Infojus: Gils Carbó: por qué es correcto designar fiscales ad hoc
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Gils Carbó: por qué es correcto designar fiscales ad hoc
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2013-04-29 | Por: INFOJUS | Fecha de captura:: 2016-01-07 12:04
La Procuradora General rechazó las denuncias y aclaró que los nombramientos de este tipo son previos a su gestión. Dijo que las acusaciones en su contra pueden provenir de fiscales afectados por sus decisiones.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, defendió la designación de fiscales ad hoc frente a la denuncia presentada en la Justicia Federal por el senador Mario Cimadevilla (UCR -Chubut). Gils Carbó explicó que las nominaciones de este tipo son previas a su gestión. Dijo sospechar que las acusaciones en su contra podrían originarse en fiscales que resultaron afectados por sus últimas decisiones, y durante un acto público apuntó directamente contra el fiscal federal Raúl Pleé.
La funcionaria rechazó los argumentos de la denuncia de Cimadevilla y recordó que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), fue impulsada a pedido de la intendenta de Rosario, Mónica Fein, socialista. También dijo que buena parte de los defensores y fiscales que intervienen en las causas de lesa humanidad tienen carácter ad hoc, y que son las defensas de los enjuiciados las que objetaron su participación.
La presentación del senador radical derivó en un dictamen del fiscal federal Guillermo Marijuán, que pidió investigarla. Se basa en la creación de PROCUNAR y de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), y en los nombramientos a su cargo de Félix Crous y Carlos Gonella, respectivamente. El denunciante alegó que los fiscales nombrados no cuentan con acuerdo del Senado ni están encuadrados en la ley de Ministerio Público.
Frente a esas imputaciones varias organizaciones respaldaron la actuación de Gils Carbó. Hubo comunicados de apoyo de Justicia Legítima, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, la Lista Celeste (oposición) de la Asociación de Magistrados, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, la Comunidad Homosexual Argentina, y el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, entre otras entidades.
Desde su asunción en agosto de 2012, la Procuradora General apuntaló su gestión con nuevas unidades fiscales destinadas al seguimiento e impulso de causas distribuidas por áreas temáticas. Además de narcocriminalidad y lavado de dinero, fueron creadas procuraciones especiales para violencia institucional y violencia de género.
Entre los argumentos para defender esos nombramientos, en la Procuración explicaron que los juicios por delitos de lesa humanidad cuentan con gran cantidad de fiscales y defensores ad hoc, y que sin ellos sería imposible continuar con los debates. Los colaboradores de Gils Carbó agregaron que las designaciones comenzaron en la gestión de su antecesor, Eduardo Righi, que no fue objetado ni denunciado.
Frente a la acusación de que los fiscales ad hoc son designados por fuera de la ley de Ministerio Público, la respuesta formal de la Procuración fue que la funcionaria “tiene la obligación constitucional de prestar un servicio de justicia adecuado, particularmente según las demandas sociales”, en la medida en que no están cubiertas todas las vacantes y que los sistemas de subrogancia no alcanzan para suplir las ausencias. Las mismas fuentes recordaron que en la ley orgánica de la actividad, la Procuradora está facultada a “disponer fundadamente, de oficio o a pedido de un fiscal general, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Fiscal de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio”. Y que incluso esta última limitación, “no regirá para los magistrados de la Procuración General de la Nación”, en cuyos casos “la actuación de los fiscales que se designen estará sujeta a las directivas del titular” para la formación de los equipos de trabajo.
En la Procuración evocaron que Luis Moreno Ocampo intervino en el Juicio a las Juntas como “fiscal adjunto” a pedido del fiscal Julio César Strassera, quien había solicitado al entonces Procurador General, Juan Octavio Gauna, “un colaborador para ese proceso”.
“La designación de fiscal ad hoc ha sido una política constantemente implementada por esta Procuración General, desde los tiempos del procurador Nicolás Becerra, cuando ordenó la actuación de fiscales en el marco de los denominados Juicios por la Verdad, a fines de la década de 1990, lo cual fue motorizado por un compromiso internacional del Estado”, destacaron en la oficina de Gils Carbó.
La semana pasada, durante un acto público, la Procuradora relacionó la denuncia en su contra con fiscales en actividad. Mencionó a Raúl Pleé, hasta hace un par de meses al frente de la Unidad Antilavado, dependencia que fue reemplazada por la PROCELAC. “Era una unidad de lavado de dinero que no funcionaba, que dormía los expedientes”, dijo en esa ocasión Gils Carbó.
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