristas en materia penal que hay en el país. Y destacan su formación y su rol como docente.

El magistrado conoció a Ricardo Gil Lavedra siendo secretario de la Cámara Criminal Federal de la Capital entre el ´84 y el ´86. Mientras fue secretario del Interior, Magariños fue su asesor. Luego, trabajó como abogado penal en su estudio jurídico.

En 2002, la Defensoría General le pidió un dictamen sobre las detenciones policiales sin orden judicial. El caso estaba siendo tratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las críticas de Magariños a la Corte Suprema le costaron una multa del 30% de su salario. La sanción se revocó en el Consejo de la Magistratura por entender que no había elementos para sancionarlo. Docentes de la UBA y el Centro de Estudios Legales y Sociales se pronunciaron a su favor. “La Corte pretende disciplinar a sus críticos”, decía el documento del CELS.

 

En el despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20, el juez Luis Niño no solo se ocupa de sus funciones sino que también realiza una labor casi docente. Cada vez que los empleados cometen un error en los proyectos que escriben como parte de sus tareas diarias, Niño, meticulosamente se los señala. Pone cartelitos donde explica por qué hay que corregir cada cosa. En esas notas el juez les puede indicar el nombre de una calle y desde cuándo se llama así, una cuestión penal o por qué las comas que usaron estaban de más. “Es igual que el diccionario de la Real Academia Española. Además, me enseñó a pensar”, dijo el secretario del Tribunal, Ricardo Lombardo, que lo conoce hace 20 años.

La justicia penal y estudiar son rectores en la vida del juez. Se graduó en la UBA con diploma de honor. En su currículo figuran, además, una licenciatura en Criminología y un doctorado en Derecho. En 2000, junto a la actual Defensora General, Stella Maris Martínez, dirigió la primer Maestría en Criminología aprobada CONEAU.

En el Tribunal todos saben que toma muy enserio las audiencias para conocer a los imputados. Es el primer encuentro con el hombre o la mujer a la que después va a juzgar y les suele dedicar horas. “Muchas veces nos enteramos de cosas importantes para graduar la pena, que no están en el expediente”, explicaron en el despacho. Lo que para otros jueces es un trámite, para Niño es fundamental.

Hace más de 45 años, que el juez conoce los pliegues de la justicia penal. Entró como empleado y se quedó, pero pasmado: “Diría que no nos unió el amor, sino el espanto”, dijo en una entrevista que dio en 2008 a Pensamiento Penal, cuando le consultaron las razones por las que decidió dedicar su vida profesional al Derecho Penal.

Ocupa su cargo desde 1993 y sus sentencias lo pintan de cuerpo entero:“De los 30 biblioratos donde guardamos los fallos del Tribunal, casi la mitad tienen los votos en disidencia de Niño”, contabilizó Lombardo. Niño y el juez Héctor Magarinos, son los dos que en los tribunales orales de la capital, se oponen a los “juicios abreviados” por considerarlos inconstitucionales porque privan al acusado de la posibilidad de defensa en un debate oral. A contracorriente: fuentes judiciales señalan que actualmente en los tribunales orales de capital por lo menos el 70% de las sentencias se resuelven el mecanismo que Niño cuestiona.  

María Laura Garrigós de Rébori camina todos los días 25 cuadras desde su casa de San Telmo hasta el juzgado de la calle Viamonte. Va con paso tranquilo y a veces la acompaña su marido, el padre de sus tres hijos varones. Eligió no tener chofer y es la primera en llegar y de las últimas en irse. Esta impulsora temprana de los juicios de lesa humanidad, es una de las juezas que se ha enfrentado a la corporación judicial a lo largo de toda su carrera. Por este motivo es la actual presidenta de Justicia Legítima, una asociación sin fines de lucro que incentiva la participación ciudadana. “Un juez debe poder interpretar la realidad, no puede vivir en un tupper. Saber derecho solamente no te garantiza ser un buen juez”, ha dicho Garrigós de Rébori. Es conocida por su estilo afable, modestia y solidaridad. Pero su temple se endurece cuando se enfrenta a la morosidad y desidia de los procesos judiciales. Se recibió de abogada y escribana en la Universidad de Buenos Aires, y fue nombrada jueza en 1993 en el Juzgado Correccional 7. Muy rápido adquirió notoriedad al dictar un fallo histórico a favor del periodista Horacio Verbitsky, querellado por el expresidente de la Nación, Carlos Menem, en 1996. La sentencia de la jueza fue que el periodista tiene “el deber de informar”. A sus 59 años tiene una trayectoria muy comprometida que incluye fallos como que dispuso la excarcelación de Omar Chabán en 2005, acusado por la tragedia de Cromagnon. Junto al juez Gustavo Bruzzone consideraron que no se iba a dar a la fuga ni entorpecer la investigación, lo que les generó críticas e incluso escraches. Pero se mantuvieron firmes. La excarcelación no es sinónimo de la absolución, repitieron una y otra vez.

Cuando no está en su juzgado o militando para reformar el Poder Judicial, esta magistrada se ocupa con fervor de sus dos nietos, se encarga de sus plantas, y se hace su propia ropa porque le encanta coser. “La justicia no puede estar alejada de la gente”, no se cansa de decir la jueza. Su trabajo cotidiano y estilo de vida, le hacen honor a sus palabras.

 

Horacio Días nació en Lanús –es fanático del equipo granate– y estudió abogacía en la Universidad de Lomas de Zamora. En el Juzgado de Instrucción N° 3 de esa jurisdicción dio sus primeros pasos laborales: desde auxiliar a prosecretario administrativo.

En plena década del ’90, cuando ingresó al poder judicial y las apariencias primaban en el seno de esa cofradía, Horacio Leonardo Días era un joven oficial que usaba el pelo largo hasta la cintura -lo ataba con una cola de caballo- y zapatillas All Stars blancas, no siempre impecables. Si había un recital de los Redonditos de Ricota, jamás faltaba. Así lo recordó a Infojus Noticias un reputado fiscal de la Nación que lo conoce de aquellos días. “Es un exponente de una nueva camada de jueces, más nac and pop. Por edad y por inserción social”.

De Lomas, Horacio Días emigró a San Martín. Fue secretario de la sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, juez correccional y subrogó los Tribunales Orales en lo Criminal N° 3 y N° 6. En este último jurado, participó de uno de los juicios más sonados de corrupción en la zona: un desvío de cien millones de pesos con el constructor duhaldista Victorio Gualtieri, en el que aparecían involucrados dos ex intendentes –Pablo Landolfi y Antonio Libonatti- y treinta y seis concejales. El fallo fue absolutorio para los concejales y el ex intendente Landolfi, apenas una condena leve para Libonatti por un cargo menor.

Días edificó una sólida trayectoria académica: estudió filosofía, griego, latín y alemán. Es discípulo del académico penalista Edgardo Donna. Las fuentes consultadas destacan su solidez doctrinaria y jurídica. En 2005 concursó por el Tribunal Oral N° 21, sin sospechar que ocho años más tarde sería el jurado sorteado para juzgar uno de los crímenes políticos más impactantes de la última década, el de Mariano Ferreyra. El 19 de abril sorprendió al micromundo judicial con una explicación llana y sin machetes, en la que anticipó la condena al sindicalista José Pedraza a quince años de prisión, y a otros 16 cómplices y policías, por el asesinato del joven militante.

 

A punto de cumplir 49 años, Eugenio Sarrabayrouse es un juez estudioso y de alto perfil académico. Un hombre que viaja para enseñar y aprender. Integrante del Tribunal de Juicio en lo Criminal Distrito Judicial Norte de Río Grande (Tierra del Fuego), se doctoró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y estudió en Alemania con Claus Roxin: el jurista famoso en cuyas teorías se respaldan muchos fallos de las cortes del mundo y del Tribunal Penal Internacional. Ha realizado varios posgrados, entre ellos uno en la Universidad de Salamanca. Dio clases de Derecho Internacional Público en la UBA, en la Escuela del Poder Judicial de Tierra del Fuego, y ahora enseña en la Universidad de Palermo y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

“Serio y muy detallista”, así definió a Sarrabayrouse uno de sus colegas. Quienes lo conocen bien dicen que el magistrado siempre está actualizándose. Y pisa fuerte en uno de los temas que más creció en los últimos años: medio ambiente. De eso trata una de sus publicaciones, donde Sarrabayrouse analiza los cruces entre el derecho penal, los delitos contra el medio ambiente y la salud pública. En la audiencia que se realizó la semana pasada en el Senado para analizar los pliegos de los candidatos a los nuevos cargos, lo pusieron a prueba preguntándole, justamente, sobre eso: ¿considera bien regulado el medioambiente en el ámbito penal?

Desde que se recibió de abogado en la UBA, a los 25 años, hasta hoy que ronda los 53 y es juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de la Capital Federal, Daniel Emilio Morín conoció la vastedad de escritorios y perspectivas que puede deparar la Justicia en sus diferentes frentes. Con el diploma nuevito, desde 1985 hizo su bautismo de fuego ejerciendo la profesión de manera particular. Pero dejó el estudio para entrar al sistema de justicia. Desde 1992 estuvo en la Fiscalía Criminal de Instrucción nro. 24 de la ciudad de Buenos Aires. En 2003 Daniel Morín siguió peleando contra la corrupción pero ya como líder de otro frente: titular de la Oficina Anticorrupción (OA), el organismo del Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH –presidido entonces por Gustavo Beliz- creado para luchar contra el delito en la función pública.

Casado, padre de una hija, Morín tiene también una fuerte vocación docente. Desde 2005 es profesor adjunto regular de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UBA. En los tribunales, sus compañeros de trabajo lo respetan -y un poco le temen- por sus dos cualidades más resonantes: una altísima capacidad de trabajo y una conducta personal que califican de “intachable”. Las virtudes no lo dejaron al margen de la tensión que se respiró la semana pasada en la audiencia pública del Senado, donde estuvo entre los candidatos propuestos para los nuevos cargos. El senador Gerardo Morales arremetió directamente contra él: le dijo que no iba a votar su pliego porque una vez le había firmado una resolución en su contra.

 

A los 23 años Carlos Alberto Mahiques se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata. Dos años después ocupó su primer cargo en la justicia como Secretario en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en la ciudad de Mercedes, de donde es oriundo.

Actualmente es juez de la Casación bonaerense. En 2010, cuando se postuló para el cargo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la entonces diputada Cecilia Merchán, cuestionaron su pliego. Advirtieron que en 2006, como juez subrogante de la Suprema Corte de la provincia, votó contra la realización de un aborto no punible a una adolescente con discapacidad mental, cuyo embarazo había sido producto de un abuso sexual, entre otros puntos. Públicamente el juez se refirió que un caso de aborto “hay dos víctimas”, dijo entrevistado por el periodista y abogado Daniel Otero.

“Un currículum a la derecha” había titulado el diario Página/12 luego de que el juez se explayara sobre su voto en el caso del aborto no punible. Doctor en Ciencias Jurídicas, es titular de una cátedra en la Universidad Católica Argentina y profesor en la Universidad Austral, del Opus Dei.

Sus dictámenes se caracterizan por un puntilloso análisis de la técnica y la normativa. Colegas suyos le critican que, con esta forma de proceder, sortea las cuestiones de fondo. El magistrado fue uno de los que rechazó el hábeas corpus colectivo impulsado por el periodista Horacio Verbitsky para discutir las condiciones inhumanas de detención de los presos provinciales. En su fundamento se amparó, otra vez, en tecnicismos. “El rechazo del habeas corpus se fundó en cuestiones formales” se justificó en una columna. La causa, conocida como “caso Verbitsky”, fue muy resonante y finalmente la Corte Suprema se expidió a favor del recurso.

A pesar de todas estas críticas, este mercedino es profeta en su tierra. En 2007 fue distinguido como ciudadano ilustre por el Concejo Deliberante local de Mercedes, donde tiene fama de ser un gran anfitrión. Sus picadas de fiambre campero son legendarias, dicen algunos colegas.  

Se recibió de abogado en la Universidad Católica Argentina (UCA) a los 24 años. Es especialista en Derechos Humanos y fue profesor adjunto del departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA y profesor de Derechos Humanos en la UCA. Tiene 57 años y es porteño. En los ’80 fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y desde 1993 es juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 9.

Como subrogante de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, intervino en causas importantes de derechos humanos. En 2008 avaló el cese de prisión de una veintena de represores, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge el Tigre Acosta. Por esta decisión, el ex secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, lo denunció ante el Consejo de la Magistratura, que desestimó la presentación en 2009.

En la causa por la adopción irregular de Marcela y Felipe Noble Herrera, la Cámara –con la firma de García- determinó que los hijos de Ernestina Herrera de Noble sean sometidos “a la extracción directa, con o sin consentimiento” de “mínimas muestras” de ADN para determinar si eran o no hijos de desaparecidos. “Tiene un perfil de juez bastante tradicional, con un elevado nivel técnico, muy metódico en su interpretación de las disposiciones legales y que resuelve mirando exclusivamente lo que a él le parece que la ley dispone para el caso”, explicó Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. 

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